Niña guatemalteca enfrentó 7 horas de agonía y negligencia médica

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 77/2019 en la que responsabiliza a un médico de la Estación Migratoria “Las Agujas”, en Ciudad de México, por la muerte de una guatemalteca de diez años ocurrida el pasado 15 de mayo. En su escrito, dirigido al comisionado Francisco Garduño, la CNDH habla de “omisión, negligencia e inadecuada atención médica” que provocó el fallecimiento. Presentará una queja ante el Órgano de Control Interno del Instituto Nacional de Migración e incluirá sus recomendaciones en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General (FGR).
La menor se dirigía con su madre hacia Estados Unidos cuando fue detenida en Chihuahua. De ahí fueron trasladadas a Ciudad de México, donde llegaron en la madrugada del 15 de mayo. Estaba previsto que permaneciesen encerradas mientras se desarrollaba su trámite de expulsión.
“Le tenían que haber preguntado por qué salió de Guatemala. Si dijo que estaba huyendo tendrían que darle la opción del refugio”, dijo Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), una ONG que trabaja con migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos.
El informe de la CNDH indica que madre e hija habían abandonado Guatemala huyendo de la violencia. Según el documento, la hija mayor y la expareja de la mamá fueron asesinadas por una pandilla. No especifica si se trata del Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, las dos principales estructuras delictivas que operan en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como el sur de México y Estados Unidos. Tampoco consta que las autoridades mexicanas hubiesen ofrecido la opción del refugio a través de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.
La madre huyó para salvar la vida de su hija y esta terminó muerta por una caída que un médico no quiso evaluar. Este es el resumen de un informe que detecta irregularidades en la atención médica, en la atención a la menor por estar encerrada en una estación migratoria que excedía su capacidad (aquel día había 667 personas cuando está pensada para albergar a 464) y en la actuación de un funcionario que pidió a la madre de la víctima que no denunciase si no quería que el proceso de entrega del cuerpo se demorase.
La fatal caída tuvo lugar el 15 de mayo entre las 14.00 y las 15.00 horas. Fue vista por el doctor en tres ocasiones. No fue hasta la última, a las 21:00 horas, que se decidió su traslado a un centro hospitalario. Como la estación migratoria no dispone de ambulancia, por estar estropeada, se la condujo en una camioneta particular a las 21:50 horas. Murió en el trayecto.
La CNDH “acreditó violaciones a los derechos a la vida, a la protección de la salud, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez en agravio de una niña de 10 años de edad, atribuibles a un médico y tres funcionarios adscritos a esa estación migratoria, así como el derecho a la seguridad jurídica de la madre, y a la protección de la salud de esta última y del padre de la niña”, dijo la institución en una nota.
Animal Político quiso conocer la versión del INM, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
El informe de la CNDH relata la agonía que sufrió la menor durante las siete horas que transcurrieron entre el momento de la caída y su traslado al Hospital Pediátrico de Iztapalapa. “La caída que sufrió sucedió entre las 14:00 y 15:00 horas, siendo que fue trasladada al Hospital Pediátrico aproximadamente a las 21:50 horas, momento en el que decidió enviarla a la revisión hospitalaria, sin que durante esas horas se le realizara la revisión adecuada para un diagnóstico inicial”, dice el informe.
Los golpes le produjeron daños internos en el hígado y el pulmón que, finalmente, terminaron siendo fatales.
En la primera visita, dio como único remedio una aspirina. En la segunda, sugirió que la niña pudiese estar intentando “llamar la atención”. En la tercera, cuando accedió a enviarla al hospital, ya era tarde.
El documento incluye fragmentos de la declaración del doctor, que asegura no haber tenido un solo dato “que pudiera alertar de algún daño grave”.
