Una política pública sobre la información contenida en los registros administrativos de las reparticiones estatales es un imperativo de marca mayor que ha venido eludiéndose o postergándose en numerosos países, en su mayoría subdesarrollados, Chile también. Por eso, entre otras razones, un grupo de instituciones internacionales del más alto nivel como Naciones Unidas, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial formaron la Asociación de Estadísticas para el Desarrollo del Siglo XXI (Paris 21). Ellos entregan lineamientos sólidos para mejorar la producción de estadísticas, incluyendo las de registros administrativos.
Hoy en nuestro país, sin embargo, connotados científicos claman públicamente por los datos sobre los pacientes que se hicieron el test PCR, con los campos (variables) mínimos de todo paciente que permiten caracterizar al sujeto. El gobierno responde señalando la inexistencia de tal información.
Debemos colegir, acaso, que la gestión de la autoridad sanitaria está sustentada en modelos de otras patologías o de otras naciones, o en la ausencia de modelo que guíe o encauce el accionar gubernamental. Cualquier manejo de un asunto complejo (donde intervienen simultáneamente múltiples variables que interactúan) requiere, en el mundo moderno, o de un esquema explicativo robusto, armado con una masa de datos amplia (alternativamente con datos menos numerosos pero de muy buena calidad) o se precisa de un equipo muy bien afiatado donde haya una persona con vasta experiencia y sabiduría sobre la problemática específica. ¿Posee el equipo gubernamental de salud algunas de esas características?
En casi todos los países de la OCDE hay un sistema estadístico nacional donde entre otras materias se definen criterios para la correcta explotación de los datos guardados en los sistemas de información de los servicios públicos. Los criterios definidos en uno y otro caso son diferentes, pero en todos ellos hay ciertos principios que no se pueden trasgredir, uno de ellos es el resguardo de la información sensible de las personas registradas en las bases de datos. Hay variadas formas de hacerlo, pero en todos los casos hay un compromiso del estricto resguardo, por quienes hacen uso de los registros, de la confidencialidad de la información contenida.
La calidad de la materia prima (datos) se basa en la certeza de que el criterio para realizar un nuevo registro es el mismo que los anteriores. Si llega a cambiar el criterio, lo adecuado es primero saber cuándo se produjo la nueva forma de contabilizar y si todos los funcionarios llevaron a efecto simultáneamente la modificación. Segundo, se requiere saber en qué consiste el cambio de criterio y cómo afecta a los datos anteriores, para encontrar un método de comparación de ambos momentos del tiempo. Tercero, informar clara y pormenorizadamente a los usuarios de los datos los cambios y sus implicancias, para que puedan tomar decisiones de buena calidad.
La semana pasada el gobierno cambió el criterio de lo que entiende por un caso confirmado de Covid-19. Si se observa con detención en los informes epidemiológicos de antes y después de la modificación, los datos anteriores al cambio de criterio no fueron corregidos para ajustarlos a la nueva definición que integra casos positivos del test que presentan síntomas y aquellos también positivos en el test pero asintomáticos. Antes sólo contabilizaban casos con síntomas. Es decir, se están sumando peras con manzanas. Si fuera cierto que no existen los datos pasados de los asintomáticos, lo que hablaría muy mal de la autoridad sanitaria, entonces sería suficiente colocar en el gráfico que entrega el informe los casos asintomáticos en un color diferente para que la comparación sea rigurosa.
Todos los profesionales que trabajan con datos saben estos y otros cuantos criterios más para cuidar la fiabilidad de la información, su precisión, su coherencia sin descuidar su oportunidad. ¿Por qué ocurren estos errores infantiles?
En la propia página web del Minsal un poco más abajo de los informes epidemiológicos están los reportes de la Organización Mundial de la Salud. No es necesario saber mucho inglés para comprender que este órgano técnico de las Naciones Unidas incluye en su definición de caso tanto a quienes presentan síntomas como a aquellos que no tienen. Este criterio no ha cambiado en la OMS. Es válido preguntarse por qué al comienzo de la pandemia el gobierno dejó fuera a los casos que habiendo sido testeados y resultaron positivos (tenían el virus) no presentaban síntomas. ¿Algún médico serio puede decir con certeza que un portador sano no va a contagiar a otras personas en ningún caso? Pero también es justificado interrogarse por qué ahora se suman los excluidos sin realizar los empalmes de rigor en los datos.
Las intenciones del gobierno son bastante opacas. En el corto plazo es posible que no haya nada disponible para clarificar estas consultas. Probablemente con el tiempo, la acumulación de pruebas y presiones sobre los equipos técnicos se devele la verdad, aunque sea parcialmente. Por ahora nos quedaremos pateando la perra por no saber la verdadera razón del gobierno para actuar como adolescente.
Más importante que descifrar las tretas del gobierno es plantear algunos temas de fondo. Chile requiere una política pública de uso de la información contenida en las bases de datos de los servicios públicos, basada en una legislación maciza y una operación responsable. Modelos hay varios, pero el mejor es aquel que se comporte bien en un país con una cultura y una organización político-administrativa similar a la nuestra. Todas las recomendaciones de los expertos mundiales dicen que no se debe usar este tipo de información con fines punitivos. Chile los usa para algo similar, para determinar la pobreza de los hogares y a partir de ahí definir si son o no sujetos de apoyo de los programas públicos para la pobreza. El resultado es que la gente comenzará a mentir a todos los funcionarios públicos y los registros dejarán de ser útiles. Así se pierde no sólo la medición de la pobreza individual sino de paso una riquísima fuente de estadísticas de bajo costo.
El país necesita un sistema estadístico nacional semi-autónomo y que articule progresivamente a todas las reparticiones del Estado, tanto en la producción de estadísticas a partir de encuestas y censos como mediante la explotación de registros administrativos. Este sistema, si llegase a contar con una autoridad estadística nacional generada fuera del circuito de poder político (gobierno-parlamento), tendrá mucho más legitimidad que si se eligiese por mecanismos de cueteo semi-encubiertos como ocurre con el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado y tantos otros más.
Chile necesita contar con un grupo amplio de prohombres que ayuden a discernir cuestiones complejas como el correcto uso de los registros administrativos con datos sensibles. Seguir con autoridades que tienen notorios conflictos de interés, no habiendo ningún mecanismo para superarlos o manejarlos con transparencia y ecuanimidad, es parte de los muchos problemas estructurales de nuestra sociedad. Especificar nuevos mecanismos que permitan definir de mejor manera el quehacer comunitario es una tarea grande pero imprescindible para edificar una sociedad más sana y justa.
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