Un oficio de fiscalización al Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, envió la diputada DC Joanna Pérez, pidiendo explicaciones por la presencia de conscriptos en la consulta indígena realizada en Valdivia, y por la serie de inconvenientes y rechazos que ha tenido este proceso en varias comunas del país; consulta cuestionada por comunidades de las regiones del Bio Bio, Los Lagos y Araucanía.
La parlamentaria DC, vicepresidenta del partido y parlamentaria por el Bio Bio, agregó la necesidad de “suspender el proceso para ser reformulado y abrir espacios de diálogos con la comunidades, de tal forma que se reestablezcan las confianzas y se puede cumplir con el ejercicio de este derecho de las comunidades en virtud del Convenio 169. Después del caso Huracán y del asesinato del comunero Camilo Catrillanca, se rompieron las confianzas y esto está influyendo, tanto, como las deudas del estado que aún persisten”.
Agregó que “al menos en la región del Bio Bio existe preocupación y una legítima desconfianza por el tema de las tierras; ellos sienten que se busca , desproteger los territorios para enajenarlos y convertirlos en bienes transables. Se ha dicho, además, que tal como está, la consulta no contempla los estándares mínimos establecidos en el convenio 169”.
“Lo que ocurrió con las compra de tierras por parte del hijo de Longueira, actual jefe de gabinete del Ministro Moreno, terminó por aumentar la crisis de confianza. Este tema lo analizaremos en la comisión investigadora por compras de tierras indígenas, pero además ha influido en que muchos lideres de las comunidades estén pidiendo que se suspenda la consulta indígena. Por eso, le estamos pidiendo al Ministro Moreno que envíe a la brevedad un informe sobre el estado actual de la consulta y que suspenda el proceso hasta que podamos establecer un espacio de dialogo real con las comunidades para poder desarrollar este derecho de la mejor forma. “
Finalmente, señaló que “todos sabemos que la ley indígena requiere cambios, de hecho, estamos trabajando ya en un proyecto para llevar vacíos legales y cerrar los espacios que puedan ser utilizados para compras de tierras indígenas por parte de no indígenas; pero también es cierto que esta modificación debe incluir también las demandas históricas y legitimas de las comunidades que tienen que ver con el reconocimiento constitucional y el respeto de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT: autodeterminación, derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, y muy especialmente el derecho al agua, plurinacionalidad.”
