“Si bien no es un motivo de alegría, sí estamos conformes”. Con esas palabras, James Hamilton y José Andrés Murillo, denunciantes del caso Karadima, mostraron su satisfacción ante el histórico fallo de la Corte de Apelaciones que obliga a la Iglesia a pagar 100 millones de pesos a cada una de las víctimas del ex sacerdote.
A través de un comunicado, los denunciantes señalaron que “hoy el Estado de Chile deja claro que todas las instituciones son garantes y deben proteger los derechos de los ciudadanos. Que nadie, por poderoso que sea, puede abusar y encubrir abusos sexuales de manera impune. Es un hecho importante no solo por nosotros en particular, sino por las cientos o miles de víctimas de abuso por parte de sacerdotes y religiosos que han sufrido la falta de justicia, la revictimización, el abandono, la absoluta soledad y la traición a su compromiso original de cuidado y acompañamiento”.
“Ha sido un largo tiempo, más de 20 años en algunos casos, en los que de distintas maneras hemos buscado justicia y reparación. Y no tanto por nosotros, sino porque sabemos que la justicia es la única manera de garantizar que este tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir, y si ocurren, que no queden impunes”, agregan.
En ese sentido, Hamilton y Murillo agredecieron tanto a sus familias como a los medios de comunicación, los cuales -consideran- “han sido caja de resonancia de tantas personas que han sido víctimas. Esa voz ha logrado cambiar conceptos culturales, hasta ser inaceptables hoy los abusos que antes eran considerados normales”.
También agradecieron el apoyo de la ciudadanía y al recién nombrado administrador apostólico, Celestino Aós, quien les comunicó que no apelarán la sentencia.
“Reconocemos y agradecemos la fuerza y valentía que han tenido las víctimas de abuso sexual en contextos clericales. Ningún cambio habría sido posible sin esa fuerza, sin esa valentía y sin ese sufrimiento que han cargado durante tantos años”.
Hamilton y Murillo también mandaron palabras de agradecimiento a personas dentro de la Iglesia, “creyentes que están seguros de que la vocación de la Iglesia consiste en estar con las víctimas, y ya no más con los abusadores y encubridores. Esperamos que esto se transforme en un nunca más”.
Finalmente, reconocieron que la sentencia de la Corte de Apelaciones es un paso importante pensando en la justicia para las víctimas y en la protección de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables.
Murillo: “La justicia llegó tarde”
Luego de leer el comunicado, José Andrés Murillo consideró que la justicia “llegó tarde”. Sin embargo, acotó que “esta es una luz de esperanza probablemente. Esto no es un motivo de alegría, pero sí estamos conformes, no porque se haya llegado a un punto final, sino porque hay un pequeño punto en el que dicen desde la justicia, que la Iglesia debe responder, que el abuso y el encubrimiento (…) no puede seguir siendo impune”.
Por otra parte, James Hamilton aseguró que uno de los grandes ausentes de todo este proceso ha sido el Estado de Chile. Pero a pesar de ello, consideró que este fallo, como deja precedente, tiene el efecto de que cualquier víctima va a poder alegar contra el abusador, pero también contra la Iglesia como garante. Acá lo que se le acusa a la Iglesia es encubrimiento y desprotección y negligencia, con lo cual cualquier víctima, si es que la Iglesia nuevamente llegase a actuar con encubrimiento y negligencia, tendrá el derecho a demandar a la institución que no preste el debido cuidado”.
