El lunes el Diario Oficial publicó la normativa que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas.
De acuerdo a lo informado por El Mercurio, la modificación de los artículos 361 y 389 impedirá que religiosos investigados puedan fijar un domicilio para no tener que acudir a tribunales para realizar diligencias solicitadas por la justicia.
El administrador apostólico de Puerto Montt, Ricardo Morales, valoró este cambio, aprobado unánimemente por el Senado el pasado 24 de abril.
Asimismo, señaló que “en la medida en que los religiosos reciban el mismo trato que cualquier otro ciudadano en cuanto a cumplir la ley, nos vamos a estar acercando más a lo que el papa Francisco nos pide”.
Julio Pozo, vocero de Voces Católicas, resaltó que la modificación de estos privilegios viene a reforzar algo que ya ha estado sucediendo en el último tiempo, ya que “de un tiempo a esta parte, prácticamente todos los obispos han ido a declarar presencialmente”.
Finalmente, Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, sentenció que “siempre planteamos que sí era un privilegio para ellos, porque no eran funcionarios públicos. Ellos pertenecen a una iglesia que inclusive pertenece a otro Estado”.
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