La actividad de empresas salmoneras en la región de Magallanes ha levantado voces críticas dentro de la comunidad de Puerto Williams y Cabo de Hornos. Al respecto, hace una semana un grupo de civiles y Greenpeace interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en contra de las operaciones de la empresa Cabo Pilar S.A. (adquirida por la empresa de capitales noruegos Nova Austral) en el canal Beagle.
Desde el 2005 la empresa posee cuatro concesiones para realizar actividades en el canal. Según el diario La Prensa Austral, los recurrentes establecieron en el recurso que la salmonera incurrió “en actos arbitrarios e ilegales, toda vez que ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento”.
La medida cautelar fue interpuesta en 2008 por el Tribunal Arbitral de Osorno. La medida obligaba a Cabo Pilar S.A. a “la suspensión total de operaciones y de ingreso de peces y de estructuras flotantes, pontones, balsas jaulas o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura”.
Sin embargo, vecinos de Puerto Williams alertaron sobre traslado de inmuebles al sector donde la empresa pretende operar.
El 18 de abril la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible el recurso de protección. El organismo obligó a Cabo Pilar a detener temporalmente las faenas hasta que se resuelva el fondo del recurso.
Cuestionan inicio de operaciones
Para Greenpeace esto confirma que la instalación de salmoneras en la zona de Puerto Williams ha estado plagada de irregularidades, pues se expone que el funcionamiento salmonero en el área afecta derechos constitucionales, especialmente los de vivir en un medioambiente libre de contaminación.
“Se trata de una potente señal que viene a confirmar lo irregular del intento de expansión salmonero en la Patagonia. También es una nueva confirmación de que el gobierno, con su actitud tibia y casi contemplativa, parece estar más cerca de las empresas que del cuidado de nuestro patrimonio medioambiental. Afortunadamente, los tribunales de justicia sí están escuchando y reaccionando como corresponde. Es, sin duda, un importante paso para que las aguas que son la puerta de entrada a la Antártida, no sufran la invasión salmonera que ya han sufrido extensas zonas en Los Lagos y Aysén”, señala Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace.
Y agrega: “Con esta resolución se demuestra una vez más que la empresa inició sus operaciones de manera ilegal. Nova Austral intenta exhibir un rostro que contrasta con la forma de actuar, que es violando la ley y operando en parques y reservas nacionales. En resumen, su salmón sustentable no es más que un mito que sólo existe en sus discursos”
La admisión del recurso de protección se da a pocos días de la visita de los reyes de Noruega a la zona, la cual estuvo marcada por diversas protestas en Punta Arenas y Puerto Williams. La visita de los monarcas, además, fue ampliamente cubierta por la prensa del país escandinavo, donde además se ha generado un debate respecto de los impactos medioambientales de los capitales de salmoneras noruegas en la Patagonia chilena y argentina.
Otras concesiones
El 10 de abril el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, se dirigió a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para solicitar la caducidad de trece concesiones relacionadas a la salmonicultura para realizar actividades en la Isla Navarino. Las concesiones pertenecen a las empresas Nova Austral, Chile Cultivo y la ya conocida Cabo Pilar.
El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencias ha reiterado los peligros de la salmonicultura al medio ambiente. “Basta con que dichos centros se instalen en un país para que se afecte el ecosistema compartido”, mencionan en su página web.
“Las altas densidades de peces enjaulados, la cercanía entre centros de cultivo, y la vulnerabilidad asociada al carácter de especie exótica de los salmones, favorecen la aparición y propagación de enfermedades. Y para su control, los productores usan antibióticos y antiparasitarios en dosis que pueden afectar la salud humana, el ambiente y las economías locales”, explican.
