El último día de marzo, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) dio a conocer su más reciente informe relativo al “Estado de Situación de las Principales Pesquerías Chilenas, Año 2018”, en el cual concluye que del total de 27 pesquerías que cuentan con Puntos Biológicos de Referencia formalizados, solo 8 de ellas se encuentran en plena explotación, mientras que las 19 restantes –aproximadamente el 70%– se encuentran sobreexplotadas (11) o agotadas o colapsadas (8).
En comparación al año 2017, resaltan como cambios negativos relevantes el estado de “sobreexplotación” de la anchoveta en las regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta, y de la sardina austral en la Región de Aysén –cuyos estatus en 2017 no fueron posibles de determinar–, así como el estado de “sobreexplotación” del jurel y de la sardina austral de Los Lagos (que en 2017 se encontraban en “plena explotación”, es decir, en o cerca de su rendimiento máximo sostenible).
Estos datos –los más críticos desde la primera elaboración de este informe en 2013–, nos alertan sobre la real efectividad de las medidas de conservación, administración y manejo de las pesquerías adoptadas por la institucionalidad pesquera para cumplir con el objetivo de la Ley de Pesca, que desde la Ley Nº 20.657 de 2013 declara ser “la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos”, mediante la aplicación del principio precautorio, el enfoque ecosistémico y la salvaguarda de los ecosistemas marinos (artículo 1º B).
El efecto práctico de todo esto es la amenaza que la sobreexplotación pesquera actual representa para la seguridad alimentaria de la población nacional, perspectiva que se avizora todavía más grave de cara al fenómeno de El Niño y la creciente variabilidad climática, un escenario del que la discusión pública sobre la política y regulación pesquera a nivel nacional apenas se ha hecho cargo de forma meramente circunstancial.
Es por esto que, paralelamente al debate sobre la asignación de cuotas pesqueras y los asimétricos atributos de los derechos asociados a ellas, los resultados del informe de la Subpesca alertan una vez más sobre la necesidad urgente de discutir y abordar cambios, tanto regulatorios como de administración y manejo de las pesquerías nacionales, para la mejor realización del objetivo ambiental de la Ley de Pesca.
Lo anterior pasa por una serie de aspectos, como mejorar indicadores como el Rendimiento Máximo Sostenible a fin de compatibilizarlo plenamente con los principios ambientales de la Ley de Pesca, fortalecer el enfoque ecosistémico con vista a su implementación efectiva en investigación y administración pesquera, ampliar la participación y representatividad de los distintos actores en los Comités de Manejo y los Comités Científicos Técnicos, así como aumentar decididamente el financiamiento para las áreas marinas protegidas, entre otros.
Tal como hemos relevado en el estudio de Fundación Terram “La regulación pesquera a través de la historia: la génesis de un colapso”, la discusión pública en la materia se ha centrado en la pesca desde una visión preeminentemente productiva, de lo cual el diseño institucional pesquero, anclado desde mediados de la década del ’70 en la cartera de Economía, tiene ciertamente mucho que ver.
Bajo la coyuntura política actual, fuertemente cargada hacia temáticas relacionadas con el ámbito de la pesca, revisar los indicadores, instrumentos y actores vinculados a la conservación de los recursos hidrobiológicos resulta fundamental, ya que la recuperación de las pesquerías y la sustentabilidad de las mismas en el tiempo constituye un presupuesto necesario para avanzar hacia un enfoque de derechos humanos aplicado al sector pesquero.
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