Trascurridas seis semanas desde el 18 de marzo de 2020, en que el Gobierno decretó estado de catástrofe por calamidad pública a causa de la pandemia COVID-19, han ocurrido hechos inauditos, nunca vividos y vistos en nuestras existencia a nivel personal, nacional y mundial.
En efecto, hemos vivido y visto la restricción de nuestras libertades personales y de asociación, acceso al trabajo mediante “teledistancia”, hemos visto la caída de los mercados de valores y de los fondos de pensiones que administran las AFP, una Administradora de Fondos de Cesantía colapsada por la alta demanda de trabajadores cesantes tramitando sus benéficos sociales en sus ventanillas, una recesión económica de grandes proporciones, términos de contratos de trabajo en manera masiva y, lo más importante, producto de las cuarentenas comunales a nivel país, el hombre ha dejado de ser un ser social, confinándonos a la vida cotidiana del hogar, salvo aquellas personas que debe salir con gran temple y valor a la ciudad a diario ante el riesgo de salud, como los trabajadores de la salud, policías y militares, funcionarios de Gobierno, algunos jueces, notarios y sus funcionarios, empleados de farmacias y de pequeños almacenes, supermercados y cadenas de ferretería, de bombas de bencina, choferes de trasporte urbano, trabajadores de la basura, asesoras del hogar y estudiantes recibiendo a duras penas clases online de sus profesores en los computadores y celulares desde sus casas, entre otros eventos no conocidos, pero lo más dramático, ya nos hemos acostumbrado a ver a diario las estadísticas nacionales y mundiales de contagiados, recuperados y muertos por la feroz pandemia, en voz de nuestro ministro de Salud que siente que es su hora y su lugar, soportando la salud de los chilenos en sus “débiles hombros”.
En este contexto es que, según el gobernante, viviremos pronto o desde ya una “nueva normalidad” a la que debemos acostumbramos, hemos visto activar planes de salvataje financiero de pymes, subsidios de cesantía, bonos solidarios y otras ayudas sociales, aún en desarrollo.
Qué ha llamado la atención. Las Isapres comunicando una vez más alzas de precios base de planes de salud y un Presidente que negocia para que se difiera el alza de precio para el mes de noviembre, un presidente de Banco Estado que sostiene que los créditos para las pymes no son un buen negocio individualmente considerado para dicha entidad, la Empresa Latam que sostiene que no pasa de unos meses más sin ayuda crediticia a gran escala, sociedades anónimas como AFP, que no obstante el contexto económico y social del país, acuerdan ahora en abril repartir utilidades a sus accionistas, mientras los mercados financieros y de valores se desploman y los fondos de pensiones que administran experimentan fuertes pérdidas para sus cotizantes, o sea, es obvio decirlo, pero somos más pobres.
¿Qué sería razonable en este contexto? Creo que sería razonable una política económica, como han sostenido varios economistas, que si las empresas de gran tamaño solicitan ayuda económica al Estado, como Latam y otras de gran envergadura, esos recursos de capital operacional debieran ingresar vía aporte con aumento de capital, con emisión de nuevas acciones, o bonos convertibles en acciones de titularidad del Estado y más tarde, una vez que lleguemos a el nuevo orden económico que no sabemos a ciencia cierta cómo será, pero vendrá a mediano y largo plazo, el Estado evalúe vender esas propiedades accionarias o de bonos convertibles en acciones a inversionistas a valor de mercado. Los aportes del Estado a las grandes empresas no pueden serlo sin control de propiedad societaria, ya que de otro modo no se puede controlar cómo se invierten esos recursos de capital y cómo se administrarán esas empresas, en momentos de crisis económica.
¿Qué sabemos a escala global? Sabemos que tras la parálisis de los mercados y del trasporte terrestre, aeronáutico y marítimo, por la paralización del comercio provocado por el COVID-19, el medio ambiente ha mejorado en calidad e índices de salud con crecimiento económico 0 (cero), congelado e incluso negativo, apareciendo nítidamente animales que antes no veíamos en su medio natural, que luego ha bajado el índice de CO2 a nivel mundial, provocado por las industrias contaminantes y por Estados que se niegan a firmar el Tratado de París de descontaminación. ¿Volveremos a lo mismo, las economías tienen que producir y crecer a cualquier precio? ¿El hombre seguirá siendo el gran agente depredador del medio ambiente y de los recursos naturales causando desastres naturales irreversibles después de esta megacrisis?, ¿seguiremos bajo el dominio de los mismos “valores” económicos de culto al lucro y sociales de gran desigualdad –bajo la premisa de que el fin justifica todos los medios– a los que estábamos acostumbrados o veíamos inamovibles?
Creo que ya es hora de que aparezcan los nuevos liderazgos con miradas inclusivas de país, que nos permitan mirar el porvenir inmediato de Chile, con voz potente y clara, hacia un nuevo proyecto ecologista, humanista y solidario, marcando una alternativa mejor a las que hemos conocido hasta ahora en la política y que nos ha llevado complacientemente hasta este escenario de precariedad, mascarillas y soledad.
Creo que, de ese proyecto aun silente pero pendiente, somos muchos quienes queremos participar y construir y ese contenido deberá hablar en la nueva Constitución Política de Chile, ya que como la ha dicho lucidamente Agustín Squella, Chile “solo se mostró después de 18 de octubre” –con sus mejores y peores rostros a la vez–, pero aún no ha despertado lucidamente. Carlos Ominami lo visualiza bien cuando dice que en esta crisis “todo está en cuestión, la gobernanza del mundo, las libertades individuales, las forma de democracia, las políticas económicas, la protección social los sistemas de salud” y ha dejado en Chile al descubierto las enormes desigualdades y precariedades que viven amplios sectores. ¿Podemos soñar una república mejor a partir de esta megacrisis?
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
