Desde hace tres días los servicios de la Clínica Condesa se encuentran paralizados por trabajadores sindicalizados, lo que afecta diariamente de manera directa a 1,500 pacientes. Este jueves su directora, Andrea González Rodríguez, denunció que esta parálisis se debe a la presión del sindicato para obtener las plazas vacantes.
La directora y médicos denunciaron los actos de hostigamiento y violencia de los que han sido víctimas por parte de los integrantes de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).
En conferencia, Gónzalez señaló que desde el lunes entre 8 y 9 sindicalizados impiden la entrada de los directivos y médicos, e incomodado a los usuarios que acuden a la clínica. Denunció que incluso han llegado hasta 50 sindicalizados de otras secciones a apoyar la toma de la institución.
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González Rodríguez explicó que actualmente hay 18 plazas de base vacantes por jubilación (8 del 2018 y 10 de este año) y que el sindicato presiona para que el gobierno se las otorgue y ellos puedan repartirlas.
La directora señaló que hay doctores y psicólogos que tienen más de 10 años trabajando bajo esquemas de honorarios “renuevan contrato cada dos o tres meses” sin tener una estabilidad laboral.
Por ello, demandó que la asignación de estas plazas se realice mediante un proceso transparente y tomando en cuenta la antigüedad y el grado académico.
Sobre los actos de intimidación, la directora dijo que por el momento no piensan hacer denuncias, pues consideran que es un “acto de valor” denunciarlo públicamente a través de una conferencia, a la que no solo asistieron los directivos, sino también cerca de 40 trabajadores, eventuales, de honorarios y sindicalizados, éstos últimos que no están de acuerdo o no fueron informados de las acciones de la Sección 18.
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Al cuestionar a González Rodríguez sobre cuáles son las acusaciones del sindicato y la petición de que ella deje el cargo, señaló que no hay un señalamiento concreto, pues la han acusado de violar los derechos de los trabajadores agremiados; recibir dinero de las organizaciones, o beneficiarse del presupuesto de proyectos.
Sin embargo, dijo, no existen denuncias formales en este sentido.
Representante de organizaciones sociales que trabajan en la Clínica Condesa acusaron que el sindicato ha tenido tenido expresiones homofóbicas, pidieron la salida de las organizaciones, y se oponen a atender a personas trans. “Han pedido que sea una clínica normal”, dijo Alejandro Brito, uno de los integrantes de los grupos de la sociedad civil.
La directora pidió al sindicato dialogar para llegara a acuerdos para poder normalizar el trabajo de la clínica.
Las oficinas de la sección sindical están dentro de la clínica, por ello, el movimiento político dentro de la institución es mayor, lo que ya ha provocado otros episodios en los que los sindicalizados no dejan entrar al personal.
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La Clínica Condesa ofrece diariamente un promedio de mil consultas con médicos especialistas, médicos generales, salud mental, salud bucal, ginecología y consejería; muchos pacientes acuden sin cita programada o por urgencia.
Pacientes denuncian malos tratos
Usuarios se manifiestan en la entrada de la Clínica Condesa sin impedir el paso a los usuarios o funcionarios de la misma.
Rodrigo Jiménez, usuario de la clínica, exigió respeto a la confidencialidad de los datos personales de los pacientes. En noviembre de 2018, acudió a este lugar a realizarse unas pruebas y sin autorización la coordinadora informó a su mamá de los trámites que estaba realizando.
Por este hecho presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que Andrea González explique por qué entregó sus datos.
Mientras que Norma Muro dijo que las mujeres transgénero se les discrimina y se les obliga a realizarse pruebas de VIH y Hepatitis C, cuando sólo vienen a la clínica para recibir las hormonas que necesitan.
Denunció que constantemente se les cambian de marca y calidad los fármacos que requieren, además de que se ha vuelto costumbre que en las consultas psicológicas manden a llamar al personal de vigilancia.
“Nuestro expediente lo leen enfrente de ellos, la consulta nos la dan con ellos presentes y si una usuaria tiene ansiedad la califican de violenta y todo es pretexto para que siempre haya terceros en la consulta; si nos quejamos amenazan con quitarnos el servicio”, subrayó.
Representantes de organizaciones civiles como Indpira, mencionaron que esta situación afecta la prestación de servicios, ya que si bien hay consulta para los usuarios con expediente no se están haciendo pruebas rápidas ni atendiendo nuevos casos.
Con el fin de paliar esta situación se envía a las instalaciones de la organización a los usuarios que buscan la prueba rápida, además de que se organizaron para brindar apoyo de transporte a quienes necesitan surtir su receta.
En tanto que la coordinadora de los módulos de Derechos Humanos de Letra S, Yessica Anais, dijo que seguirán apoyando a los usuarios como intermediarios y para tratar de solventar las necesidades que ahora tienen como es que se les proporcione el medicamento.
Con información de Notimex.
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