Piñera sale en defensa de la consulta indígena pese a incidentes y llamados a bajarla


El Presidente Sebastián Piñera defendió la realización de la consulta indígena, pese a los llamados desde la oposición a retirar el proceso y los múltiples incidentes que se han producido en varias zonas del país.
Piñera sufrió en carne propia la división que provoca el tema, porque en una actividad en terreno en San Juan de la Costa, Región de Los Lagos, una mujer lo increpó señalándole que “el pueblo mapuche no está de acuerdo con la consulta indígena”. La respuesta del Mandatario fue señalar que “estamos haciendo la consulta precisamente para escuchar a nuestros pueblos indígenas (…) los estudios de opinión que hemos podido hacer muestran que hay un gran apoyo a los cambios que queremos introducir a la Ley Indígena”.
Además, en alusión a los incidentes que han marcado la consulta, el gobernante sostuvo que hasta la fecha “hemos hecho 15” , de un total de 70.
Más incidentes
Sin embargo, esta jornada, nuevos incidentes siguieron marcando el proceso impulsado desde el ministerio de Desarrollo Social. En Freire, Región  de la Araucanía, comunidades mapuche protestaron contra el proceso, mientras en Concepción cerca de 50 asistentes rechazaron realizar el acto, leyeron un comunicado y se retiraron, informó Radio Cooperativa. A estos traspiés para el Gobierno se sumaron comunidades de Purranque y San Juan de la Costa que también decidieron restarse del proceso.
Esto se suma a lo sucedido el lunes, cuando se registró una violenta riña entre Carabineros y mapuches en la comuna de San Bernardo, que dejó un saldo de 11 detenidos. El hecho ocurrió a las afueras de la Gobernación Provincial del Maipo, cuando se llevaba a cabo la reunión entre autoridades provinciales y representantes de diferentes comunidades de las comunas de El Bosque, Buin, Paine, San Bernardo y Lo Espejo.
Una de las dirigentas, María Catrileo acusó a la Gobernadora del Maipo, María José Puigrredón de haber provocado el caótico momento por haber excluido a las comunidades luego de que éstas rechazaran la consulta, y procediera a reunirse con otras personas para “cortar” los puntos de la sesión llegando a un acuerdo de la consulta. “Fue una jugada muy sucia”, indicó la comunera a Radio Cooperativa.
Antes, en Victoria, en el internado Jorge Alessandri cuando 30 personas en su mayoría comuneros mapuches ingresaron al lugar donde se realizaba la consulta indígena, donde causaron destrozos y agredieron a una funcionaria del ministerio de Desarrollo Social.
PPD pide retirar la consulta
En medio de estos conflictos, desde el Partido por la Democracia se pidió al Ejecutivo retirar la consulta, destacando que sus propuestas van en contra de sus derechos.
A través de una declaración pública, el vicepresidente nacional de pueblos indígenas del PPD, Domingo Namuncura, sostuvo que “las  propuestas afectan derechos conquistados por los pueblos indígenas que están representados en la ley que se pretende modificar”, agregando que “las tierras indígenas han sido sometidas a todo tipo de injustas, ilegales y arbitrarias enajenaciones”.
“Hoy se busca afectar tales derechos, reduciéndolos a un mero objeto transable en el mercado. Se pretende también afectar la organización ancestral de comunidades, al querer permitir que con tan sólo un mínimo de dos personas se puedan constituir múltiples asociaciones, lo que afecta a la concepción indígena sobre la tierra y la colectividad”, indicó.
Namuncura aseveró que la “eventual aprobación constituiría un gravísimo retroceso legal en nuestra historia democrática post dictadura militar”.
También hizo referencia a la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, sosteniendo que tras ese hecho “las confianzas de los pueblos indígenas en las instituciones del Estado han decaído muy profundamente”  y que esta consulta “emerge en un momento muy crítico en las relaciones con el Gobierno”.
El líder indígena advirtió que la idea del Gobierno “traerá nuevas tensiones y consecuencias para la paz y la convivencia entre indígenas y Estado”.
Entre las medidas consultadas en el proceso están la flexibilidad de la normativa para la división de la tierra comunitaria en títulos individuales, permitir su venta y que una asociación indígena pueda ser constituida por un mínimo de dos personas, entre otros aspectos.



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