El gobierno ha anunciado que pretende reformar la Ley 19.253 con la finalidad, entre otras, de modificar el régimen de administración de las tierras indígenas y, especialmente, para permitir la propiedad individual en vez de la comunitaria de ellas, que es a la que quedan sujetas las tierras restituidas conforme a dicha norma.
El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se refiere a estos cambios -que se someterán a la consulta indígena- como una manera de modernizar una ley que no ha sido modificada desde que fue dictada en 1993. Todo lo anterior parece mostrar a un Gobierno comprometido en una política indígena moderna y centrada en los intereses de las personas y comunidades originarias, pero la evidencia histórica muestra que estos intentos son más bien alarmantes y forman parte de viejas estrategias estatales para desactivar -política y culturalmente- a los pueblos indígenas. Y es algo que debiera preocuparnos.
La relación de los indígenas con la tierra es mucho más compleja que aquella descrita por la propiedad y concebida por la sociedad occidental. Es diferente, además, dependiendo del pueblo indígena o de la identidad territorial de la que se hable.
De estas diferentes aproximaciones a la relación con la tierra, desde sus distintas visiones del mundo, los indígenas gozan de un reconocimiento legal obligatorio como pueblos y eso, hace aparecer inevitablemente el concepto de territorio al que, también de acuerdo a la ley, los pueblos indígenas tienen derecho. Se trata de un área, dentro de los países en que habitan, en que ejercen eso que tanto la Declaración Americana como la de Naciones Unidas sobre la materia llaman “libre determinación”, la decisión autónoma y colectiva sobre su destino. Se trata entonces de un vínculo político con el entorno, esencial para la sobrevivencia y la libertad de los pueblos.
Los pueblos indígenas ejercían derechos territoriales, es decir, determinaban colectivamente su destino dentro de un área determinada, mucho antes del reconocimiento legal que se les hicieran. El ejercicio de derechos territoriales fue la base de la resistencia de estos pueblos a la instalación, sobre sus territorios, de Estados-Nación occidentales durante los siglos XIX y XX.
La libre determinación indígena, ejercida en extensas áreas territoriales por estos pueblos, fue entonces un obstáculo para la instalación de los Estados modernos y es por eso que, en muchos casos, fueron enfrentados militarmente, como ocurrió en Chile con el pueblo mapuche. Pero el enfrentamiento no fue solo militar, la idea de territorio, de ocupación territorial y los fuertes lazos entre los pueblos y sus territorios obligaron a los nuevos Estados a usar mecanismos más complejos para desactivar la resistencia cultural y política indígena, que no podía ser derrotada militarmente.
La Ley General de Loteo, dictada en Estados Unidos en 1887, fue propuesta como una manera de modernizar y liberalizar los mecanismos de tenencia de la tierra y promover el desarrollo económico de las tribus indígenas. Adicionalmente, acorde con los términos aceptados en la época, se trataba de una estrategia adecuada para “civilizar” a las tribus norteamericanas. ¿El resultado? Asimilación cultural, pérdida de dos terceras partes de la propiedad indígena a 1934 y el desmantelamiento de la resistencia territorial indígena.
En Chile, después de un breve intento durante el gobierno del Presidente, Salvador Allende, por detener el proceso de división de las tierras indígenas, la dictadura militar también dictó su propia Ley de Loteo, fundada en que “la denominada ´Propiedad Indígena´ ha sido fuente de numerosos problemas para el progreso de la población indígena”. Además del afán “modernizador” la ley dispone que, una vez divididas las reservas, dejarán de considerarse indígenas las tierras inscritas “e indígenas a sus dueños o adjudicatarios”, explicitando así los afanes “civilizatorios” que aún persistían en el Chile de 1979.
La discusión sobre la libertad que poseen las comunidades de los pueblos originarios sobre la administración de sus tierras es legítima, debe ser hecha con mucha consciencia de las implicancias políticas, teniendo presente la defensa del ejercicio de derechos territoriales de los pueblos indígenas. En una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, cualquier política pública apropiada debe estar encaminada a ensanchar el ejercicio de esos derechos territoriales. Una superficial revisión histórica de las estrategias “modernizadoras” para liberalizar la administración de las tierras indígenas, muestra que ellas han tenido como fin la desactivación del esencial mecanismo de identidad, sobrevivencia y resistencia constituido por el territorio, cuyos efectos fueron siempre el empobrecimiento y asimilación cultural.
Llama mucho la atención que los anuncios públicos del Ministerio de Desarrollo Social sobre modificación de la Ley Indígena, jamás se refieran al ejercicio de derechos territoriales y a que no se consideren medidas que aseguren estos derechos. Sin ese componente, sin estrategias de fortalecimiento del derecho al territorio, la propuesta “modernizadora” es una clara cita a los loteos en dictadura o a políticas asimilacionistas del siglo XIX.
En síntesis, los loteos del ministro Moreno huelen mal y, las fuerzas política progresistas debemos estar atentas a cualquier intento de desmantelar lo construido en la conquista de derechos por los pueblos indígenas, pero sobre todo, dispuestas a promover los avances que aún siguen pendientes.
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