Programas sociales de AMLO no ayudan a erradicar la desigualdad: IMCO

Los cambios a los programas sociales hechos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han funcionado para reducir los niveles desigualdad que imperan en el país.
Lo anterior se comprobó con un diagnóstico realizado a 10 programas sociales por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Como resultado se encontró que cuatro de éstos fueron eliminados; dos se encuentran en riesgo de desaparecer y sin reglas de operación; y el resto no tienen reglas claras o solo se les dio un ingreso adicional, asumiendo que con ello sería suficiente para mejorarlos.
Los cambios no funcionaron y al día de hoy ninguno de estos 10 programas, a los cuales se les destinó alrededor de 2.6 billones de pesos, sirven para eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados.
Entre los programas analizados, el IMCO resalta tres casos: Prospera Programa de Inclusión Social, Estancias Infantiles y el Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.
En el caso de Prospera, el programa fue eliminado y sustituido por un programa educativo de transferencias no condicionadas, es decir, de transferencia directa a los beneficiarios, pero sin los componentes de salud y alimentación, para este el gobierno federal destinó 68.5 mil millones de pesos.
De acuerdo con evaluaciones hechas por el Banco Mundial en 52 países donde se replicó el programa Prospera, se tuvieron impactos positivos en salud, educación, y nutrición de los beneficiarios gracias las transferencias condicionadas, sistema eliminado por la actual administración.
“Al perderse la corresponsabilidad, se debe garantizar que los componentes de salud y nutrición sean atendidos a través de otros programas”, señala el IMCO, algo que el gobierno de López Obrador no está garantizando.
Otro de los casos menos atinados por los resultados obtenidos, es el de las Estancias Infantiles, programa que también fue eliminado y en cuyo lugar quedó un sistema de transferencias monetarias no condicionadas a los padres de los menores.
Para este año el programa recibió un presupuesto de 2.3 mil millones de pesos.
Según el análisis del IMCO este programa se modificó a pesar de haber obtenido buenos resultados en el pasado, y con las reglas actuales de transferencia directa a beneficiarios “no hay forma de garantizar que el subsidio se gaste efectivamente en enviar a los niños a una estancia infantil”.
Al dejar los recursos en manos de los padres y no de las estancias, la seguridad de los menores puede estar en riesgo además de que, con esta decisión, el gobierno “descarta la importancia de la educación en la primera infancia con la que se desarrollan habilidades críticas que incrementan el aprovechamiento educativo”.
También se dice que “se pone en desventaja económica a los padres que no tengan con quien dejar a sus hijos, pues el subsidio puede ser menor a los costos de las estancias”.
El Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad es otro de los casos que causa incertidumbre para todos sus beneficiarios debido a que se encuentra en riesgo de desaparecer.
Según el IMCO hasta el momento no hay reglas de operación para este programa  y la institución a cargo (CONADIS) no tiene titular desde noviembre de 2018. Lo que se plantea para sustituirlo es una pensión para personas con discapacidad.
Sin embargo esta pensión “no elimina las barreras que enfrenta en su vida diaria” este sector de la población.
El análisis del IMCO plantea que si bien, las evaluaciones anteriores mostraron que el programa tenía retos por la falta de un plan estratégico y de un registro de productos, es necesario contar con una estrategia para sumar la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas.
Para 2019 el Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad recibió un presupuesto de 53.91 millones de pesos, el más bajo de los 10 programas analizados.
Aunado a la incertidumbre que hoy viven los usuarios de estos tres programas, otros dos fueron eliminados: la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuya cancelación se anunció y no se sustituyó por alguna otra estrategia,  y el de los Comedores Comunitarios que no contó con presupuesto ni reglas de operación para 2019.
Tras el análisis el IMCO concluye que hay “incertidumbre en el presupuesto”, pues la mayoría de los cambios en los programas se determinaron después de definir el presupuesto para 2019.
Además de que cuatro de los cinco programas con mayor presupuesto se convirtieron en transferencias monetarias no condicionadas o con requisitos mínimos, como los casos de las estancias y Prospera, lo que no necesariamente resuelve las necesidades de los grupos vulnerados.
“El programa Prospera perdió los criterios que garantizaban impactos positivos en sus beneficiarios. Se convirtió en una beca con requisitos mínimos y se eliminó la corresponsabilidad y el monitoreo de los beneficiarios en términos de alimentación y salud”, señalan.
Ante esta situación, el IMCO propone máxima transparencia en los criterios, procesos y evaluaciones de los programas, garantizar que las políticas protejan a los beneficiarios contra riesgos sociales y evaluar periódicamente la efectividad de los programas.
Los 10 programas sociales analizados por el IMCO fueron:
Pensión para Adultos Mayores
Prospera Programa de Inclusión Social
IMSS Prospera
Programa de Estancias Infantiles
Programa de Acción Específico Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género  
Programa de Prevención y Atención de VIH / Sida y otras ITS
Programa de Coinversión Social
Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad
Cruzada Nacional contra el Hambre
Comedores Comunitarios
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