La política de comunicación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador da mayor certeza sobre la transparencia del gasto y los criterios de asignación para publicidad oficial a medios, sin embargo, su contenido es insuficiente para terminar con las malas prácticas de administraciones pasadas, destaca la organización Fundar.
El cambio real, destaca, debe pasar por la abrogación de la actual Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”, y la discusión y aprobación de una nueva.
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“Algunas medidas son insuficientes y perpetúan las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición”, señala en un comunicado.
Entre 2013 y 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, lo que significa 89% más de lo aprobado. Y aunque este nuevo gobierno anunció una reducción del 50% en publicidad, su política no ha establecido topes presupuestarios.
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“Actualmente entre 45 y 50% del gasto en publicidad oficial se concentra en 10 medios de comunicación. En el Artículo 12 de la nueva política se prohíbe que uno solo reciba más del 25% del gasto. Sin embargo, esta medida de avanzada está acompañada de excepciones”.
De acuerdo con Fundar, el Artículo 14 fija algunos criterios de asignación de la publicidad oficial pero falta claridad y precisión en su redacción, “lo que da un margen importante de interpretación y de discrecionalidad”.
#COMUNICADO
La nueva política de comunicación social del gobierno federal es un paso importante pero insuficiente para terminar con las malas prácticas de administraciones pasadas. pic.twitter.com/187dmYyieI
— Fundar (@FundarMexico) April 18, 2019
Asimismo, la política anunciada hace caso omiso de las concesiones de uso social comunitarias e indígenas. Con el marco legal actual los medios comunitarios tienen acceso limitado a la publicidad oficial, y se podría garantizar el destino de un porcentaje del presupuesto a estos medios.
Como parte del Colectivo #MediosLibres, Fundar pidió al gobierno que se discuta y revise en el Congreso la iniciativa de ley que propusieron el año pasado, pero bajo un modelo de parlamento abierto.
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