Bulnes 80 ha sido el epicentro de la polémica esta semana, luego de que el ultraderechista Sebastián Izquierdo publicara un video en donde elabora, en el lugar, escudos y otros elementos violentistas para usar en la marcha del “Rechazo”.
Desde un inicio, la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe ha buscado desmarcarse definitivamente del lugar y de la polémica. “Nunca hubo un contrato de arriendo, nunca hemos pagado un contrato de arriendo nosotros, desconozco quien es el propietario (…) No tenemos ninguna vinculación con la administración de ese lugar”, fueron sus primeras declaraciones. Sin embargo, el lugar sí era usado por la UDI como sede y oficina comunal. De hecho, según reporta el medio Interferencia, la oficina 21 de Bulnes 80 es propiedad de Jaime Gallegos Costa, ingeniero eléctrico y exprofesor del Inacap. El hombre heredó la propiedad en 1992 de parte de Ramón Gallegos Muñoz, su padre. A su vez, la propiedad había sido comprada a Carabineros de Chile en 1962.
Gallegos indicó que comenzó a arrendar el inmueble al senador Jovino Novoa, alrededor del año 2013, cuando este era senador. Novoa hizo de Bulnes 80 su sede parlamentaria, por lo que el arriendo era pagado por el Congreso Nacional. Una vez finalizado el período de Novoa, el pago y la situación se irregularizó.
Sin contrato y sólo con acuerdos verbales, Gallegos le arrendó la oficina a la directiva comunal de la UDI en Santiago. Ellos tenían que pagar 280 mil pesos mensuales. El problema es que, según Gallegos, pidió posteriormente un contrato para formalizar el arriendo, pero eso no ocurrió. Es más, a veces sólo le pagan una parte del arriendo o los atrasos en los pagos superan el mes.
Los pagos y el contacto directo de Gallegos con la UDI eran a través de Juan Arce, secretario del comunal de la UDI en Santiago; y Julio Salinas, abogado de la Universidad de Las Américas, ex Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana y actual pro-tesorero del mismo comunal de la UDI. De acuerdo al citado medio, los pagos son muy irregulares pues rara vez se repiten, y no siempre corresponden a la cifra acordada. “Son unos pésimos arrendatarios. Pagan cuando quieren, lo que se les antoja y no siempre el cánon de arriendo”, dice Gallegos.
Pero este 2020 parecía cambiar la suerte de Gallegos, ya que la misma presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe se contactó con él hace poco más de un mes para regularizar el arriendo. En rigor, lo hizo una mujer a nombre suyo, según cuenta Gallegos, quien le dijo que “quería regularizar el asunto de la oficina. Me dijo que me iba a contactar con un abogado que tenía listo un contrato de arrendamiento. Yo le dije que no tenía ningún problema con eso, pero que se supone que el arrendador es el que pone los términos del contrato, no el arrendatario”.
“Hasta ahora no ha pasado nada”, reconoció.
Este 11 de marzo, Arce se comunicó con Gallegos para explicarle la situación del video de los escudos. “Me llamó para explicarme lo que pasó. Me dijo que alguien le había guardado unas cosas a algún militante y que esta persona que grabó un video ni siquiera era militante de la UDI. Dijo que ellos no tenían nada que ver. Me habló nuevamente de regularizar la situación del arriendo, pero no ha pasado nada todavía”, señaló.
Van Rysselberghe niega contactos
A la salida de una reunión del oficialismo con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la aludida presidenta de la UDI se refirió a este reportaje, el que calificó la información como “completamente falsa”.
“Dice que alguien usó mi nombre para hablar con el señor (Gallegos). Yo no lo conozco, yo no he hablado nunca con él, yo no le he pedido a nadie que hable en mi nombre con él y nosotros como política de la directiva tenemos que no arrendamos sedes comunales porque sería una discriminación contra otras comunas, o si tuviéramos recursos tendríamos que arrendarles a todos como cuando tienes una gran familia o no les arrendamos a ninguno”, agregó.
Denuncia en Fiscalía
En tanto, el gremialismo decidió actuar en otra arista de esta polémica. Esta mañana, Van Rysselberghe junto a la directiva del partido interpuso ante la Fiscalía Metropolitana una denuncia “para que se investiguen las acciones del líder de “Capitalismo Revolucionario”, Sebastián Izquierdo, son constitutivos de delitos”.
El objetivo de la UDI es desligarse de la figura del polémico personaje, quien difundió los videos de la sede de la UDI donde se armaban las columnas del Rechazo, y quien además ha ingresado al Congreso Nacional acompañando a Marcela Aranda, según denunció ayer el PS.
La denuncia de la UDI señala que “en redes sociales y en la plataforma del canal Youtube el señor Sebastián Izquierdo ha subido videos por medio de los cuales, justificando la violencia proveniente del grupo que lidera, y de él en particular (…) amenazas de muerte que están dirigidas supuestamente en contra de manifestantes que están a favor del ‘Apruebo'”.
Añade que “los discursos del señor Izquierdo tanto en las manifestaciones como a través de redes sociales se traducen en una apología del odio (…) ha constituido una incitación de tal magnitud, que ha sido capaz de desencadenar en actos de violencia que han afectado a grupos de personas”.
