El gobierno federal reconoció que 24 mil metros cuadrados de suelo forestal en Santa Fe, pertenecientes al Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, fueron formalmente cedidos a particulares y e inmobiliarias que mantenían invadido dicho espacio, y adelantó que las restantes 12.6 hectáreas que forman parte del mismo suelo forestal serán “regularizadas”.
Tal como informó el gobierno federal, este centro de investigación ocupa un área de seis hectáreas, las cuales quedarán a salvo del proceso de “regularización”, sin embargo, las autoridades federales advirtieron que otras 12.6 de suelo forestal pertenecientes al mismo predio (y enclavadas en una de las zonas con mayor valor inmobiliario del país), siguen en proceso de “regularización”, ya que, se insiste, es un área que “se encontraba invadida”.
La misiva oficial, firmada por la Unidad Jurídica del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, no aclara si el proceso de regularización contempla la entrega de esas 12.6 hectáreas de suelo forestal a particulares y a inmobiliarias privadas que se ostenten como invasoras, tal como se hizo con los primeros 24 mil metros cedidos por el gobierno a quienes se apropiaron de ellos.
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La actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, subrayó que el acuerdo de cesión de este terreno a sus invasores (quienes entre 2013 y 2018 construyeron diversos edificios de oficinas y departamentos de lujo) se firmó el 30 de noviembre de 2018, es decir, el último día de gestión del ahora expresidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, la misiva también reconoce que este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (dotándolo de vigencia) una vez iniciado el gobierno de López Obrador, el 13 de diciembre de 2018, aunque asegura que esto se debió “a procesos internos del propio Diario Oficial”.
No obstante, todo el contenido que se publica en el Diario Oficial es responsabilidad del Poder Ejecutivo en funciones, por lo que la publicación del acuerdo de cesión, medida con la cual entró en vigor, fue determinada por el gobierno de López Obrador.
En una misiva previa, el actual gobierno federal aseguró que “este gobierno (de López Obrador) no tenía alternativa (sobre la entrega de los terrenos a sus invasores), dado que los métodos alternativos de solución de controversias poseen fuerza vinculante”, es decir, de cumplimiento obligatorio.
Pero, ¿cómo fue que se llegó a ese “método alternativo” por el cual se acordó la entrega de estos terrenos a sus invasores, que “poseen fuerza vinculante”?
La segunda misiva enviada por las autoridades federales contiene la respuesta.
Según el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, el gobierno federal “presentó diversos juicios” para intentar recuperar los 24 mil metros cuadrados invadidos en Santa Fe.
Sin embargo, el haber iniciado esos juicios no operó en beneficio del Estado mexicano (propietario de ese suelo forestal) sino en benéfico de los invasores ya que, tal como describe la misiva gubernamental, eso les dio la posibilidad de solicitar “el inicio de los medios alternativos de solución”, que en este caso implicaban que las autoridades renunciaran al espacio de suelo ilegalmente ocupado por inmobiliarias.
Esta propuesta, informó el gobierno federal, “se sometió a la opinión del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda (…) la cual determinó la procedencia”. Ese fue el procedimiento mediante el cual se volvió obligatoria la entrega del terreno forestal a sus invasores, tal como informó la administración de López Obrador.
Según el Diario Oficial del 13 de diciembre de 2018, los invasores beneficiarios de esta cesión fueron la Inmobiliaria F4 SA de CV, la inmobiliaria Fridman y Valls SA de CV, así como dos particulares, de nombre Juan Reséndiz Vázquez y María Elena Trejo Guerrero.
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Política de entrega
La misiva oficial asegura que, aún cuando se piensa regularizar todo el terreno forestal que posee el Centro del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal en Santa Fe, se aclara que el perímetro sobre el que se asienta esta institución pública no será afectado por el proceso.
Lo que sí se confirma es que este Centro será despojado del terreno forestal que preservaba, y en el cual se desarrollaban estudios orientados a la salud animal, especialmente a la del ganado.
Esta institución de investigación en microbiología animal, explicó el doctor Dionisio Córdova, “es la cuna del área de investigación en salud del Instituto Nacional de Ciencias Forestales, Agrícolas y Pecuarias, aquí está la sede más importante del país en investigación de salud animal, particularmente de especies productivas, y aquí trabaja la mayor cantidad de investigadores dedicados a este tema”.
El especialista en epidemiología animal detalló que en este Centro “desarrollamos vacunas y medidas de manejo animal orientadas a la salud, pero no solo de los animales, sino también de los humanos que los consumimos: aquí realizamos investigaciones sobre alimentación humana, vinculadas a la producción de carne, de leche, de huevo, y por lo tanto, nuestra misión es fortalecer las capacidades productivas de México”.
Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal
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Sin embargo, lamentó, el despojo del suelo forestal que preservaban en Santa Fe es solo un ejemplo de una política continuada desde hace dos sexenios orientada a “desmantelar” este centro de investigación, “para llevarnos a la dependencia total del extranjero en materia alimenticia”, explica el especialista.
“Las políticas que se han aplicado en relación con la producción de ganado nos están llevando a la dependencia total del extranjero –detalló–, aquí la lógica que aplican es ‘¿para qué hacer investigaciones que mejoren la producción de leche en México, si la podemos comprar al extranjero? Para qué mejorar la producción de carne, mejor la compramos de fuera?”.
Se trata, detalló el doctor Córdova, de una política que ya muestra sus efectos: “como todo lo quieren traer del extranjero, ya no somos autosuficientes en producción de maíz, ni de frijol, ni de un montón de productos que antes el país generaba”.
Y otro reflejo de esa misma política, concluyó, es el debilitamiento al que las autoridades han llevado al Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, al que “no solo nos quitan la zona forestal que hemos preservado, y defendido, sino que nuestras instalaciones están en el descuido, nos faltan recursos, tenemos muchas carencias de material, y el que tenemos se está avejentando, no hay fondos para nuestras investigaciones”.
En la actualidad, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (al que pertenece este Centro) se encuentra en huelga, siendo la primer demanda de sus trabajadores el otorgamiento de mayores recursos para la investigación científica.
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