BCI reacciona ante requerimiento presentado por la FNE: han actuado “dentro de la normativa vigente”


La Fiscalía Nacional Económica (FNE) puso término a dos investigaciones sobre el funcionamiento de las licitaciones de seguros asociados a créditos hipotecarios, con la presentación de un requerimiento contra el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y con el envío al Ministerio de Hacienda y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de propuestas de cambios normativos sobre la regulación de estos productos.
En su requerimiento, la FNE señala que el BCI infringió el artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la licitación del seguro colectivo de desgravamen asociado a sus créditos hipotecarios del 2017, pues excluyó arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, presentada por la aseguradora BICE con los servicios de corretaje de BCI Corredores. Tras esta decisión, el banco emitió un comunicado señalan que “reiteramos nuestra convicción en cuanto a que el actuar del banco se ha enmarcado permanentemente dentro de la normativa vigente. Por lo mismo, rechazamos de manera absoluta las imputaciones contenidas en el requerimiento, respecto a la actuación arbitraria y discriminatoria del banco en el proceso de licitación”.
En el texto, firmado por el gerente general de BCI, Eugenio Von Chrismar, explican que “la normativa exige que se adjudique la licitación a quien presente la oferta de menor valor y que cumpla con la totalidad de las exigencias contenidas en la normativa vigente y en las bases de la licitación para todas las empresas participantes. En este caso, la licitación no pudo ser adjudicada a la empresa que ofrecía el menor precio, ya que ésta no cumplía con los requisitos que nos exigen los reguladores”.
Asimismo declaran que “estas licitaciones son procesos que se encuentran regulados por diferentes normas legales y administrativas, debiendo los fiscalizados dar cumplimiento a ellas”.
“Nos defenderemos ante las instancias que correspondan para demostrar que hemos actuado en todo momento de manera transparente, con respeto a la reglas de libre competencia y estricta sujeción a las normas vigentes, velando asimismo por los intereses de nuestros clientes”, señaló finalmente Von Chrismar.



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