Mientras bajo un ilusorio poder de adaptación, el pacto del Estado con el mercado nos empuja a obedecer rápidamente las segregadoras reglas de la virtualización que se traman sobre nuestra educación, trabajo y relaciones humanas, durante la actual pandemia surgieron en el país campañas tanto regionales como nacionales, que alertaron sobre el colapso que vive la Cultura en cuanto a bien público, situación de inequidad que en tiempos de catástrofe se torna aún más evidente. Principalmente debido a la sostenida precarización de miles de personas que trabajan -informalmente, a honorarios, sin previsión social ni seguro de salud- en los diversos sectores que conforman el campo artístico cultural. Por supuesto esa injusticia se agrava en territorios distantes de los centros administrativos del país, las regiones.
Desde el Biobío, como Activa tu Presente con Memoria reconocemos las demandas del gremio, sus denuncias sobre las malas condiciones laborales sobrellevadas por el masivo cuerpo profesional y técnico que participa del ciclo cultural en espacios convencionales y comunitarios, nos interpretan porque formamos parte y resistimos las desigualdades. Tenemos mucho qué decir. Y decir pensando no desde cualquier lugar, sino, además, hacerlo desde la Gestión Cultural, ese campo de desarrollo que se halla invisibilizado, pese a la transversalidad de su actoría que cruza todas las disciplinas artísticas, participa de procesos institucionales y articula la política pública tendiendo redes. Una labor de terreno e intelectual sensible por partes iguales.
Sabemos que en períodos de incertidumbre como la crisis sociosanitaria que trajo consigo el COVID-19, la Cultura se convierte en un importante espacio de contención capaz de llenar simbólicamente el vacío provocado por el distanciamiento físico mientras dure la restricción a la libertad de movimiento. Sabemos que at de la expresión artística las personas pueden ejercitar hábitos saludables tanto psicológica como socialmente, lo que les permite mantener un equilibrio interior y tener los medios para interpretar el presente e imaginar futuros. En ese sentido, sabemos que los contenidos y productos culturales tienen la capacidad de estimular el autoconocimiento, la creatividad, la concentración, la comunicación, la capacidad de resolver problemas y la libre expresión, entre otras habilidades que resultan especialmente vitales en el contexto actual. Pero esas ponderaciones el modelo neoliberal chileno -a diferencia de países como Alemania que han puesto al arte y la cultura como artículos de primera necesidad en los mecanismos anticrisis- parece ignorarlas o, peor aún, las desvaloriza y reprime su potencia amparándose una vez más en esa repudiable prioridad irrestricta del capitalismo de “salvar la economía” antes de salvar la vida y proteger los derechos humanos.
Así lo demostró esta semana Consuelo Valdés Chadwick, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al presentar un plan de emergencia cuya única medida vuelve a situarnos en el miserable rol de concursantes. Esta vez, concursar entre pares en la carrera para obtener un Fondo de Emergencia que más bien se trata de una redistribución paliativa de 15 mil millones ya existentes y no una inyección de recursos frescos. Por cierto y como es lo habitual, esa política no responde de modo vinculante a las urgencias catastradas recientemente a través de la consulta pública que el ministerio llevó a cabo a nivel nacional vía online. Si hacemos zoom en la realidad del Biobío, veremos que bajo el slogan “Hasta Encontrarnos” dicha medida se traduce en destinar $63.000.000 a la precarización de 421 creadores locales, asignando el monto máximo de $239.000 por proyecto seleccionado, uno por cada postulante. Si hasta encontrarnos presencialmente es volver a la ‘normalidad’ eventualmente en octubre, entonces significa para artistas y creadores tener que sobrevivir cinco meses con menos de un sueldo mínimo, en el mejor de los casos.
Junto con rechazar esa indigna medida, yendo más allá de lo económico en la reflexión, lo que pensamos, sentimos y decimos hoy es BASTA DE CONCURSAR. La Cultura y el Trabajo son inconcursables porque son Derechos Humanos fundamentales, es decir, imposibles de tranzar porque sin esa garantía no existe -y se daña- el desarrollo digno de personas y sociedades diversas. Concursar para subsistir es una premisa violenta y obsoleta que agudiza la precariedad a la que históricamente se nos confina. Un lugar parecido a estar en ninguna parte. Cercano a la indigencia.
Por eso hoy apremia transformar la visión política autoritaria en una política integral, que responda interministerialmente -junto con Educación y Desarrollo Social- a la urgencia del momento. Pero más trascendente aún es que esa transformación desemboque en una renovación ética sobre el significado de Cultura y el trato al gremio artístico. Es necesario que nazca una real garantía constitucional a la protección del acceso participativo y pleno en la vida cultural, sin la cual no podemos existir y de la cual se han hecho cargo desde siempre las propias artistas, creadoras y trabajadoras de la cultura autogestionada, asumiendo el rol que le corresponde al Estado. Ya no basta con repetir una fórmula que no funciona, que es ineficiente y que carece de sentido, son tiempos de evolucionar hacia la cabalidad.
