En una carta a El Mercurio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se explayó sobre la nota que envió la Cancillería chilena a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia. Fue él quien la semana pasada debió explicar ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados las razones del Gobierno de Sebastián Piñera para dar una señal de ese tipo en materia de DDHH y fue en esa instancia que Larraín reconoció, frente a los parlamentarios, que “probablemente pudimos haber hecho mejor las cosas (…) si hubiésemos tenido un mejor manejo y control, que no tuvimos”.
Al lado de Larraín en la comisión estaba la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, pero fue evidente que el mensaje no era para ella, sino que para el canciller Roberto Ampuero.
La carta enviada a la Corte IDH el 11 de abril se lee como una queja –especialmente– desde Chile. Pide “respetar la autonomía de los países” en cuanto a sus procesos judiciales, justo cuando dicha corte internacional obligó a Chile a anular las sentencias en el caso “Norín Catrimán y otros”, que involucra a ocho comuneros mapuche.
El envío solo se hizo público una semana después, y públicamente pareció una iniciativa conjunta de Relaciones Exteriores con Justicia. Pero eso no fue así en la práctica y la “convergencia” entre ambos ministerios se produjo después de una fuerte discusión telefónica que, según fuentes al interior de Cancillería, tuvieron Ampuero y Larraín.
El ministro de Justicia hizo notar –en esa conversación– su molestia al canciller por no ser debidamente consultado en la redacción de la carta a la Corte IDH, considerando que se trata de un tema de su competencia.
Pero lo cierto es que Ampuero tampoco estuvo al tanto de la elaboración del texto. No hubo ninguna coordinación de La Moneda –donde se decidió y redactó la cuestionada misiva– con Justicia y Relaciones Exteriores. Menos se conversó el flanco que el tema le abrió al Gobierno de Piñera y que dejó en evidencia Larraín cuando agregó, ante los diputados, que también habían pecado de falta de control en el tema, dadas las innumerables críticas que generó la nota a la Corte IDH por cuestionar el sistema internacional de justicia.
La carta de Larraín con su foto en la prensa del domingo poniendo paños fríos a un asunto controvertido –que no concitó apoyo en todos los países miembros de Prosur, ya que se marginaron Perú y Ecuador– reinstala su figura como un posible reemplazo a Ampuero en caso de cambio de gabinete. Cuando Piñera elaboró su primer equipo ministerial para regresar a La Moneda, el nombre de Larraín figuró como carta para Relaciones Exteriores, pero su pasado de apoyo al enclave delictual de Colonia Dignidad fue un problema.
La gestión de Roberto Ampuero es vista como “titubeante, mediocre y llena de pasos en falso”, enfatizó un diplomático de carrera, ilustrando la sensación de desorden completo que se percibe al interior del ministerio. En una carta firmada el 3 de mayo, la Asociación de Diplomáticos de Carrera se quejó de que en el marco de la política de “austeridad” se haya prescindido de los “directores de área” y temáticos que acompañan al Presidente de la República en las giras al exterior, los especialistas que toman notas de los aspectos técnicos y acuerdos alcanzados en los foros internacionales, para luego comunicarlos a otros estamentos del gobierno.
Esa función actualmente la realiza, en la práctica, Benjamín Salas Kantor, abogado de 27 años, hijo de la ministra del Deporte Pauline Kantor, y uno de los asesores más cercanos a Cristián Larroulet, el poderoso e influyente jefe del segundo piso de La Moneda. Es más, en la Cancillería existe la certeza de que las decisiones en política exterior pasan por Salas, Larroulet y el Presidente Piñera, que solo se le notifican a Ampuero. Un contraste fuerte con la primera administración piñerista, donde el entonces canciller Alfredo Moreno tenía margen de acción propio y peso político para llevar las riendas en materia internacional.
La intervención abierta desde el segundo piso de La Moneda ha sacado ronchas al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde prima la sensación de que “Salas, Ampuero y Piñera van a destruir la Cancillería”, según recalcó un diplomático en ejercicio. Fue en la oficina de Salas Kantor donde se redactó la cuestionada carta a la Corte IDH y que tenía como uno de sus objetivos mostrar el liderazgo internacional del Mandatario al convocar a más países.
Pero al final se transformó en un problema adicional para La Moneda, que en esos días enfrentaba los cuestionamientos públicos por la presencia de los hijos del Presidente en la gira a Asia. Piñera pidió a la Cancillería un protocolo para la incorporación de familiares a los viajes oficiales, pero quien salió a tratar de cerrar el tema y asegurar que “no va a volver a pasar en el futuro” fue el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, y no el canciller Ampuero.
Es cierto que la política exterior la conduce el Presidente de la República, pero se supone que el canciller, como especialista en el área, toma decisiones y está debidamente informado, algo que no se puede decir de la gestión de Ampuero.
En diciembre, fue el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla quien informó que Chile no firmaría el Pacto Migratorio de la ONU y Ampuero apareció públicamente solo 24 horas después para explicar la decisión que se había tomado, una vez más en Palacio y no en la Cancillería.
También a fines de abril se concretó la salida desde Malasia de Felipe Osiadacz, uno de los chilenos acusados de homicidio en dicho país. El joven estaba con orden de arraigo, es decir, tenía prohibido abandonar Malasia, pero lo hizo con un pasaporte chileno e ingresó con normalidad al país, porque no hay órdenes de captura en su contra.
En una entrevista con TVN, Matías del Río le preguntó al ministro Ampuero por esta situación irregular: “El consulado le entregó un pasaporte. No conozco el detalle preciso de cómo se le entregó (…) pero respetamos completamente las decisiones de la justicia de Malasia”, dijo el canciller e insistió en que el acusado entró legalmente a Chile. Durante toda la entrevista se ciñó exclusivamente al contenido del comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores y quedó en evidencia que no estaba completamente informado de los hechos.
Fuentes de la Cancillería afirmaron que la operación para entregar un pasaporte al ciudadano chileno fue supervisada por el director de Asuntos Consulares, Raúl Sanhueza, al margen de Ampuero.
El bando venezolano
El canciller tampoco mostró claridad sobre el ingreso del opositor venezolano Leopoldo López y su familia a la embajada de Chile en Caracas. Ampuero dijo que su esposa, Lilian Tintori, y López, habían ingresado “en horas del día”, pero al menos Tintori y su hija lo hicieron en la noche del lunes 29. La situación fue inesperada en incómoda para la embajada y para Chile, que ya mantiene a tres dirigentes de la oposición como huéspedes. Por eso, López y su familia decidieron refugiarse en la embajada de España.
La crisis en Venezuela también tiene desconcertados a los funcionarios de Cancillería con experiencia en asuntos diplomáticos.
Hasta la llegada de esta administración, enfatizaron, la postura de Chile era neutral: propiciar la salida de Maduro a través del diálogo, independientemente de la fórmula que elija de manera libre Venezuela, postura que era la existente cuando el país fue invitado en 2017 por la oposición y el gobierno de Maduro a participar como mediador en un grupo que integraron México, Nicaragua y Bolivia.
Hoy, nuestro país aparece completamente alineado con la oposición venezolana, un bando que no necesariamente va a ser el que gobierne en un futuro escenario de eventual transición encabezado por los militares. “La diplomacia está actualmente subordinada por Chile Vamos, para esquivar los conflictos de la agenda doméstica y para que algunos dirigentes hagan gárgaras con los Derechos Humanos, pero muy lejos de los intereses de Estado, de lo que le conviene a Chile”, aseguró un diplomático en ejercicio.
