Lejos de los argumentos jurídicos y políticos de la conveniencia del Pacto Federal para el Estado de Michoacán, refiriéndome al concepto amplio de Estado, aquel que incluye no solo al Gobierno. Es oportuno, realizar algunas puntualizaciones respecto a las condiciones de la Hacienda Pública de Michoacán, en las cuales parece se soportan muchas de las motivaciones gubernamentales estatales, considerando que la discusión del Federalismo Hacendario en México puede ser una oportunidad para Michoacán.
Inicialmente, se debe reconocer que es el Federalismo Hacendario el mecanismo por excelencia que ha permitido a los gobiernos estatales y federal, además de concurrir en la obtención de tributos, atender las diversas necesidades de la población; para lo cual, existen un conjunto de normas que rigen su funcionamiento pero que, además, permiten la apertura de los medios convenientes para realizar los ajustes que los diversos Gobiernos consideren. Y aun mas, en las discusiones anuales del Presupuesto de Egresos de la Federación, los representantes al poder legislativo de las diversas Entidades Federativas, pueden proponer las modificaciones a los ordenamientos que incidan en el federalismo hacendario.
Así también, dentro de los múltiples objetivos que persigue el federalismo hacendario, es evidente que las Entidades Federativas que lo integran, que son todas; logran en el “arreglo federal”, fortalezas en la obtención de ingresos públicos y mayor cobertura en el ejercicio del gasto. Sin embargo, si existen dudas, que pueden ser razonables, en torno a la conveniencia para las finanzas públicas estatales de permanecer en dicho “arreglo federal”, es necesario que se utilicen los diversos mecanismos que permitan al Ejecutivo del Estado de Michoacán o a algún otro, realizar la propuesta que más convenga financieramente a su entidad.
Por lo tanto, se hace necesario para el ejecutivo estatal definir la propuesta del federalismo hacendario que más conviene a Michoacán, en este caso, y es en ella, donde se presenta un área de oportunidad, ya que no existe una política hacendaria estatal, situación que ha sido una constante durante los últimos 18 años; cada administración estatal, medianamente y durante sus periodos, ha definido las acciones que le permiten “sobrellevar” y concluir sus etapas gubernamentales, sin establecer planes financieros a mediano y largo plazo.
Es imprescindible, que el análisis hacendario y sus propuestas surjan de un Instituto Hacendario público, como en otras Entidades Federativas; en el caso de Michoacán no es así, el análisis en el tema se soporta en esfuerzos individuales, algunos privados, otros de colegios de profesionistas y otros más, académicos. Es deseable que el tema de las finanzas públicas en Michoacán se aborde con instituciones creadas para tal fin; sin embargo, en tanto se realiza una propuesta hacendaria técnica, o se conoce la propuesta oficial en Michoacán, me permito describir, de manera general, las condiciones financieras del gobierno estatal.
Los ingresos públicos estatales se soportan en las transferencias realizadas por el Gobierno Federal a Michoacán. Del 2010 a la fecha, el Gobierno estatal ha soportado, en promedio, el 92% de los sus ingresos en los recursos que el Gobierno Federal le transfiere y solamente ha tenido capacidad de generar el 5% del total de recurso que ingresa a la hacienda pública estatal. La alta dependencia de los recursos federales ha relajado las capacidades recaudatorias del Estado de Michoacán e incentivó la contratación de deuda pública como vía de obtención de recursos adicionales.
Sin embargo, existen Entidades Federativas que han potenciado su capacidad recaudatoria, ya sea por el uso de sus potestades fiscales, lo pujante de su actividad productiva o ambas, llegando a triplicar la proporción de la generación de recursos propios en comparación con Michoacán, o al menos, fácilmente alcanzaron el doble digito, tal es el caso de Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo. Es decir, el actual “pacto hacendario” permite a las Entidades Federativas generar ingresos propios adicionales a los que les transfiere la federación, sería suficiente con que las autoridades que así lo deseen aprovechen el conjunto de las potestades tributarias y generen un clima favorable de negocios que propicie el crecimiento económico de las mismas.
Por su parte, el ejercicio del gasto mantiene inercias que limitan su impacto económico, lo que le impide impulsar obras de infraestructura que además de generar derrama económica inmediata sean un factor para dinamizar la economía estatal. Ya que, en los últimos 8 años, en promedio el 70% de gasto público se destinó al pago de salarios y funcionamiento del aparato gubernamental, mientras que solamente el 7% fue destinado a obra pública, destaca particularmente el periodo de 2014 a la fecha, ya que, del total del gasto público estatal en Michoacán, en promedio, el 2% fue destinado a la inversión en obras de beneficio colectivo.
Realizar tales ajustes al gasto público estatal es posible, ya que existen entidades federativas, que en los últimos años han destinado recursos considerables a la construcción de obras públicas, como es el caso de Aguascalientes, Coahuila y Sinaloa; mientras que, otras entidades más, han logrado eficientar el ejercicio del gasto corriente, logrando el funcionamiento del aparato gubernamental con menos recursos, destinando para tal fin solamente el 66% o menos del presupuesto estatal total, como es el caso de Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.
En suma y considerando los indicadores descritos u otros que se consideren, la discusión en torno a un posible nuevo federalismo hacendario, ha de representar una oportunidad para las finanzas públicas del Estado de Michoacán, inicialmente de generar una propuesta propia que beneficie financieramente al Estado, que este soportada técnicamente, y que, incentive la generación propia de ingresos públicos, con la certeza de que los mismos se aplicaran de manera eficiente y con clara orientación a la creación de infraestructura pública; frenando totalmente la contratación desmedida de créditos públicos. De no ser así, sin modificar las inercias en los ingresos, gasto y deuda publica estatales, no existirá ajuste al federalismo hacendario que permita oxigenar las finanzas públicas de Michoacán.
*El autor es Economista, Maestro en Administración y actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Administrativas. Es autor de artículos científicos y ponente en eventos internacionales en temas relacionados con las finanzas públicas y economía aplicada. Fue Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán de Ocampo A.C.
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