En las audiencias de seis funcionarios públicos de la Sedesol y la Sedatu implicados con el esquema de desvíos conocido como La Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha logrado que sean vinculados a proceso dos de ellos.
La Fiscalía perdió un caso relevante, el de Francisco Báez, el exdirector de Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, quien autorizó la entrega de recursos públicos que presuntamente fueron desviados.
Dicho desvío consistió en un mecanismo identificado por la Auditoría Superior de la Federación y la investigación periodística La Estafa Maestra, donde dependencias como la Sedesol y Sedatu, y otras 10 como Pemex o Banobras, realizaban convenios con universidades públicas para supuestos servicios que no se cumplían porque contrataban a empresas ilegales o fantasma; por lo tanto, el dinero público desapareció.
Francisco Báez entregaba recursos
Báez era encargado de autorizar los pagos a las universidades por los supuestos servicios. Su cargo dependía directamente del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, con quien también había trabajado en la Sedesol.
Ambos funcionarios formaron parte de las dos administraciones de Rosario Robles, cuando dirigió la Sedesol y la Sedatu, periodos en el que ocurrió dicho esquema de desvío de recursos públicos en las dos dependencias.
En la audiencia del 26 de marzo, el juez federal Fernando Payá Ayala determinó no vincular a proceso a Francisco Báez, es decir, que no continuaría con la investigación debido a que las pruebas presentadas no fueron suficientes para señalarlo como presunto responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público.
Esto pese a que Báez autorizó la entrega de 185 millones de pesos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia que no se hicieron, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y también comprobó la propia Fiscalía de la República.
Aunque la Fiscalía podía apelar la decisión del juez, no lo hará debido a que posiblemente presentarán nuevas acusaciones para que pueda ser procesado, según publicó este martes 30 de abril el periódico Reforma.
Pedro Simón León Mojarro firmó convenio
León Mojarro fue coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Rosario Robles, y tampoco fue vinculado a proceso pese a que firmó uno de los convenios cuyos recursos fueron desviados.
A través de dicho convenio realizado con la Universidad Intercultural del Estado de México en 2015, la Sedesol entregó 124 millones de pesos para realizar levantamiento de cuestionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en un millón de hogares.
La Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron sobrecosto en los servicios y lo acusaron de uso indebido de la función pública, debido a que dicho convenio incumplió con la Ley de Adquisiciones.
Sin embargo, nuevamente el juez federal Fernando Payá decidió exonerarlo debido a que consideró que el exfuncionario cumplió con los requerimientos previstos en la excepción a la Ley de Adquisiciones, que prevé la contratación entre dos entidades de la administración pública, en este caso, la Sedesol y la universidad. Señaló que el presunto desvío de recursos no era su responsabilidad, sino de la universidad.
En este caso, la Fiscalía tampoco apeló la decisión del juez.
Armando Saldaña denunció falsificación de firma
Saldaña fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, y firmó el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo por 185 millones 839 mil 480 pesos, aunque los servicios que no se realizaron.
Denunció que su firma fue falsificada en el documento. Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la rúbrica, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de contratación indebida.
El criterio del juez en el caso de León Mojarro sólo se limitó al análisis del procedimiento administrativo, pero aquí fue distinto y se determinó que sí hay elementos para seguir investigando.
Incluso, Francisco Báez lo acusó directamente de que era el encargado de revisar que los servicios se realizaran, y por eso él había liberado los pagos.
Enrique González Tiburcio, el subsecretario vinculado a proceso
Tiburcio tuvo el puesto más alto entre los acusados, era el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, subalterno directo de la entonces secretaria Rosario Robles. Igual que Saldaña, su subalterno en la dependencia, también señaló que su firma fue falsificada en uno de los convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
Sin embargo, el 30 de enero, el exsubsecretario fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de declaración, toda vez que el juez federal Orlando Íñiguez determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.
De acuerdo con su abogado defensor, Julio Hernández Barros, el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el documento que de inicio fue declarado como inexistente, porque no se encontraba en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.
Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la misma instancia. A raíz de esa denuncia es que se inició el proceso en el que ahora Tiburcio resultó vinculado a proceso.
Gerardo Ávila, el único funcionario de una universidad
La nueva administración de la Fiscalía General de la República (FGR) denunció el pasado 14 de marzo a Gerardo Ávila García, exsecretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por haber gastado, de manera indebida y como parte de La Estafa Maestra, casi 23 millones de pesos de recursos federales en un contrato de servicios para Sedesol.
Sedesol entregó 22 millones 994 mil 101 pesos a la Universidad, de esa suma subcontrató un total de 21 millones 332 mil 996 pesos, y le solicitó el servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión, con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.
Sin embargo, el proceso ha sido retrasado y no ha se han concretado las audiencias programadas.
José Antolino Orozco Martínez, retrasando el proceso
Orozco Martínez era jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, aunque también estuvo en la administración de Robles en la Sedesol como director general de geoestadística y padrones de beneficiarios.
Es acusado de uso indebido de atribuciones y facultades, pero sólo se ha presentado a una audiencia y se han aplazado las dos subsecuentes. En la primera, en marzo pasado, minutos antes de la audiencia su defensa presentó un escrito de “indisposición” debido a un malestar físico.
La segunda audiencia debía desarrollarse el viernes 26 de abril, pero también fue aplazada debido a que el juez se reportó enfermo y la audiencia se realizará el 8 de mayo.
Antolino es acusado de haber suscrito entre el 12 y el 16 de octubre de 2015 un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera de 4 análisis y diagnósticos.
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