gobierno sobre militares en seguridad

La pandemia global de COVID-19 “supera en este momento los alcances de la Guardia Nacional”, reconoció este martes la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al justificar el acuerdo que legaliza la intervención de elementos del Ejército y la Marina en 12 tareas policiales.
“Las Fuerzas Armadas son las instituciones de mayor prestigio en el país. Por ello, cuando entran en tareas de protección civil o de apoyo social a la población, nadie habla de militarización de la vida del país”, señaló la Secretaría federal, en un comunicado.
“Esto es particularmente importante ahora que la pandemia global derivada del Covid-19 supera en este momento los alcances de la Guardia Nacional y exige que todas las instituciones mexicanas trabajen de manera coordinada para proteger la vida, el patrimonio, y la integridad de todos los ciudadanos, las Fuerzas Armadas están presentes, como siempre, en apoyo de la ciudadanía”, agregó.
Especialistas y organizaciones civiles consultadas por Animal Político advirtieron que el acuerdo presidencial publicado este 11 de mayo abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos.
En su mensaje, la Secretaría señaló que el acuerdo era necesario.
Lo anterior, “en la medida en que el Ejército operaba sin un marco jurídico que le diera certeza a sus acciones. Este documento atiende diversas resoluciones jurisdiccionales (nacionales e internacionales) encaminadas a precisar el alcance de su intervención en tareas de seguridad pública bajo principios democráticos, temporales y de apego irrestricto a los derechos humanos”.
El acuerdo, enfatizó la Secretaría, “no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de Seguridad Pública; limita las facultades exactamente a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que autoriza su participación en materia de seguridad pública en términos generales”.
Sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial del país, indicó la Secretaría, el gobierno quiere que las Fuerzas Armadas “participen en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, con base en el artículo quinto transitorio”.
El Acuerdo, refirió en el punto ocho, le otorga mayor fortaleza a las actuaciones de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes ante hechos de carácter delictivo.
“Para ello, se han capacitado a miles de elementos en uso legítimo y proporcional de la fuerza, así como en cadena de custodia y protección de los derechos humanos. Además, el Acuerdo permite también que las detenciones que eventualmente realicen las Fuerzas Armadas se inscriban en el nuevo Registro Nacional de Detenciones (RND) impulsado por el Gobierno de México, protegiendo, como nunca antes, los derechos humanos, tanto de las personas detenidas, como de los servidores públicos que trabajan en el sector seguridad”, apuntó la Secretaría.
“Como ya se ha sugerido anteriormente, el Acuerdo y la Guardia Nacional no significan un abandono a la construcción de instituciones civiles. Es todo lo contrario, de hecho, el Gobierno de México ha reconocido la importancia elemental de las policías estatales y municipales en materia de prevención, inteligencia, e investigación del delito. No es gratuito que por ello haya impulsado, desde 2019, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, mismo que representa, por mucho, la reforma policial local más importante en la historia de México”, agregó.
La dependencia federal recordó que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 11 de mayo complementa el artículo 5 transitorio de la Reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad el año pasado, tanto por el Congreso de la Unión como por las 32 legislaturas locales.
“No es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino el seguimiento a una disposición constitucional, aprobada por consenso por todos los Partidos Políticos desde 2019… las fuerzas políticas y los servidores públicos con cargos de responsabilidad en el país y en las 32 entidades, debemos mantener el tema de seguridad pública como un espacio de neutralidad política, ajeno a banderas coyunturales o al interés de generar polémicas en temas que ya fueron aprobados y discutidos en su momento por el Poder Legislativo”.
Las circunstancias que vive el país, concluyó la Secretaría, demandan que el Estado mexicano haga uso de todos los recursos con que cuenta.
Esto para “brindar seguridad a la nación, a los ciudadanos, a su patrimonio, a fin de alcanzar la Paz y Seguridad que todos anhelamos”.
Acuerdo es preocupante e insuficiente: CNDH
Tras la publicación del mandato presidencial para usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el acuerdo publicado es insuficiente ante el panorama del país y preocupante por falta de claridad en su redacción.
El organismo destacó que no hay certeza a la hora de delegar a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
“Ni en el artículo Quinto transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, así como tampoco en la Ley del Uso de la Fuerza, ni en la Ley de la Guardia Nacional, se establece, claramente, qué se debe entender respecto a los términos: ‘extraordinaria’, ‘fiscalizada’ y ‘subordinada’, configurando una indefinición jurídica con graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos”, detalló.
La CNDH insistió en que este tema es preocupante porque “podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en la materia”.
Para la comisión, el acuerdo presidencial no tiene elementos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos.
Sin embargo, dijo que dará seguimiento a la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, y conforme al mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos.
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