En Chile, la Cultura reporta el 2,2 % al PIB y recibe un aporte estatal correspondiente al 0,4% del presupuesto nacional. Paralelamente a ese escenario diezmado, bajo la liquidante lógica del consumo, hemos visto cómo se capitalizó el arte y la creatividad tras el concepto de “Industria Cultural” o “Industrias Creativas” (principalmente instalado en la internacionalización del Cine y la Música) con productos de calidad susceptibles de ser fomentados para su amplia circulación, mediante el apoyo estatal instrumentalizado en los FONDART -sistema a corto y mediano plazo que desvirtuó su propósito cuando comenzó a constituir una fuente de financiamiento más de personas que de obras- y del mecenazgo a través la Ley de Donaciones. Toda aquello ha sido insuficiente, entre otras razones, porque no reconoce el determinante rol social que la Cultura tiene en la sociedad, productiva y espiritualmente, impactando en diversas áreas de desarrollo que abarcan desde la investigación y el conocimiento hasta la economía y convivencia al interior de los hogares.
Como programa de educación artística no formal, Activa tu Presente con Memoria a partir de su inicio en enero de 2016, ha cofinanciado actividades gestadas en intensa autonomía, pero también junto con organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas, encabezadas por mujeres conscientes que creyeron en sus propuestas de mediación con enfoque de Derechos. Ese trabajo colaborativo y descentralizado, ha permitido en cuatro años reunir a 96 artistas y convocar a más de 2 mil personas en torno a talleres de reflexión creativa, teatro para la primera infancia, ciclos de cine, encuentros testimoniales, itinerancias de arte gráfico, ejercicios editoriales y jornadas autoeducativas, espacios llevados a cabo en cuatro comunas de la región, con entrada liberada.
Amamos lo que hacemos, es nuestra única militancia. Pensamos y sentimos: hay que seguir, lo haremos como siempre nivelando hacia arriba y, por cierto, no como postulantes cómplices del detrimento, sino transformando el sistema mediante el modelo con el que gestamos junto a quienes comparten esta ética de respeto. Pero cada día desalienta un poco más la pregunta sobre cómo y con qué apoyos construiremos, tocando cuáles puertas, recibiendo qué respuestas. Respecto a los propósitos de nuestra labor no tenemos dudas, porque estudiamos a nuestros públicos, audiencias y comunidades fieles y por conquistar. Sobre la base de esas sistematizaciones es que vamos creando nuevas hojas de ruta devenidas en nuevos espacios para el ejercicio de las memorias colectivas y la educación artística no formal, que son nuestros motores. Pero en un interseccional contexto de pandemia, estallido social, sobre enriquecimiento y extractivismo, es cuando problematizamos la real existencia de la garantía estatal de los Derechos Culturales derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ratificada por Chile en diversos convenios internacionales y relevada en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de segunda generación, DESC), cuya complejidad es una preocupación mayor bajo dictaduras. Es decir, Chile durante los sucesivos gobiernos desde la transición hasta la degradación política y simultáneo estado de rebeldía del país luego del primer estallido en octubre de 2019. Esa fuerza colectiva precipitó el próximo cambio constitucional que permitirá refundar las condiciones de vida en el horizonte de dignidad, sustentado en el respeto a los derechos conquistados popularmente.
En esa perspectiva, para interpretarlo en su progresiva complejidad, recordemos que el Derecho a la Cultura se consagra por la Naciones Unidas el año 1948 “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”, en 1966 “Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”, en 2005 observando los elementos que componen la participación, acceso y contribución, dentro de ese último aspecto destacamos que “toda persona tiene derecho a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad; participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales” y en el año 2009, consensuando las seis dimensiones fundamentales que éstos protegen: “la creatividad humana en toda su diversidad y las condiciones para ejercerla, la libertad de elegir, expresar y desarrollar identidades (lo cual incluye el derecho a decidir no formar parte de determinados colectivos así como el derecho a abandonar un colectivo), el derecho a participar o no de la vida cultural que lo dirija, el derecho a interactuar e intercambiar independientemente de la filiación a un grupo y las fronteras, el derecho a disfrutar de las artes, el conocimiento y el patrimonio cultural propio y ajeno y tener acceso a ellos, el derecho a participar en la definición y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de los derechos culturales.”
Pero tal como sucede con la salud, la educación o el trabajo, vemos que en la práctica el Derecho a la Cultura es vulnerado por el Estado, desprotegido y permanentemente marginado del sistema de bienestar, estableciendo la carencia de subvenciones como la situación natural del gremio y, peor aún, consolidando la ausencia de una visión profunda de la Cultura pese a lo sostenido por el Ministerio que en teoría compromete que las Políticas Culturales 2017-2022 “sitúan la cultura al centro del desarrollo humano e incorporan la participación desde la territorialidad, con un enfoque de derechos de la ciudadanía cultural”.
A partir de ese marco, siendo experiencias esenciales a nuestra humanidad, que trascienden el mero espectáculo, que nos completan, que nos llena de preguntas y sentidos nuevos, que nos exhortan a sentir, a pensar, a contrapensar desde la pluralidad de puntos de vista y conocimientos; comprobamos que el arte y la cultura facilitan herramientas que estimulan aquellas habilidades que, de una u otra forma, pueden salvarnos y transformarnos.
Pero en el Chile neoliberal de los concursos y los bonos promovidos por un Estado capitalista y subsidiario, nos preguntamos, ¿cómo se logra la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y cómo se concreta en la realidad?
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