“Este ha sido el peor año de la política exterior chilena”, fue el lapidario análisis del ex canciller Ignacio Walker, respecto al manejo de las RREE de Chile bajo el mandato de Sebastián Piñera. El problema es que no se trata sólo de un diagnóstico que viene de las filas de la oposición, sino que también está causando ruido en el oficialismo.
Al menos son dos los temas que han provocado revuelo en las últimas horas: uno es la declaración emitida por la Cancillería el lunes sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el otro flanco son las declaraciones del Presidente al defender al régimen comunista, bajo el argumento de que “cada cual tiene el sistema político que quiere”. Desde la oposición lo acusaron de “doble estándar”, considerando la postura crítica que el Mandatario exhibe hacia gobiernos de la región como Venezuela y Cuba. Pero en el oficialismo, donde siempre han llevado la voz cantante a la hora de condenar los regímenes de izquierda, los dichos de Piñera también causaron sorpresa. Y así quedó reflejado en los dichos de Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional: “No la comparto”, dijo en canal 24 Horas.
“No me cabe duda que desde el punto de vista mío, occidental, lo deseable es una democracia. ¿Es el ciudadano chino el que quiere ese tipo de Gobierno? Entiendo que no”, señaló el timonel RN.
La misiva a la CIDH
Pero no sólo China genera ruido en el oficialismo. La declaración emitida el lunes por el Gobierno sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también provocó revuelo.
El comunicado emitida por la Cancillería, suscrito en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, plantea las inquietudes de los Estados firmantes “en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos” y piden que respete la autonomía de los países en la promoción y protección de derechos sin invadir las competencias de los Estados.
Por este tema, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, llegó hasta la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados para dar explicaciones por el tema. Allí, hizo un mea culpa: “Probablemente pudimos haber hecho mejor las cosas (…) si hubiésemos tenido un mejor manejo y control que no tuvimos”, dijo.
Es más, señaló que “nosotros mismos nos dimos por sorprendidos cuando conocimos por la prensa esta información, cómo se manejó la entrega de este antecedente ante la Comisión, cuándo, cómo y dónde”, aludiendo al que el documento fue emitido por Cancillería.
De todos modos, Larraín intentó justificar la misiva, señalando que “lo importante es que Chile y otros países quieren fortalecer el sistema interamericano de DD.HH”, dado que en la actualidad -a su juicio- “se están llevando casos en que no se han agotado las instancias internas o se están discutiendo cuestiones que corresponden más que a la vulneración de un derecho, a políticas públicas que deben ser zanjadas por organismos democráticos, como nuestro Congreso”.
En la misma línea, la subsecretaria de RR.EE., Carolina Valdivia, dijo que el objetivo que busca Chile no es “debilitar” el sistema interamericano de DDHH, sino “mejorarlo y de fortalecerlo, de manera de conversar con los Estados que somos miembros de la OEA”. A su juicio, se trata de una “fórmula para iniciar el diálogo”.
La acción del Gobierno provocó duras críticas de la oposición, al punto que durante esta jornada la sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución presentado por la bancada del Partido Socialista donde se solicita al Presidente Sebastián Piñera que reconsidere el contenido de la declaración enviada a la CIDH.
