El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó impedir que participen en nuevas licitaciones tres empresas que concentraron más de 60% de la venta de medicinas al gobierno anterior. Si bien el IMSS ya inició auditorías, y la Secretaría de la Función Pública también está investigando, aún no hay una resolución sobre su responsabilidad.
Así que surgió la interrogante: ¿está facultado el titular del Ejecutivo para establecer un veto de ese tipo?
De acuerdo con especialistas consultados y una revisión de las leyes involucradas en procesos de licitación, el mandatario federal no tiene esa atribución, así que en su momento el veto puede ser impugnado por las empresas señaladas de presuntas prácticas monopólicas.
“Existe un principio en donde las autoridades única y exclusivamente pueden hacer lo que la Constitución o las leyes le facultan”, explicó el abogado constitucionalista y académico de la UNAM, Francisco Burgoa.
Ni en el artículo 28 de la Constitución, que establece que están prohibidos los monopolios, ni en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Obras Públicas, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Adquisiciones, la Ley de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 89, que establece las facultades y obligaciones del presidente, se establece que el mandatario federal tenga como atribución vetar o impedir que empresas participen en procesos de licitación, ni aplicar medidas “preventivas”, por la sospecha de irregularidades.
En dichas leyes sí se establece que, por un lado, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) será un órgano autónomo encargado de “prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones”; en tanto que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podrá aplicar inhabilitaciones, por prácticas indebidas en los procesos de contratación.
Ambas instancias, de acuerdo con lo que señalan las leyes y reglamentos, tienen procedimientos de investigación, en los que se permite a los presuntos responsables presentar argumentos a su favor, desahogar las pruebas, y llegar a una resolución o sentencia.
Respecto al presidente o Poder Ejecutivo, podrá pedir a la Cofece que investigue. “Las solicitudes de investigación presentadas por el Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría o la Procuraduría tendrán carácter preferente”, indica la Ley Federal de Competencia.
Del mismo modo, el Ejecutivo puede dar vista a la Secretaría de la Función Pública, sobre “actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, agregando la documentación comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta irregular”.
Sin embargo, no hay algún párrafo en las leyes que indique que el Ejecutivo por sí mismo pueda emitir una resolución, respecto a prácticas monopólicas de ciertas empresas.
El veto, “es una determinación arbitraria” porque se no se está respetando el debido proceso, consideró el académico del CIDE, Javier Martín Reyes, y ni siquiera se le ha permitido a las empresas señaladas defenderse.
Mientras los órganos competentes definen si dichas empresas incurrieron o no en prácticas irregulares, ninguna compañía proveedora del gobierno puede ser vetada por orden presidencial, López Obrador “no tiene ninguna facultad para hacerlo”, dijo en entrevista el Director del área Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO), Max Kaiser.
“Va en contra del artículo 134 constitucional, y de las leyes de adquisiciones y obra el discriminar sin motivo legal a una empresa”, agregó.
Ni Cofece, Función Pública e IMSS tienen una resolución contra las empresas
Las tres empresas involucradas, a las que López Obrador acusó de prácticas monopólicas, son Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo, y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico.
Tan solo Grupo Fármacos Especializados, de acuerdo con datos recabados por el IMCO, acaparó el 35.2% de las compras consolidadas hechas el sexenio pasado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Dicha empresa ganó 106 mil 813 millones de pesos, del total de 303 mil que se pagaron durante el sexenio pasado, de acuerdo con un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundido por Presidencia.
En su conferencia de prensa del 8 de abril, López Obrador dijo que envió un oficio a las áreas competentes, para que las tres empresas mencionadas “no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado”.
El mandatario reconoció que “tampoco puedo acusar a nadie sin tener pruebas”, y dijo que impedir a las empresas que participen en nuevas licitaciones sólo es una medida preventiva.
“Se está haciendo la investigación a través de lo que corresponde a la administración pública, la oficina de la Función Pública y también la dirección, la oficina de Inteligencia Financiera. Tienen la investigación… se está actuando de manera preventiva”, agregó.
Mientras en este caso López Obrador insistió en las medidas preventivas, en el tema del proyecto de la refinería de Dos Bocas ha permitido que cuatro empresas señaladas por presuntos sobornos sigan siendo invitadas para fungir como “project manager”.
