La directiva de la Asociación de Funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) manifestó su “profundo rechazo” a los casos de maltrato y acoso laboral ocurridos al interior de la División de Gobierno Digital.
“No queremos ser cómplices pasivos de la “FÁBRICA DEL TERROR DE LA DGD”, así es… del terror psicológico y tenemos el deber de informar a usted estos hechos repudiables, donde servidores públicos, están aterrorizados de denunciar estos hechos reiterativos que han vulnerado gravemente los derechos a la honra e integridad psíquica de estas personas, así como el artículo 318, del Código Penal”, dice un comunicado enviado a El Mostrador.
En la misiva, los funcionarios acusan hostigamiento, torturas psicológicas y humillaciones. “muchas personas que están sufriendo estos hechos detestables, pero tienen miedo de denunciar, donde me han presentado antecedentes, pero con temor a las represalias contra de ellos y ellas en términos laborales. No obstante, sí hay testigos de estas atrocidades y están dispuestos a informar y declarar en caso que se requiera investigar y esclarecer estas conductas de acoso laboral”.
“De acuerdo a los antecedentes recabados y conversaciones con las personas afectadas, puedo señalar que con fecha 30 de abril del presente, varios funcionarios recibieron llamadas del coordinador de la DGD, cerca de las 16:00 aproximadamente, en la cual, se les solicito antecedentes médicos, ya sea de los referidos o de terceros (familiares), siendo esto ilegal, ya que, corresponde a “Datos Sensibles”, según la Ley N°19.628, sobre la Protección de la Vida Privada”, agregan.
Ante ello, señalan que la Segpres está incurriendo en una “ilegalidad al solicitar de manera forzosa y a través de amenazas los “datos sensibles” de funcionarios y familiares”.
“Es imperativo señalar, que es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los
afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.
