Los tristes -y probablemente punibles- hechos ocurridos en un centro de Aldeas Infantiles SOS en Quilpué, como ha sucedido con otros casos dramáticos bien conocidos, disparan un sentimiento generalizado de indignación y un no menor deseo de castigo a los culpables.
Atendiendo a estos sentimientos, las instituciones responsables de la protección a la infancia reaccionan rápidamente actuando en dos líneas: presentan querellas contra organismos y personas presuntamente culpables y, cesan fulminantemente a los presuntos responsables. De esta manera, a gran parte de la sociedad solo le queda la compasión por las víctimas, ya que “el problema fue eliminado de raíz”.
Pero nada está más lejos de la realidad. Desgraciadamente, solo es cuestión de tiempo para que la prensa nos vuelva a mostrar la peor cara del maltrato infantil: los abusos en centros residenciales de protección. En este sentido, es importantísimo tomar conciencia que el origen y consolidación de malas prácticas en estos lugares responde, realmente, a causas que van más allá de la negligencia o el perfil psicopático de determinados empleados. En efecto, existen al menos tres elementos claves que es necesario considerar urgentemente.
Uno es la cuestión de valores. Es una realidad constatada que el maltrato infantil, como ocurre con los actos violentos contra las mujeres, es perpetrado fundamentalmente en el ámbito familiar, lo que revela una cuestión valórica -cultural- que está presente en todos los episodios de violencia doméstica y, que puede resumirse en la siguiente sentencia: se maltrata a los niños, porque se puede, porque la fuerza física de quien lo hace se lo permite, la sociedad lo tolera y hasta fomenta.
Frases como “mi hijo es mío y lo que haga con él es cosa mía”, “en mi casa nadie tiene que intervenir”, “mi padre me pegaba y así a aprendí a ser una persona de bien”, son manifestaciones de una situación considerada normal para una parte importante de la sociedad y aunque se ha iniciado un proceso de cambio significativo, todavía está demasiado presente la convicción que pegarle a un hijo es algo normal, hasta aconsejable. Es fundamental, entonces, reparar en aspectos del acervo cultural para afrontar, con expectativas de éxito, cualquier análisis e intervención sobre el maltrato infantil.
También y más si cabe en el caso del maltrato institucional, no hay que olvidar que un centro de protección infantil es el hogar de los niños y niñas allí acogidos, por lo que en la práctica, los educadores y profesionales de trato directo son, de hecho, su familia.
Hay que tener en cuenta que gran parte de los niños y niñas residentes en centros, provienen de contextos muy negativos, por lo que a menudo hay comportamientos disruptivos, lo que puede llevar a explicar el uso de la violencia para corregirlos. Una explicación pobre, puesto que la totalidad de las investigaciones centradas en las características de los “niños difíciles”, han sido hechos a posteriori, por lo que es imposible deducir si el niño es maltratado porque “es un niño difícil” o “es un niño difícil”, porque ha sido maltratado. No es posible concluir algo definitivo sobre las características de estos niños como causa de los abusos que sufren, en cambio sí podemos asegurar que son sus padres o cuidadores quienes les atribuyen la condición de “difícil” o “malo”, para explicar un trato injustificable.
Se requiere, entonces, de un importante cambio de valores en la sociedad chilena en su conjunto y, claro está, en los profesionales que han de trabajar directamente con niños, niñas y adolescentes ingresadas en centros de protección.
El segundo elemento a considerar es la pobre formación específica y especializada de los profesionales de los centros de protección a la infancia en Chile. Para trabajar con niños y niñas en centros residenciales, participando por tanto en su educación formal y en la adquisición de habilidades para una adecuada socialización y adaptación, no es suficiente con ser psicólogo, trabajador social o profesor, es necesario contar con capacitación específica y especializada. En este sentido, las administraciones públicas y facultades universitarias deberían incrementar sus esfuerzos por desarrollar programas de formación, que incluyan entrenamiento en metodología de la intervención social de tipo competencial, que garanticen la adquisición de conocimientos y habilidades sobre educación social, gestión de conflictos y desarrollo de programas educativos individualizados.
La propia Convención de Derechos del Niño debería ser objeto de seminarios, debates, conferencias, actividades docentes, campañas de sensibilización social y, debería también impregnar los currículos de los diferentes profesionales que directa o indirectamente intervienen con la infancia
El tercer factor es la carencia de una red universal y normalizada de servicios sociales de atención primaria. El sistema de protección social chileno -muy complejo y poco articulado- ha concebido la protección social a la infancia de manera más asistencial que preventiva, dirigiendo sus esfuerzos a contener urgencias o situaciones críticas, en el marco de las llamadas políticas de focalización, más que a incorporar recursos que hagan a niños y niñas menos vulnerables.
Si por el contrario hubieran basado la protección social en derechos y centrada en el bienestar a través de políticas universales, hubiera facilitado la implementación de dos instancias de atención y protección social: un primer nivel de servicios sociales de atención primaria, que detecta y contiene el riesgo y, un segundo nivel especializado, que analiza y dicta medidas de protección sobre situaciones graves o de desamparo.
El carácter especializado del Sename es claro, pero como no existen los centros de servicios sociales de atención primaria, los casos de riesgo y desprotección infantil se agravan y terminan con ingresos, más o menos, prolongados.
Es necesario, por tanto, concebir la protección a la infancia como un sistema complejo, en ningún caso como la adición de recursos o dispositivos independientes. Todos los estudios indican que las situaciones de desprotección infantil suelen comenzar por circunstancias de riesgo valorables y, casi siempre, perfectamente solucionables desde servicios sociales de atención primaria, a través de intervención familiar. Solo cuando las circunstancias o la situación de desprotección se agrava, se puede y debe derivar el caso a servicios especializados.
Obviamente existen situaciones de desamparo, que son detectadas por el sistema de protección cuando el caso ya es grave, lo que implicará tomar medidas de protección especializadas desde el origen, pero ello no implica que no haya conexión entre las dos instancias mencionadas, sino todo lo contrario, ya que esta relación facilitará la posterior reinserción del niño o niña a su entorno natural.
Si no se afronta con decisión el reto de cubrir estos tres graves problemas, la protección social a la infancia en Chile seguirá enferma y sus tres dolorosas heridas, seguirán abiertas.
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