Investigan a Zebadúa por caso que SFP archivó en 2015

Desde 2015, la Secretaría de la Función Pública investigó las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los convenios que la Sedesol hacía con universidades públicas, y que terminaron en presuntos desvíos.
Sin embargo, archivó el caso al considerar que todo había sido legal, y con ello exoneró a Emilio Zebadúa, entonces Oficial Mayor de la dependencia y encargado de la administración de recursos, mano derecha de Rosario Robles.
Ahora, la Fiscalía tiene abiertas más de una decena de carpetas de investigación donde incluye a Zebadúa y sus subalternos por la simulación de servicios y la “dispersión” de recursos públicos, entregados a través de convenios realizados entre la Sedesol y la Sedatu con universidades públicas, entre 2013 y 2018, incluidos los que investigó y descartó Función Pública en 2015.
De hecho, después se comprobó la mala actuación del funcionario público que realizó la investigación, Mauricio Razo, y fue inhabilitado del servicio público en 2018 por la Secretaría de la Función Pública, al considerar que no tuvo elementos legales para archivar el expediente en la Sedesol.
La investigación de Mauricio Razo, incluso, ha sido ocupada por la defensa de Rosario Robles en el proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, como un elemento probatorio de su inocencia, y de que no existieron irregularidades en su gestión en la Sedesol.
Zebadúa, en la mira de la Fiscalía
La Fiscalía General de la República mantiene más de una decena de carpetas de investigación en las cuales señala a Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedat y Sedesol, y su subalterno, Francisco Báez, exdirector general de Programación y Presupuesto, como los funcionarios encargados de liberar los recursos de las dependencias.
En la primera audiencia que enfrentó Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, el pasado 8 de agosto, la Fiscalía enumeró los 25 convenios que investiga por posibles irregularidades, y en al menos 11 de ellos, además de mencionar a los funcionarios que firmaron, también aluden a Zebadúa y Báez.
Los convenios significaron el mecanismo para “simular servicios”, y por los cuales proveedores “irregulares” recibieron recursos públicos que posteriormente “dispersaron”, para “distraerlos a usos ajenos” a lo que estaban previstos, explicaron los fiscales.
La Fiscalía acusó a Zebadúa y otros funcionarios de trabajar “unidos por el único fin de simulación de actos”. Entre los implicados también están Ramón Sosamontes, exjefe de Rosario Robles. Los subalternos de Zebadúa: René Islas, exdirector de Recursos Materiales, y Claudia Mornes, subalterna de éste, como directora de área, y Enrique Prado Ordoñez, director de Adquisiciones. También Marcos Salvador Ibarra, director general que dependía de la Coordinación de Delegaciones.
José Antolino Orozco, exdirector de Geoestadística y Padrones; Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu, y Armando Saldaña, exdirector general de Ordenamiento Territorial, quienes han denunciado penalmente la falsificación de sus firmas en los convenios fraudulentos.
La exoneración
En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en sus informes sobre cómo se gastaron los recursos de la Sedesol presuntas irregularidades en los convenios que la dependencia había hecho con las Universidades Autónomas del Estado de Morelos y del Estado de México, para hacer supuestos servicios que en realidad se simularon y, por tanto, hubo un presunto desvío de recursos públicos.
Por ello, pidió al Órgano Interno de Control de la Sedesol (el área que vigila la correcta actuación de los funcionarios públicos y depende de la Secretaría de la Función Pública), que investigara los procedimientos para deslindar responsabilidades.
El encargado de hacerlo fue Mauricio Razo, extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol. La investigación se concentró en Emilio Zebadúa, Humberto René Islas, Sonia Angélica Zaragoza y Enrique Prado Ordoñez, que firmaron los convenios y que, según la Auditoría, significaron el presunto desvío de 865 millones de pesos.
Sin embargo, poco más de un mes después de iniciar la investigación, el 1 de octubre de 2015, Mauricio Razo determinó el cierre de la misma “por falta de elementos”. Aseguró que los funcionarios cumplieron con sus funciones y los exoneró de cualquier responsabilidad. Tan solo quince días después, el 16 de octubre, Razo pasó con el mismo cargo a la Sedatu, donde ya era titular Rosario Robles.
En 2017, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción publicaron La Estafa Maestra, una investigación periodística que reveló que las empresas contratadas para hacer los supuestos servicios eran irregulares o fantasma y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron.
Incluso, antes de publicar, Rosario Robles entregó el expediente de la investigación de Mauricio Razo como prueba de que todo se había hecho bien.
Sin embargo, en octubre de 2018, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Mauricio Razo por dos años del servicio público por la exoneración de los funcionarios, al considerar que no tuvo elementos jurídicos para cerrar la investigación. La sanción llegó un año después de que dejara su encargo en Sedesol, en 2017, pero aún podría recurrir ante un tribunal federal para tratar de revocar, o para que se decida si el castigo queda firme.
El criterio de la Función Pública también coincidió con el expuesto por especialistas de Fundar y México Evalúa, a quien Animal Político entregó el expediente para que evaluaran los argumentos legales expuestos por Razo. Concluyeron que se trató de una investigación “imparcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo.
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.#YoSoyAnimal

Source link