Este martes en el Senado se votará el ingreso definitivo de Dobra Lusic como nueva ministra de la Corte Suprema. La situación, que al principio parecía zanjada a favor de ella, se ha ido complicando con el transcurso de los días y, de hecho, en su presentación ante la Cámara Alta, tuvo que salir al paso de los primeros cuestionamientos por sus diferentes polémicas, como que no conocía al abogado John Campos, asegurando que ella “jamás” le ofreció “nada a cambio”.
Frente a las declaraciones de la magistrada, el abogado Carlos Peña cuestionó sus argumentos para ser nombrada en la Suprema y se refirió a la poderosa red de operadores judiciales-políticos que ha jugado en su favor. Bajo el título de “Las enseñanzas del caso Lusic”, Peña explica, en una columna publicada por El Mercurio, que lo más llamativo fue el reconocimiento que la jueza hizo de que se le ofreció ayuda, por parte de un sujeto (John Campos), para promover su nombramiento.
“Lo que se acaba de saber en esa audiencia es que hay tráfico de influencias en el Poder Judicial, intermediarios entre los puestos a proveer y el poder político, y que una jueza que aspira a integrar el máximo tribunal fue partícipe, involuntaria dice ella, de todo ese intercambio”, comenta Peña.
Para el abogado, es útil recordar las funciones y la fuente de la que emana la dignidad de la Corte Suprema. Y es que a ella “le corresponde decir la última palabra a la hora de decir qué es derecho en Chile”, aclara.
“Las leyes son mudas, simples trazos negros en un papel que requieren de un lector o lectora que las vivifique, las despierte, las interprete y fije el sentido que poseen. Esa es la tarea de los jueces y, en especial, de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces son quienes tienen la última palabra al decir qué es derecho”, sentenció.
Si lo anterior es así -prosigue el abogado- “¿acaso la cautela a la hora de elegir a los jueces no debe ser la máxima posible? ¿No será que habrá que elegirlos con ‘esmerada diligencia’, empleando aquella que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes, en vez de hacerlo con la desaprensión de quien simplemente cumple un acuerdo político previo, como parece estar ocurriendo en este caso?”, se pregunta.
Finalmente, Peña reitera que lo más preocupante de este incidente es que el escrutinio de veras no lo han llevado adelante los senadores, sino la prensa.
“Fueron los periodistas quienes, fieles a su oficio, entienden mejor que los senadores que la desconfianza es a veces un deber cívico, algo que, desgraciadamente, el senador Insulza, entre otros, no parece comprender, puesto que, según declaró, para él es “normal” —esa fue la expresión que usó— que haya mediadores e intermediarios en este tipo de nombramientos. El senador parece creer que lo que se hace de hecho, coincide con lo que es correcto hacer. Y agregó, además, que la prensa ha exagerado en todo esto, que la indagación que ha llevado a cabo ha sido, dijo, “brutal”.
Para Peña, el senador desde luego se equivoca, pero esa equivocación subraya otro rasgo que reveló la audiencia en la que participó la jueza Lusic. “Se trata de la alergia que ella dejó ver acerca de la libertad de expresión”.
El abogado concluye que las quejas de la candidata Lusic, “dejaron entrever algo que los senadores, incluido el senador Insulza una vez que recupere el sentido crítico, no debieran dejar pasar: la muy errada concepción de la jueza acerca de los deberes y servidumbres que la función a la que aspira impone ante el tribunal de la opinión pública”.
“Hay que regular la prensa”
Otro que salió al paso de los dichos de la jueza Dobra Lusic, la principal carta del Presidente Sebastián Piñera a la Corte Suprema, fue el abogado y columnista Jorge Navarrete, quien se refirió a la polémica declaración de la magistrada al acusar a la prensa de “ensañamiento” y “virulencia despiadada” en la forma de informar respecto a sus cuestionadas acciones.
Lo anterior, para Navarrete, es una medida “torpe, autoritaria y peligrosa”.
En una columna publicada por La Tercera, el abogado explica que Lusic “desconoce el evidente hecho de que las personalidades públicas y en especial los altos funcionarios estatales están sometidos a un escrutinio mucho más severo por parte de la sociedad”.
“Tanto los antecedentes profesionales para desempeñar el cargo, como incluso otros aspectos que podrían considerarse parte de su vida privada, ceden frente al interés social como consecuencia del cargo para el cual ella fue propuesta. Sin ir más lejos, fue la propia Corte Suprema que así lo volvió a ratificar en una reciente sentencia de marzo”, precisó.
Además, Navarrete sostiene que es peligrosa la aseveración de Lusic porque fue dicha por quien pretende integrar un cuerpo colegiado “que justamente resulta ser la última instancia que imparte justicia y donde se interpretan nuestros derechos”.
“Por lo mismo, sus palabras perfectamente podrían interpretarse como un acto de amedrentamiento, pues bien saben los ciudadanos, pero muy especialmente los periodistas, cuan gravitantes han sido los fallos de la justicia, tanto para avanzar pero también para retroceder en la efectiva protección de nuestras libertades”, menciona.
Navarrete cree que “ni los políticos, empresarios, militares, sacerdotes, jueces o fiscales -y ciertamente tampoco los periodistas- están exentos del escrutinio público y de las sanciones por sus faltas. Pero para que ese control sea efectivo y eficiente, más vale el exceso de la libertad que las restricciones previas a la misma”.
Finalmente, el abogado concluye que la postura de Lusic de “victimizarse” al usar su condición de mujer, “cuestión respecto de la cual simplemente “paso””.
