La escasez de agua es el mayor desafío que enfrentará la zona norte y central de Chile. Sorprende que aun sea un tema distante de las preocupaciones ciudadanas y alejado de las prioridades políticas.
Los datos son inquietantes. La pluviometría está disminuyendo en toda la zona central, mientras la agricultura se desplaza hacia el sur. La isoterma cero sube por encima de los 500 m. De 101 cuencas existentes en el territorio nacional solo 7 cuentan con un plan estratégico de gestión. Los derechos de agua otorgados superan 6 veces la disponibilidad existente en los acuíferos. Y el agua acumulada en los depósitos subterráneos continua bajando. La supervisión del uso ilegal en agricultura es mínima. La Dirección General de Agua cuenta con apenas 55 fiscalizadores. Tampoco existe información ni capacidad de medir el agua disponible. La disminución de cauces ecológicos arriesga la existencia de ecosistemas que proveen agua para el consumo humano. No existen ni piscinas de acumulación, ni tranques a los pies de la cordillera para retener aguas lluvias y de deshielo, cuando éste ocurre veloz. Muchas comunas rurales se abastecen crecientemente con camiones aljibes, de alto costo. También los glaciares están retrocediendo.
La institucionalidad del Estado está dispersa. La OCDE y del Banco Mundial distinguen más de 40 instancias que participan en decisiones que conciernen al agua. La información estadística es escuálida y su escasez dificulta la elaboración de medidas eficaces. La desalinización está en manos de cada interesado, sin plan ni concierto. Cada empresa busca satisfacer sus necesidades con proyectos individuales, que solo pueden financiar las mineras y, en caso límite, las sanitarias. En la actualidad existen 20 proyectos para desalinizar, sin plan nacional.
Si no revertimos a tiempo esta tendencia, el país desembocara en una crisis mayor, se frenará el crecimiento en particular agricultura, minería y silvicultura. Incluso puede llegar a amenazar el consumo humano. Dicha situación exige un Programa Hídrico 2040 o 2050, como Chile lo hizo en Energía 2050, con participación de todos los involucrados. El programa debe informar a la ciudadanía y despertar la atención, constituir una institución con poder de coordinación, mejorar las mediciones en todo el territorio, instalar una institucionalidad en cada cuenca para mejorar la gestión. Debe proponer nuevas normas que promuevan ahorrar agua, reciclarla, impulsar riego de precisión, recambio a cultivos con menor requerimiento hídrico, realimentar acuíferos, forestación con especies nativas, reparación de las riberas de los ríos, pavimentos permeables. Además, deberá evaluar proyectos mayores, construir embalses, revestir canales y estudiar nuevas fuentes de agua. Se deberán estudiar proyectos de desalinización y de transferencia de agua captada en la desembocadura de ríos, de sur a norte. Existen dos anteproyectos, uno por tierra y otro por el borde submarino. Es indispensable convenir los cambios constitucionales y legales que den garantía a la ciudadanía chilena de que el agua es un bien nacional de uso público.
Aún es tiempo de reaccionar. Podemos cambiar de escenario. El gobierno puede conformar un Consejo Nacional del Agua, con participación de los principales actores sociales y productivos, que trace una estrategia, sugiera la nueva estructura institucional, proponga obras, proyectos, regulaciones, investigación y metas. Que busque acuerdos sobre los cambios legales y constitucionales, coordine a los actores en cada cuenca y destine los recursos financieros necesarios. Existen estudios valiosos para iniciar esta labor, el más reciente es Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile, de la Fundación Chile.
Solo así se integrarán todos los elementos necesarios para asumir una misión que comprometa a todos los chilenos.
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