Desplazados de Chenalhó exigen a AMLO justicia para volver a casa

Han pasado tres años desde que la vida le cambió por completo a Aracely Cruz López, de 26 años, originaria del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. Aquel día, hombres armados asesinaron a su padre, Guadalupe Cruz Hernández, de 58 años.
La víctima recibió tres balazos en el costado, en su propia casa, durante una incursión de lo que su hija califica como “grupos paramilitares”. También resultaron heridos su esposa y otro de sus hijos. El crimen continúa impune. Desde hace tres años, Aracely no ha pisado su comunidad.
“Somos desplazados. Nos desplazaron por cuestiones de partidos políticos, por no haber votado por el Partido Verde Ecologista, por no haber votado por la presidenta Rosa Pérez Pérez”, afirma.
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Aracely Cruz forma parte de un grupo de 238 vecinos del ejido que abandonaron sus posesiones tras el ataque. En total, son 53 familias, con 123 niños y niñas que actualmente se encuentran refugiados en un campamento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
“Queremos justicia, que los responsables vayan a la cárcel y poder regresar de forma segura a nuestra comunidad”, dice la joven.
Desde hace una semana, junto a otros compañeros, se ha sumado al plantón que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPY-MN) – movimiento creado hace 28 años – mantiene en Palacio Nacional, sede de las oficinas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Resguardados bajo unos toldos de plástico, acostados en colchones o cartones, exigen que se cumplan diversas reivindicaciones.
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Pero no son las únicos inconformes en el plantón de Palacio Nacional. Hay personas que llegaron desde Nayarit para exigirle al gobierno iniciar una negociación sobre el pago por los terrenos agrícolas en los que se construyó la autopista de Tepic a Nayarit.
Otro grupo procede del estado de Puebla y pide justicia por los casos de asesinatos de líderes sociales como Manuel Gaspar (activista de Cuetzalan que se oponía a proyectos de minería abierta y que fue ejecutado en mayo de 2018) o Antonio Esteban (defensor muerto a tiros en Cuauhtapanaloyan en 2014).
También está Aracely Cruz y otros representantes de su comunidad en Chiapas, que dicen que no van a marcharse hasta que el Ejecutivo acepte sus demandas: justicia, desarticulación de los grupos armados y retorno seguro.
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Por el momento, solo han mantenido un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Según la propia Aracely, éste les prometió revisar su caso, aunque hasta el momento no han visto avances. Animal Político trató, sin éxito, de obtener la versión de la subsecretaría.
A Aracely Cruz no le tiembla la voz al recordar aquella jornada de hace tres años en la que la vida dejó de ser lo que había conocido hasta el momento. “Estaba en mi casa con mi familia cuando llegaron los grupos armados. Nos agredieron con piedras, palos, armas de fuego. Algunos lograron huir, otros no y nos quedamos encerrados en la casa”, dice.
Aquel día mataron a su padre en su propia casa. También a Adriana, una niña de 12 años. Aunque ella estaba ahí junto a otros familiares, dice que no pudieron sacar a su padre y llevarlo a un centro médico “porque los paramilitares habían tapado todos los accesos”.
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Las publicaciones de la época hablan de un “enfrentamiento” entre partidarios de la entonces presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez; y seguidores de Miguel Santiz Álvarez, quien ejerció como alcalde sustituto de Chenalhó. La versión de Aracely, sin embargo, es diferente. “Era un grupo de entre 40 o 50 personas, armados, encapuchados”, dice.
La mujer señala a la antigua alcaldesa como responsable directa, pero también al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y a Eduardo Ramírez Aguilar, los dos senadores en activo.
“Los dos estaban en el comité del Partido Verde Ecologista y ese día estuvieron a favor de la presidenta”, afirma Aracely.
“Ese día, hace tres años, salimos de nuestras comunidades, robaron nuestras cosas, quemaron nuestras casas”, lamenta la mujer.
Recuerda además que, tras el ataque, los 238 desplazados se fueron a Chenalhó, donde se refugiaron en la casa de Cultura. Nueve meses aguantaron hasta que, nuevamente, se repitieron las amenazas. Desde entonces están en San Cristóbal de las Casas.
“No podemos salir de ahí, no podemos trabajar porque estamos amenazados por los grupos armados que operan en Chenalhó”. Según relata, viven en un campamento, “en casitas de granjas de pollo”.
Aracely Cruz lamenta el abandono por parte de las instituciones. Dice que la anterior administración, la liderada por Enrique Peña Nieto, siempre ignoró sus peticiones. “El gobierno anterior nunca nos tomó en cuenta. No tuvo la capacidad de apoyarnos. Somos gente indígena. No resolvió nuestros problemas”, afirma.
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Al hablar sobre sus viviendas abandonadas llega la nostalgia. “Allí crecimos, allí tenemos nuestra cultura, nuestras posesiones, hoy cumplimos tres años de nuestro desplazamiento forzado”, dice, mientras se suma a una marcha que este domingo 26 de mayo partió desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.
“Tenemos nuestras comunidades abandonadas porque ahí siguen los grupos paramilitares. Exigimos cárcel para ellos”, afirma. “Es gente del pueblo. Siguen viviendo ahí felices con sus familias”, asegura.
La pregunta es obvia: ¿conoce los nombres de las personas que mataron a su padre? “A mi papá le disparó el señor Maximiliano Entzin Cruz. A mi mamá, Juan Entzin Cruz. A mi hermano, Germán Gutiérrez”, asegura.
No sólo eso. Dice que hay órdenes de captura en contra de estas personas pero, hasta el momento, no han sido cumplimentadas.
“No han sido detenidos, se ejecutaron órdenes de aprehensión, pero los asesinos no están en la cárcel”.
La joven dice no tener miedo por señalar a quienes, según su versión, apretaron el gatillo y mataron a su padre. “No tengo miedo. No hemos hecho nada. Son ellos los que nos hicieron el daño. Nos agredieron ese día, vamos a seguir luchando hasta encontrar justicia”, asegura.
Después de una semana, Cruz López afirma que no tiene intención de levantar el plantón hasta que no se resuelva su demanda. Y muestra su confianza en López Obrador y en el actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. “Les pedimos que nos apoyen, que resuelvan nuestros problemas. Confiamos en ellos, les dimos el voto, pedimos que nos resuelvan el problema”, insiste.
“Exigimos justicia para nosotros como desplazados. Tenemos derechos”, dice la mujer. Volver a casa sigue siendo su principal objetivo. Mientras, duerme bajo un toldo de plástico frente al palacio presidencial.
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