El “deudómetro” de la Universidad Autónoma de Baja California no cede. El monto que el gobierno estatal debe a la universidad se redujo hace tres semanas, con un abono que bajó de 988 a 933 millones de pesos; sin embargo, el tiempo sigue transcurriendo y la deuda regresó al punto de partida, pese a que el Estado realizó un pago más.
Mientras la deuda sigue, el personal de la máxima casa de estudios estatal recorta gastos en telefonía y gasolina, y la Tesorería evalúa cuáles de sus propiedades puede vender para recaudar fondos.
La deuda del gobierno de Baja California con la universidad estatal es histórica, han señalado sus funcionarios y académicos, pero tuvo un pico en octubre de 2018, cuando el gobierno de Francisco Vega suspendió del todo los pagos presupuestales a la institución, dejándola sin su fuente de ingreso principal y obligándola a echar mano de su Fondo de Emergencias para pagar las nóminas.
Ante esta situación, el rector Daniel Valdez decidió colocar un “deudómetro” que informara públicamente a cuánto asciende la deuda cada día, en su sitio web y en mantas a la entrada de cada plantel.
La tarde del pasado lunes el conteo ascendió a mil 44 millones de pesos, pero ese mismo día el gobierno realizó un depósito de 28 millones y otro de 27 millones el martes, informó a este medio el tesorero de la Universidad, Víctor Alcántar. Con estos abonos, el adeudo regresa a los 988.5 millones con los que inició el “deudómetro”.
El tesorero informó a Animal Político de las nuevas medidas que está tomando la universidad para solventar sus gastos, previendo que el adeudo no sea liquidado en breve.
“Estamos haciendo un análisis de las propiedades que la universidad pudiera someter a la venta, una vez que el patronato universitario lo revise y lo autorice”, confirmó Alcántar Enríquez. Entre los terrenos que podrían vender o subastar, mencionó una reserva territorial para producción agrícola de 96 hectáreas, así como otras seis u ocho propiedades.
Sin embargo, precisó que los terrenos sólo se venderán si reciben una oferta adecuada por ellos, pues hasta el momento no es necesario rematarlos para obtener fondos.
“Nosotros podemos sacar a subasta los bienes y si no se ajustan a un precio mínimo de mercado, no lo subastamos y volveremos a integrar una nueva oferta. No vamos tampoco a malbaratar los bienes de la universidad”, puntualizó.
Aseguró que hasta el momento continúan las labores universitarias gracias a que se han financiado con los ingresos propios, con el Fondo de Emergencias –que ha servido en desastres como el terremoto de 2010- y recortando gastos en áreas no sustantivas, como vales de gasolina y paquetes de telefonía, que tradicionalmente ha financiado la universidad.
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“El rector y todo mundo estamos pagando nuestros celulares, estamos haciendo reuniones virtuales a través de videoconferencias, tratar de abatir nuestras salidas en lo posible para que en estos momentos que son de emergencia gastar únicamente lo muy necesario y justificado”, precisó el tesorero.
Afirmó que las restricciones se han hecho sin afectar la vida académica y de investigación, materiales de laboratorio y bibliotecas; al igual que los pagos a proveedores y acreedores.
“Con ese esfuerzo hemos podido trabajar sin suspender labores ni nuestros compromisos principalmente con las nóminas, que es un tema sagrado”, dijo.
No obstante, el consejero universitario de la UABC, Daniel Jiménez, aseguró a este medio que para el periodo 2019-1 se cancelaron cinco programas que impactan directamente a la formación de los estudiantes: Becas, Programa de Investigación, Programa de Presencia Cultural, Proyecto de Servicio Social y el de repoblación del pez totoaba en el Alto Golfo de California.
“La exigencia de los estudiantes es que se pague el adeudo total, que haya transparencia en el uso de los recursos y que se haga una auditoría para saber dónde quedaron.
Adicionalmente, exigimos que se bajen los altos sueldos, particularmente el rector, los titulares y los mandos medios”, expresó Jiménez Trejo.
El consejo universitario, al que pertenece Daniel Jiménez, tiene una injerencia directa sobre los presupuestos de la universidad, al participar en la aprobación del proyecto anual que se envía al Ejecutivo. La inconformidad estudiantil se deriva del salario del rector Daniel Valdéz, que es de 132 mil pesos mensuales, según la secretaría de Transparencia de la institución.
