El 30 de Abril, el departamento de Fiscalía de Fonasa emitió un dictamen (el 1G N° 3/2019) sobre los requisitos que debe cumplir la población migrante internacional para acceder a la cobertura financiera del Fondo Nacional de Salud.
La resolución indica que migrantes internacionales que llegan a nuestro país con visa de turista -forma administrativa de ingreso habitual a nuestro país, pero que no informa sobre la intención de la persona de residir- y requieran acceder a prestaciones públicas de salud, no tendrán cobertura financiera salvo que lo hagan con un seguro de salud externo o paguen de su bolsillo.
A través de la medida no se reconoce la garantía sanitaria que pueden requerir, de cualquier tipo, quiénes experimenten simultáneamente incapacidad de pago y algún problema de salud. Esto es especialmente preocupante al considerar casos de mujeres embarazadas, niños y situaciones de urgencia, que a partir de lo indicado podrían ver entorpecida su atención, si es que la persona no garantiza el pago asociado.
Esto significa un retroceso que incrementa las ya enormes barreras de acceso de este grupo, poniendo en riesgo tanto la salud de la población migrante internacional. Además, se contraviene el decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la convención de los derechos de trabajadores migratorios y sus familias, que en el artículo 28 establece que la atención de urgencia médica no puede ser negada, cualquiera sea la situación migratoria de la persona. También va en contra del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile, que asegura que ningún niño sea privado de su derecho a recibir servicios sanitarios en caso de necesitarlo.
Es preocupante la ambivalencia con que las autoridades sanitarias han enfrentado la política migratoria en este gobierno. Por un lado, se ratifican convenios internacionales como la agenda 2030 de objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas que busca disminuir las brechas de inequidad en salud. Adicionalmente se avanza en la implementación de la Política de Salud de Migrantes Internacionales en el Ministerio a través de la conformación de un Comité Técnico. Pero, en oposición, FONASA a través de este dictamen, retrotrae lo avanzado en materia de acceso, al hacer diferencias en las garantías financieras para la población migrante internacional según su estatus migratorio.
Instamos a la autoridad a revisar este dictamen y promover normativas que entiendan la migración como un derecho humano y como un determinante social de la salud de la mayor relevancia en las sociedades contemporáneas.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
