Lo anunció el jueves pasado mientras participaba en un matinal y hoy lo anunció. El Presidente Sebastián Piñera presentó este lunes una iniciativa que modifica la Ley de Arriendos que data de 1982.
Según señaló, con ella busca generar un equilibrio entre arrendadores y arrendatarios y que ninguna parte se sienta desprotegida, especialmente cuando el ocupante genera una mora del pago reiterada o acumulada en el tiempo, y muchas veces la evade de mala fe. “Este proyecto de ley lo que buscar es hacer justicia en el mercado de arriendos. Todos los años hay cerca de 20 mil juicios por arrendamiento que demoran en promedio más de ocho meses y eso produce un daño muy grande a ambas partes y por esa razón lo que busca es terminar con los abusos y agilizar los procesos para que la justicia pueda volver a reinar”, manifestó el Mandatario al respecto.
“Cuando una persona arrienda su propiedad a otra persona es porque confía en esa persona, hoy día la ley permite que esa otra persona pueda subarrendarla a cualquiera, lo que establece este proyecto de ley es que el subarriendo sólo se permite cuando está expresamente contemplado en el contrato”, agregó.
El proyecto propone agilizar los procesos de solución de controversias y restitución del inmueble en el caso de arrendatario morosos. Además busca acelerar la notificación de las demandas de arrendamiento y permitir que un juez entregue en forma anticipada la propiedad a su dueño.
También se fijará un plazo de 10 días para dictar sentencia, se acelera su cumplimiento y se facilita el procedimiento para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios, de tal forma de evitar que un propietario deba pagar deudas que no le pertenecen.
La iniciativa también incluye que se puedan efectuar demandas, sin abogado de por medio, si el valor mensual del arriendo llega hasta las 8 UTM ($ 400 mil aproximadamente), lo que representará un ahorro relevante para los afectados.
También se establecerá una protección para los arrendatarios, y las viviendas deberán cumplir con el estándar que exige la ordenanza general de urbanismo y construcciones, con multas de no cumplimiento entre cinco a 100 UTM ($250 mil a $5.000.000).
“Hemos visto muchas piezas o viviendas que se arriendan sin ningún mecanismo de seguridad, sin ningún mecanismo de salubridad y eso también es una forma de abuso”, sentenció Piñera.