Una ‘élite dorada’ en medio de la crisis
Los profesores de la UABC rechazan, sin embargo, que la universidad esté haciendo todo lo que puede para sobrellevar esta crisis financiera. Profesores jubilados y en activo entrevistados por Animal Político expresaron que la relación entre el gobierno y las autoridades universitarias es un juego de poder, en el que ambos obtienen beneficios a cambio de no ser fiscalizados o cuestionados.
“Hemos comentado que van a querer cortar el papel del baño, el café, y no el verdadero problema que nos tiene preocupados a muchos, que son los salarios altos de los funcionarios, que se fueron a los cielos”, dijo Laura Treviño, profesora retirada.
De acuerdo con el sitio de Transparencia de la Universidad, los exrectores de la UABC obtienen ingresos netos superiores a 50 mil pesos mensuales, que incluyen prestaciones como el Reconocimiento a la Antigüedad, concepto que ronda los 25 mil pesos; aunque este monto se paga no sólo a los exrectores sino a todo el personal académico y administrativo, según el tesorero, ya que se trata de una obligación contractual.
“Todos los profesores universitarios y todos los trabajadores administrativos tienen una prestación que empieza a generarse a partir del quinto año de trabajo y puede llegar hasta el 65% de quienes llevan 30 o más años de servicio a la universidad, ahí se topa. Esa la tenemos todos, es lo que generamos a lo largo de nuestra trayectoria”, puntualizó Alcántar.
Treviño y otra maestra que solicitó el anonimato porque sigue activa en la universidad, señalaron que existe una “burocracia dorada” conformada por funcionarios activos, el rector y los exrectores, que “indebidamente reciben una serie de privilegios, pensiones elevadas fuera de lo normal, espacios de trabajo, cosas que no deberían darle a los exrectores”.
Los 11 exrectores pertenecen al Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU), un órgano de investigación al que cada exrector ingresa de manera automática al retirarse, y dentro del cual pueden realizar o no proyectos de investigación que les generan altos ingresos.
Para las profesoras consultadas, el nivel de productividad de ese centro no justifica los onerosos gastos, que en el presupuesto 2019 de la Universidad están etiquetados por nueve millones de pesos tan sólo en salarios; mientras que los gastos operativos para todo el año están proyectados en solo 667 mil 551 pesos.
El tesorero de la UABC definió al CESU como un organismo de estudio, de opinión, consulta, orientación y apoyo a las funciones de la universidad, y citó como ejemplo de sus productos el Reglamento de propiedad intelectual de la universidad, que fue “promovido, trabajado y generado por el CESU”.
Explicó que entre los exrectores hay algunos jubilados, a los que la universidad ya no les paga salario, sino que reciben lo que les corresponde del sistema de pensiones de la universidad, “como cualquier profesor cuando se retira”. Y entre los activos, dijo, algunos reciben remuneraciones por proyectos específicos asignados dentro de su facultad, pero no en el CESU.
“Los que cobran algo adicional es porque hacen un trabajo adicional a sus funciones como profesores”, aseguró.
Pero los académicos consideran excesivos y poco transparentes estos pagos, particularmente en el contexto de una crisis financiera derivada de la millonaria deuda del Estado. Refieren que el beneficio mutuo que encuentran el rector y el gobierno es que el gobierno no fiscaliza a la universidad, y ésta no protesta lo suficiente ante la deuda.
“Esa burocracia dorada ha estado defendiendo que no se metan a ver sus números, ellos negocian con el gobierno del Estado y se la llevan suave”, señalaron las profesoras.
Por su parte, el también profesor retirado Daniel Solorio calificó como “suavecito y tibio” el reclamo que está haciendo actualmente el rector Valdez frente al adeudo: instalar lonas con un ‘deudómetro’ mientras por otro lado frena la protesta estudiantil, según su testimonio y el del estudiante Daniel Jiménez.
“El gobierno estatal no recibe reclamos de parte de las autoridades universitarias y estas hacen todo lo que pueden para que tampoco los estudiantes reclamen, por eso son muy pocas las voces estudiantiles y de personal académico que se escuchan a pesar de este problema tan severo”, lamentó el profesor Solorio.
En tanto, este domingo 2 de junio se celebrarán elecciones en Baja California para elegir a su próximo gobernador. El mandatario actual, Francisco ‘Kiko’ Vega, mantiene al estado endeudado con créditos bancarios que no se sabe en qué fueron utilizados, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación.
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