Tras el informe presentado por la Compañía de Jesús sobre la investigación contra el cura Renato Poblete, que confirmó los abusos sexuales, de poder y conciencia cometidos por el fallecido sacerdote, parlamentarios exigieron apurar el trámite del proyecto de ley, despachado por la Cámara al Senado, que establece la obligación a todas las autoridades religiosas para denunciar estos delitos.
Una de las voces fue la del diputado DC Raúl Soto, quien emplazó al Gobierno a “demostrar que existe real voluntad política”, para terminar con la impunidad en los casos de abuso sexual de la iglesia católica, solicitando poner urgencia al proyecto de su autoría, que obliga a sacerdotes y miembros del clero denunciar cuando tomen conocimiento de delitos contra niños, niñas y adolescentes.
El resumen ejecutivo del informe, fue entregado esta mañana a la Fiscalía Metropolitana Sur, lo que fue calificado como “insuficiente” por el diputado Soto, quien sostuvo que “los abusos del cura Renato Poblete, datan de 1960 hasta el año 2008, en ese periodo de tiempo, está claro que existió encubrimiento por parte de la iglesia católica y nadie se hace responsable de ese delito”.
“Aquí hubo abuso a 22 mujeres, incluidas menores de edad y luego de años en silencio, esto sale a la luz para decirnos una vez más, que necesitamos nuevas leyes que obliguen a los religiosos denunciar estos casos cuando estén bajo su conocimiento”, añadió.
En esa misma línea, Soto explicó que este caso “conmociona a toda la ciudadanía por su nivel de crudeza”, y agregó que es un deber “ético y moral del Gobierno, dar urgencias al proyecto que obliga denunciar los abusos”, ya que la iniciativa contempla que “todas las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y, en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia, estarán obligados a denunciar, sin privilegio ni excepción alguna”.
Otro que se sumó al emplazamiento fue el senador socialista, Alfonso de Urresti, quien respaldó el proyecto que obliga a las autoridades eclesiásticas a denunciar abusos sexuales porque, en su opinión, de esta forma se evitarán los círculos de impunidad y corrupción que se han generado al interior de la Iglesia Católica.
Se debe “evitar que se perpetué la impunidad en estos círculos de protección nefastos para la seguridad de las victimas y que simplemente han operado en favor de los abusadores”, manifestó.
Cabe mencionar que el proyecto, despachado en abril pasado por la Cámara de Diputados al Senado, hace extensiva la obligación de denunciar abusos sexuales, a las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, y, en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas, en razón de la práctica de alguna creencia.
