Pese a formular en el pasado fuertes críticas a la gratuidad de la educación superior impulsada durante el gobierno de Michelle Bachelet, el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, anunció que el plantel pidió al ministerio de Educación sumarse al sistema a partir de 2021.
En entrevista con El Mercurio, el académico explicó así el giro que dio la casa de estudios: “Esto es realismo puro. La universidad tiene que reinventarse y tiene que mirar la realidad”.
Además, acotó que se trató de una decisión que cataloga de “súper compleja, porque para nadie es un misterio que fuimos fuertes detractores de la ley”.
Cuando se puso en marcha el sistema, la Universidad Mayor cumplía con todos los requisitos para sumarse a la gratuidad. Sin embargo, el plantel optó por no hacerlo argumentando posibles efectos financieros y además el temor a una “intervención del Estado” en su operación. “Ponía en riesgo nuestro proyecto educativo, cuya calidad ha sido acreditada y reacreditada tanto en Chile como en Estados Unidos”, argumentaba el rector Covarrubias en esa época.
Covarrubias explica que si bien sigue considerando que la gratuidad es “una ley invasiva” y que “se corre el riesgo de que se complejice la administración de cada institución, producto de las tentaciones de los gobiernos de turno”, hay razones de fondo que obligaron a la casa de estudios a retractarse de su determinación inicial.
Dos de estos factores son el estallido social y la pandemia, explica Covarrubias. “El país es distinto a raíz de estos hechos, se empobreció: retrocedió al menos 20 años en su situación económica”, sostiene. Y ese efecto se hizo más evidente en el alumnado proveniente de establecimientos municipales y subvencionados. “Esas familias se han visto empobrecidas en su conjunto y no tiene ninguna posibilidad futura de poder seguir realizando el esfuerzo económico que efectivamente requiere para una universidad privada no gratuita”, añade.
En una comunicación interna al estudiantado, el rector explica que “esta decisión la adoptamos luego de intensos y responsables análisis, y confiados en que hemos preparado el camino para que esta política pública represente el impulso necesario para transformarnos en una de las mejores universidades del país (…) además es una muestra de empatía y comprensión con el 55% de nuestros actuales estudiantes, quienes hoy calificarían para optar al beneficio”.
