La contradicción entre las medidas de distanciamiento social y la ayuda económica develan la preocupante indolencia con la el cual gobierno afronta la pandemia. La falta de apoyo económico en los momentos de cuarentenas extensas pareciese agudizar los conflictos sociales y profundizar el conflicto entre elites gobernantes y sociedad que ha gatillado gran parte de los movimientos sociales de la última década. Si bien la expresión del descontento ha mutado, dado la pandemia, la sensación de injusticia e indolencia parece agudizarse conforme la crisis social avanza, gatillando nuevas expresiones de protesta.
Entre marzo y mayo el gobierno ha implementado dos paquetes económicos. El primero anunciado en marzo y que incluyo el bono COVID por $50.000 pesos más el beneficio del seguro de desempleo. El costo total del bono fue 167 millones de dólares, y fue financiado mediante reasignación presupuestaria y el uso del 2% constitucional para emergencias. El segundo paquete incluye el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por tres meses. El ingreso consiste en un plan de una bonificación mensual por tres con una asignación decreciente de $65.000, $55.250 y $45.000 para cada mes. El paquete tiene un costo de 30 millones de dólares, equivalentes solo al 0,012 del PIB. El gasto fiscal para los dos paquetes de ayuda no superará el 10% del PIB, siendo una medida austera. La crítica generalizada ha insistido que los paquetes son insuficientes para el solventar el gasto familiar, en condiciones de un aumento del desempleo y extensión de las cuarentenas. Chile maneja un margen de gasto fiscal mucho mayor que permitiría aumentar los montos otorgados y el tiempo que se entregan.
El gobierno ha defendido la austeridad del gasto argumentando un “comportamiento fiscal responsable”. Una línea de argumentación más cruda se ha escuchado en los partidos del gobierno. La Diputada Andrea Hoffman señaló “no queremos que el presidente suba los montos […] nosotros no queremos que las personas dependan del Estado”. Ambos argumentos parecen impertinentes con relación a la profundidad de la crisis global. Prácticamente ningún país de la OCDE ha implementado políticas de austeridad durante los periodos más altos de la pandemia. Los gobiernos de extrema y centro derecha de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania han aplicado de manera general medidas de distanciamiento social con cuantiosos paquetes de estímulo a la demanda. Estas medidas han considerado nacionalización y subsidio de salarios, más bonos que llegan directo a los bolsillos de las familias durante los meses que el distanciamiento social obligatorio se extiende. Estas medidas han aumentado el gasto estatal entre un 15% y 20% del GDP, el cual será financiado mediante endeudamiento público, eventuales reformas tributaria, más ajustes presupuestarios y con seguridad una nueva ola de austeridad, pero que serán implementadas con posterioridad a los meses de máximo contagio.
La base de estas políticas ha sido el convencimiento que para salvar a la economía de un shock total el instrumento central es el Estado y el gasto público. Esta determinación ha permitido la implementación de medidas heterodoxas y extraordinarias para afrontar una crisis igualmente extraordinaria. La apertura en la política económica en estos países y sus gobiernos ha sido el resultado de las batallas democráticas que la ciudadanía organizada ha liderado. Movimientos sociales, organizaciones científicas y asociaciones de profesionales han forzado a los gobiernos han flexibilizar su orientación política y expandir las herramientas de ayuda durante la crisis. Igualmente, los intentos de reabrir la economía, y forzar la contradicción entre trabajar o morir han sido resistidos y revertidos bajo la presión pública que ha definido como prioridad el bienestar de la población. Esta claridad ha forzado la convergencia y complementariedad de las medidas de distanciamiento social y apoyo socioeconómico refirmando las prioridades nacionales y un sentido de unidad donde la economía y sociedad son codependientes. Sin población no hay economía. Sin la supervivencia de la población, no existe economía futura.
La situación en Chile pareciera ser distinta. La implementación de austeridad fiscal y el bajo apoyo económico directo a la ciudadanía ha forzado inevitablemente a la población a la contradicción entre trabajar y contagiarse, o protegerse y quedarse sin ingresos. Sin ingresos estables suficientes, la población deberá mantener sus acciones laborales, forzando a romper y quebrar las cuarentenas, acelerando la curva de contagio y la probabilidad de muerte. El hambre pareciese ser el resultado inevitable de políticas de austeridad con cuarentenas generales. ¿Por qué en Chile va en esta dirección? Sin argumentos técnicos, y a luz de la impertinencia de los argumentos ideológicos cabe preguntarse, ¿cuáles son las prioridades del gobierno y sus políticas? Si las decisiones para afrontar la pandemia carecen de racionalidad, pertinencia y consenso ¿es que acaso gobierna la indolencia?
Cuando nos interrogamos por el malestar social y su expresión en la protesta, parte de la respuesta está en la casi perpetua indolencia de las políticas nacionales y quienes las elaboran. La falta de empatía y solidaridad que las elites han mostrado es una de las fuentes de la baja legitimidad del sistema político, pero también el combustible del descontento que la mayoría de la población ha ido acumulando durante años. El sentirse abandonado, dejado, y permanente expuesto, frente a políticas y decisiones indolentes, que nunca conceden nada, ni en contexto de bonanza, ni durante una crisis global es una fuente permanente de malestar. Cuando el gobierno se muestra incapaz de proteger y cuidar a la población, y desinteresado en disponer de los recursos sociales para proteger el bienestar social cuando la mayoría de la población está en riesgo, la distancia social entre elite y gobernados solo puede crecer y expresarse en conflicto.
La indolencia del gobierno no es patrimonio de estos meses. Durante el 2018, el joven Camilo Catrillanca fue asesinado por fuerzas policiales. El gobierno oculto información y busco proteger a los responsables. Durante el 2019, las medidas de represión implementadas por el gobierno dejaron 30 personas muertas, cerca de 500 mutilaciones, acusaciones de abuso sexual y torturas. La mayoría no ha sido investigada, el gobierno no se ha hecho responsable de estas acciones y ha tergiversado información. Tampoco existen políticas de justicia y reparación a los afectadas/os. Durante el 2020, la tendencia se mantiene. Con cerca de mil personas muertas durante los últimos meses, una espiral de contagio que tomo dos meses en gestarse, con medidas y lineamientos sanitarios inconsistentes, manejo irregular de la información estadística y baja receptividad de una ciudadanía que desconfía y carece de condiciones para soportar una cuarentena extensa. La indolencia parece gobernar. Si bien las prioridades de la ciudadanía cambiaran, la sensación de abandono y distancia social que la población siente respecto al gobierno pereciese empeorar. En estas condiciones el aumento de la conflictividad social y el retorno de la protesta social parecen inevitables.
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