Uno de los temas más debatidos actualmente es la iniciativa parlamentaria que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Tantas son las expectativas que ha generado la idea, que las encuestas la sitúan con una alta significancia y ha obligado a que autoridades públicas y personeros privados expresen opiniones (con matices) respecto a la idea liderada por Camila Vallejo, diputada de la República.
Algunos actores, probablemente obnubilados por el mecanicismo productivo, creen que 5 horas semanales menos creará un golpe negativo en la producción y en las ventas, con las consiguientes readecuaciones de dotaciones de empleados y, por ende, aumento del desempleo. Sobre esto, un dato duro lo entregó el exministro Valdés, que mostró una estimación de costos para las empresas de dos dígitos, propio de un asesor de comisiones económicas de partidos del Gobierno, más que un economista progresista.
Por otro lado, algunos, cegados por velos ideológicos, apuestan a que la reducción discipline a empresarios y rentistas del capital, porque ellos solo buscarían la explotación del trabajador, permitiendo, con la reducción horaria, una notoria mejoría en calidad de vida en la sociedad. Probablemente la verdad está en algún punto intermedio y la discusión experimenta lo mismo que la de la reforma a las pensiones: no se puede bloquear en el Congreso por su alto costo.
¿Qué político (astuto) quisiera tener en su currículo un voto en contra de la ley que busca que la gran masa laboral pase más tiempo con su familia y sustituya trabajo por ocio? (Ocio es aquella parte del tiempo que no es dedicada a trabajar y no tiene per se una connotación peyorativa ni negativa). La iniciativa que busca reducir la jornada laboral fue planteada en un momento sensible de la actividad legislativa porque, por un lado, la oposición está diluida y, por otro, no se define aún quién realmente podría representar los intereses de la mayoría de la clase trabajadora.
Por tanto, esta iniciativa permitirá que los parlamentarios muestren el compromiso con un tema que, por lejos, es el más significativo, en el corto plazo, para los trabajadores que poseen un contrato formal en el país.
El comportamiento y la forma de votar de estos parlamentarios serán seguramente evaluados por la ciudadanía en la próxima votación parlamentaria. Además, puede incidir en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores. En términos de la teoría económica, este es un mecanismo revelador de las preferencias de los agentes (parlamentarios, Gobierno y empresarios) y mostrará quién es quién, en lo referente al trabajo y calidad de vida.
Efectivamente, este simple proyecto de ley es una desafiante jugada política, que incluso puede tener buenas intenciones. Sin embargo, en economía siempre hay que tratar de adelantar todos los efectos de la acción que se busca implementar, como también los resultados para todos los actores, sin excepción. No es efectivo que la medida no afecte al crecimiento económico, que a su vez constituye una árida medida del bienestar social, utilidad o felicidad (usualmente se consideran como equivalentes).
El mismo Presidente de la República ha tenido que entrar al ruedo para tratar de frenar comunicacionalmente la bola de nieve que ha generado la idea de reducir la jornada laboral y que puede tener consecuencias inciertas. Por el lado de la CPC, la idea no fue demonizada, incluso, en otro movimiento estratégico, se planteó la posibilidad de flexibilizar su entrada con una reducción escalonada hasta llegar a las 5 horas propuestas.
Si la ley fuese promulgada con un articulado transitorio de aplicación gradual, que permita a las empresas realizar el ajuste respectivo –sin letra chica– tendríamos, en régimen, una jornada similar a la de países desarrollados pero con productividad y producto de país en vías de desarrollo. Hasta aquí nada muy interesante ni novedoso, sin embargo, son los efectos del cambio institucional y los hábitos asociados en los cuales no ha habido mayor debate.
La propuesta no implica la reducción del salario, es decir, por un acto administrativo, el valor del trabajo aumenta, así como la productividad nacional, indicadores que obviamente debe ser normalizados (llevados al valor del año del cambio) para evitar caer en medidas populistas. Por otro lado, y quizás lo más obvio de asunto, es: ¿qué efecto tendrán para la producción interna del conjunto de empresas estas horas no trabajadas? La respuesta no puede ser única, porque depende de la función de producción de cada organización o empresa.
No obstante, el foco no debería ser el producto, sino que debería analizarse el efecto en la demanda y consumo interno. Es aquí donde el efecto de la iniciativa toma una dimensión no explorada, sobre todo por quienes no ven en el mercado una herramienta que permita asignar eficientemente los recursos y, por ende, el resultado de la iniciativa podría resultar paradójico.
La reducción de la jornada laboral a 40 horas efectivas se fundamenta en que 45 es excesivo, porque el trabajador asalariado debe pasar más tiempo con su familia, elevando con ello su bienestar y el de la familia. Este supuesto es básico y mayoritariamente correcto, donde el trabajador con 5 horas más de ocio semanal dedicará su tiempo libre a la familia y a su bienestar individual. Sin embargo, cuando un consumidor representativo no trabaja se dedica al ocio y por definición el ocio es consumo.
Por tanto la pregunta ahora será: ¿qué tipo de consumo realizará la masa trabajadora con 5 horas semanales más? Esta es la pregunta que deberían responder políticos, economistas y parlamentarios.
En una sociedad que mayoritariamente presenta patrones de consumo material, si existiera la sustitución de las horas no trabajadas por ocio, se podría gatillar un aumento del consumo interno, del crédito y de un efecto inmediato en el crecimiento económico, fundado en la identidad de contabilidad macroeconómica que sostienen que producto y consumo tienen co-movimiento positivo.
Es decir, quizás sin pensarlo, los promotores del proyecto estarían aplicando las ideas subyacentemente de los economistas clásicos, transformándose en una excelente ayuda al país y a su alicaído crecimiento económico actual.
Sin embargo, quienes están del lado de Estado deberían analizar políticas públicas que se hagan cargo de las 5 horas extras de ocio de aquellos que no pueden o no quieren consumir. La propuesta legislativa debe necesariamente incluir una política integral, porque, de lo contrario, los efectos son insospechados y la iniciativa de Camila Vallejo caería en el peor de los populismos políticos.
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