Exfiscal Luis Ángel N seguirá su proceso fuera de prisión

La Fiscalía de Veracruz informó que el exfiscal de la entidad, Luis Ángel N, continuará fuera de prisión su proceso por presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, aunque no significa que haya sido absuelto.
La misma situación aplica para otros presuntos responsables, los exfuncionarios Rosario “N”, Gilberto “N” y Carlota “N”.
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“El cambio de medida cautelar obedece a resoluciones federales que les permiten continuar el proceso penal que enfrentan y seguirán enfrentando, con una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, al considerar la superioridad federal que dicho delito no amerita prisión preventiva oficiosa”, indicó la Fiscalía en su comunicado.
“En consecuencia, y en estricto acatamiento a dichas resoluciones, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Xalapa que conoce de los procesos penales que se instruyen en contra de los ex funcionarios, varió la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre ellos, al resguardo domiciliario, en donde permanecerán con vigilancia y control de acceso por parte de personal de la Fiscalía General del Estado”.
El cambio de medidas cautelares, insistió la Fiscalía, no afecta la integración de las carpetas de investigación de las que derivan los procesos penales, en contra de los implicados.
“La Fiscalía General del Estado cuenta con datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar la probable participación de los imputados en los delitos que se les atribuyen, como ha sido confirmado por las autoridades federales que declararon la validez de los autos de vinculación a proceso dictados en su contra”.
Luis Ángel N, exfiscal de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, fue detenido en junio de 2018 en la Ciudad de México. Después fue trasladado a la cárcel de Pacho Viejo, Veracruz, y ahí había permanecido hasta esta resolución de “resguardo domiciliario”.
El caso por el que se le acusa es la localización, en 2016, de 19 cuerpos en La Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, de los cuales, la Fiscalía solo reportó seis y desapareció a los 13 restantes.
El delito que le imputan al exfuncionario es su probable intervención “en la desaparición forzada de personas, en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión se eludieran de la acción de la justicia”.
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