“Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, dice el artículo tercero de la Constitución mexicana. Pero a Citlali, una niña indígena con discapacidad que vive en el Estado de México, ese derecho le fue negado en 2016. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un juicio de amparo a su favor, que marca un precedente en el sistema de educación en México.
Citlali tiene Síndrome de Down, una alteración genética con la que, según la Dirección General de Información en Salud, nacieron 351 niñas y 338 niños mexicanos en 2018. Pero en la comunidad Mazahua en la que ella vive, como acceder a un servicio médico no es sencillo, fue diagnosticada tardíamente.
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Ella terminó la educación preescolar, pero lo hizo con dificultades y bajo un ambiente de acoso escolar. Cuando sus padres la quisieron inscribir en la escuela rural multigrado a la que asisten sus hermanos y otros miembros de su comunidad Mazahua la respuesta fue “no”.
La sentencia de la @SCJN cambiará la situación para Citlali y su familia, pues podrá no sólo asistir a la escuela sino además ser incluida en los procesos de aprendizaje y participación junto a sus compañeras y compañeros de clases.@sandracreixell @kdartigues @ChobiLanderos pic.twitter.com/jMtrJHsWn5
— Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) October 23, 2019
La escuela que la rechazaba argumentó no contar con la infraestructura ni el personal que Citlali necesitaba. Así que los enviaron a un Centro de Atención Múltiple (CAM).
Los CAM “tiene la responsabilidad de escolarizar a los alumnos y alumnas con alguna discapacidad o con discapacidad múltiple que por distintas razones no logren integrarse al sistema educativo regular”. Pero la razón por la que Citlali no lograba integrarse era el mismo sistema educativo.
El Centro de Atención Múltiple le dijo a los padres que Citlali podía asistir a una escuela regular, pero fue hasta que el Centro Estratégico de Impacto Social, A.C., brazo jurídico de Mexicanos Primeros, asesoró a la familia y comenzó el acompañamiento legal que ella pudo asistir a la escuela. Aunque no lo hizo como alumna, sino como oyente: no estaba en listas, no tenía uniforme y no recibía ninguna atención educativa. Se seguía violando su derecho a la educación.
Mediante un recurso legal, Citlali fue aceptada formalmente en 2017. Casi al final de lo que hubiera sido su segundo año de primaria.
También se logró que el Estado mandará una maestra con experiencia y formación para trabajar con niñas y niños con discapacidad. Aunque, después a esa profesora se le asignaron otras tareas.
Dos años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a Citlali. Con ello se establece legalmente que, entre otras cosas, la escuela debe contar siempre con un maestro de apoyo para ella, que todos los profesores deben tener una formación específica para la inclusión, y que debe haber infraestructura y material didáctico adecuado para garantizar el aprendizaje de todos.
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“Lo más importante en este fallo es reconocer que la exclusión viene del sistema y las soluciones también deben venir de ahí”, dice Jennifer O’donoghue, directora general de Mexicanos Primero. Aunque la historia es dura, el problema no es culpa de la escuela, va más allá:
“Es muy importante este caso porque es una situación que viven muchos niños. Es una niña que está enfrentándose a un sistema que ve a las personas por categorías. Pero ella entra en muchas categorías: si eres indígena sí te podemos atender, pero como también tienes discapacidad entonces ya no. Y para las escuelas especializadas en educación especial era el mismo problema: ella tenía discapacidad, pero también tenía derecho a aprender en su lengua materna”, explica Jennifer O’donoghue.
Lo que le ocurrió a Citlali es que fue víctima de interseccionalidad: es mujer, indígena, con discapacidad y de bajos recursos. Las escuelas disponibles no podían garantizar todos sus derechos: a la educación, a la inclusión y a aprender en su lengua materna.
Cuando se presentó el primer amparo en 2017, el marco legal era otro. Con las últimas reformas al artículo tercero constitucional, apenas se incorporó la inclusión a la constitución. “La inclusión significa un sistema educativo para todos, una escuela para todos, no escuelas diferenciadas y segregadas porque así tiene que ser la sociedad y si no podemos hacerlo en las escuelas no podremos hacerlo en la sociedad”, dice la especialista.
El caso de Citlali es icónico, pero no único. Aunque para establecer jurisprudencia se necesitan tener 5 casos iguales —Citlali es el primero—, su historia marca un precedente legal.
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