Una versión que no convence a la CNDH, que no ve lógico el testimonio del médico. “Los signos de deterioro en el estado de salud de la víctima observados por su madre y por los distintos testimonios recabados por este Organismo Nacional, fueron notorios, mismos que consistieron en sudoración excesiva, palidez de piel, vómitos, dificultad para caminar, temperatura corporal fría, temblores en el cuerpo, la aparición de manchas en las piernas y dificultad para respirar, por lo que resulta inconcebible que (el doctor) no haya observado tales síntomas, o peor aún que no les haya dado la importancia que merecían y ordenar el inmediato traslado de la niña a un hospital para la integración de un diagnóstico objetivo y un tratamiento oportuno con la finalidad de limitar el daño”, dice.
La CNDH observa negligencias en la atención y los análisis del doctor que terminaron “repercutiendo de manera directa en el deterioro en el estado de salud de V1 y su posterior fallecimiento”. La falta de atención llegó al extremo que la tercera visita médica fue forzada la presión de otras migrantes encerradas, que trasladaron a la niña envuelta en cobijas hasta el servicio médico.
“Este Organismo protector de los derechos humanos no puede pasar por alto la insensibilidad, falta de profesionalismo y negligencia del profesional de la salud encargado de velar por la integridad física de las personas migrantes que se encuentran detenidas en un recinto migratorio, máxime cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes, lo cual evidentemente repercute en el disfrute y protección de sus derechos humanos, y en el caso concreto en el fallecimiento de una niña de 10 años”, dice el informe.
No se trata del primer señalamiento que recibe este médico. En otra queja que tramita la CNDH aparece el funcionario pronunciando frases como “…únicamente si el niño se está muriendo se le traslada al hospital (…) si te quejas de mí tu proceso de deportación se va a retrasar…”.
La CNDH advirtió también que el INM no dispone de protocolos para emergencias médicas ni tampoco se integran adecuadamente los expedientes médicos.
El informe también hace referencia a las presiones sufridas por la madre para que no presentase denuncia. La mujer menciona a un funcionario del INM: “el señor que había entrado conmigo cuando yo declaré salió ahí donde yo estaba y empezó a hablar conmigo y me dijo que yo estaba en mi derecho de haber puesto la denuncia pero que ahorita le estaban informado a ellos que sí yo continuaba con la denuncia me iba a tardar alrededor de 1 semana sino más para regresar con el cuerpo de la nena, entonces que yo era la que tomaba la decisión sí continuaba con la denuncia o decidía quitar la denuncia y regresarme lo antes posible con la nena que yo estaba en mi derecho de analizarlo (…) pero entonces yo me puse a pensar que yo necesitaba regresar luego con la nena, porque mi familia la tenía que ver, mi esposo la tenía que ver, aunque sea, porque si no iban a sellar la caja y ellos ya no la iban a ver, no iban a saber que era lo que había sucedido y le dije yo está bien yo no voy a denunciar”.
Para la CNDH se trata de una “conducta del servidor público que deberá ser investigada y sancionada conforme a derecho por las instancias correspondientes”.
En el expediente relacionado con la expulsión tampoco aparecen menciones a notificar la presencia de una menor a la Procuraduría de Protección ni al Sistema DIF. A su vez, “reitera la necesidad que la autoridad migratoria cumpla de manera cabal con lo establecido en la legislación nacional e internacional en la materia a efecto de evitar que la niñez migrante, independiente de si es acompañada o no, permanezca en un recinto migratorio”.
Entre las recomendaciones de la CNDH está localizar a los padres de la víctima para que sean reparados por los daños y se les ofrezca la posibilidad de regularizar su estancia en México. Además, insta al INM a colaborar con la carpeta de investigación de la FGR y se haga seguimiento de la queja que se interponga ante la institución migratoria.
También se pide al INM que garantice la existencia de una unidad móvil médica y se ponga en funcionamiento el sistema de video cerrado al interior de la estación migratoria. Por último, la institución que dirige Garduño deberá desarrollar cursos sobre Derechos Humanos y atención a los migrantes en el plazo de tres meses.
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