El martes 9 de abril, la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, dijo que hasta el momento solo tiene en marcha una investigación, respecto a una de las empresas señaladas por la venta de medicinas al gobierno anterior, aunque no quiso dar el nombre.
“Hay quejas y tenemos la obligación de hacer todos los procedimientos conducentes, pero estamos en un procedimiento muy pulcro. Hay una queja específica contra, al menos, una de ellas y las otras vamos a ver qué condiciones se dan para ver si se abren o no las investigaciones de oficio”, explicó Sandoval, de acuerdo con el diario Reforma.
Lo dicho por la funcionaria confirma que Función Pública aún no tiene una resolución o mandato, para impedir que dichas empresas participen en nuevas licitaciones, o en las que se indique que deban aplicarse vetos preventivos.
En el oficio que envió López Obrador a Hacienda, el mandatario resolvió que “a todas luces”, las empresa participaron en un proceso “inmoral”, violatorio del artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios, aunque en otro punto del mismo documento también señala que se les impedirá participar en licitaciones, “hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.
Javier Reyes, catedrático del CIDE, consideró que la carta que envió López Obrador tiene “muchos problemas”, porque pretende fundamentarse no en la ley, sino en la moralidad, y no cita cuáles son las leyes aplicables para establecer el veto.
“El segundo problema es que es una carta que adelanta la conclusión, el presidente no le pide a Hacienda que realice una investigación, en el ámbito de sus facultades, para verificar que no hay corrupción o tráfico de influencias.
“El mero hecho de que dos o tres empresas tengan una participación muy alta en el mercado de las medicinas, no es por sí mismo violatorio de ninguna norma. Eso se puede deber a otro tipo de factores, se tendría que hacer una investigación”.
En cuanto a la Cofece, de acuerdo con su base de datos ninguna de las compañías involucadas ha sido sancionada por actos de colusión o prácticas monopólicas.
En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó a Animal Político que las tres empresas farmacéuticas y sus esquemas de cotización están siendo auditados.
Animal Político revisó también el Registro Público del Comercio y corroboró que ninguna de las tres empresas farmacéuticas cuenta con registro de embargo, intervención o aseguramiento decretado por autoridad ministerial o administrativa.
Posibles impugnaciones
El catedrático Francisco Burgoa insistió en que, más allá de los dichos del presidente, se debe investigar antes de emitir un juicio sobre las empresas, y seguir un procedimiento. “Aunque sea inmoral que se hayan dado ese tipo de licitaciones, se tiene que verificar que se haya cometido algún tipo de ilegalidad”, dijo.
“Entiendo que se busca atacar cualquier ámbito donde se intuya que hay corrupción, eso me queda claro, qué bueno que lo haga, lo celebro mucho, pero también al combatir la corrupción hay que hacer todo lo posible para que se haga en un marco jurídico.
No por el solo hecho de decir que combato a la corrupción, también voy a estar violando la Constitución, o las leyes que de ella emanan”, agregó.
Si se abre una nueva licitación sobre medicamentos, y Hacienda mantiene el veto a las tres farmacéuticas, dijo el catedrático, éstas podrían presentar una demanda de amparo indirecto, porque si no hay una resolución de Cofece o una inhabilitación de Función Pública, se les estaría excluyendo indebidamente.
“Los artículos 14 y 16 son relativos a la seguridad jurídica, en donde todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Si Hacienda dice ‘ustedes no, porque ustedes para mí están vetados’, tiene que sustentar, indicar cuál es la ley donde está llevando a cabo esta facultad, y explicar el por qué”, dijo Burgoa.
Max Kaiser, del IMCO, coincidió en que el oficio enviado por el presidente López Obrador, para impedir la participación de estas empresas en contratos públicos en tanto se conozca si participaron en actos de corrupción o tráfico de influencias, es suficiente motivo para que las farmacéuticas se amparen “por ser ilegalmente discriminadas”.
Si bien el IMCO ha señalado, antes que el propio presidente, que estas empresas ganaron un gran número de contratos en la pasada administración, “eso no las hace corruptas por decreto presidencial”.
“Si quieren descalificarlas hay un procedimiento legal para eso, en el que se deben respetar las garantías básicas de debido proceso. Señalar sin pruebas desde el púlpito es tan peligroso como ilegal para cualquier servidor público”.
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