En su informe tras visitar Venezuela, la ex presidenta y alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, instó al gobierno de Venezuela a detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, documentados en el país.
El documento, publicado hoy, advirtió que en caso de que la situación no cambie, continuará el éxodo de emigrantes y refugiados que salen de Venezuela y se empeorarán las condiciones de vida de las personas que permanecen en dicho pa´pis.
El informe plantea además que en la última década y especialmente desde 2016, el gobierno de Venezuela y sus instituciones puso en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, dijo Bachelet.
El informe se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de DD.HH y de la situación económica en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”, planteó Bachelet.
El documento además acusa una creciente militarización de las instituciones del Estado en los últimos 10 años y acusa a fuerzas civiles y militares de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y familiares, violencia sexual y de género durante las detenciones y visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones.
La oficina de DD.HH. de la ONU, además documentó 66 muertes en las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno. y además, de acuerdo con el informe, la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad ha sido sorprendentemente alta.
En la información entregada se reportó que al 31 de mayo había 793 personas privadas de libertad arbitrariamente, entre ellas 58 mujeres y que 22 diputados de la Asamblea Nacional fueron despojados de su inmunidad parlamentaria.
En materia de libertad de expresión, el informe señala que el espacio para medios libres e independientes se ha reducido mediante la clausura de dichos espacios o de la detención de periodistas.
Además, el documento plantea que el Estado incumple su obligación de garantizar derechos a la alimentación y la atención sanitaria, y dice que los hospitales carecen de personal, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos.
Bachelet indicó que “espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, añadió.
