En medio de la discusión por el acuerdo entre el Gobierno y la oposición para generar una ruta para afrontar los efectos de la pandemia del Coronavirus, los problemas económicos tanto de los deudores estudiantiles como de las Instituciones de Educación Superior están obligadamente sobre la mesa. Una propuesta es la idea de condonar la deuda del CAE a quienes habría accedido a la gratuidad si hubiera sido ley en años anteriores y otra, es generar un marco de acuerdo para evitar el desfinanciamiento del sistema de educación superior.
La propuesta de condonación del CAE, presentada por el timonel de RN, Mario Desbordes, con el objetivo de acercar posiciones con la parte más dura de la oposición, fue rechazada por el gobierno. El lunes, en la comisión de educación del Senado, el subsecretario Juan Eduardo Vargas señaló que Comisión Ingresa estableció que los deudores con problemas económicos, debido a la aplicación de la Ley de Protección al Empleo, podrían acceder al beneficio de suspender el pago de la cuota CAE, al igual que los deudores cesantes.
En la sesión también se refirió respecto al desfinanciamiento de las Instituciones de Educación Superior, que se han visto golpeadas debido a la baja en al menos un 10% de la matrícula en 2020, la morosidad en el pago de aranceles y el congelamiento del año académico por parte de sus estudiantes afectados por la crisis financiera.
El subsecretario Vargas respondió a una propuesta enviada por el Consejo de Rectores la semana pasada, que solicitaron que se ampliara el 30% de libre disposición de los excedentes del Crédito Fondo Solidario y que este, se pudiera extender a los remanentes de años anteriores al 2019. Recursos que tienen como objetivo saldar los problemas de financiamiento que ha traído consigo la aplicación de la gratuidad. Los rectores, además, pidieron no considerar el año escolar 2020 para los alumnos con gratuidad que se atrasen y abrir un nuevo proceso de postulación a ayudas estudiantiles, debido a la contingencia de la crisis económica.
Sobre esta propuesta, el subsecretario Vargas señaló que el acuerdo del año pasado en la Ley de Presupuesto sólo se puede aplicar a los recursos obtenidos del año 2019, pero que el Ejecutivo está abierto a modificar la ley si los rectores estaban dispuestos a entregar el remanente de los recursos no utilizados.
“Considerando el extraordinario momento y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para hacer frente a la pandemia y evidentemente las restricciones presupuestarias, nos estamos abriendo a una mayor flexibilización del uso, con la condición que una parte de estos excedentes puedan ir a un Fondo Solidario Común”, explicó Vargas. Ese fondo tendrá como objetivo financiar “préstamos o créditos blandos otorgados en condiciones favorables”, que irán a las instituciones que no tienen el Crédito Fondo Solidario, por lo tanto, universidades privadas que no son parte del CRUCH.
“Con esta propuesta cumplimos con dos grandes anhelos que son importantes para todo el sistema, permitimos que las instituciones puedan ocupar más parte de los excedentes y estamos dando respuesta institucional aquellas instituciones que requieren de un apoyo”, indicó el subsecretario, quien agregó que “los fondos solidarios se han construido sobre la base de los aportes que ha hecho el Estado, el Ministerio de Educación. Las universidades han manejado fondos que han sido complementados por el Ministerio de Educación, entonces hay un origen que son básicamente el Estado”.
Desde el Mineduc explicaron que estos préstamos serán de “libre disposición”. Esto significa que pueden ser utilizados por las instituciones para distintos fines, como la entrega de ayudas estudiantiles, amortiguar la morosidad de aranceles y el pago de remuneraciones. Pero, también pueden ser utilizados para entregar créditos a los estudiantes morosos que tengan problemas para pagar su arancel mensual debido a la crisis por el COVID-19.
Hace unas semanas el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, propuso como solución al problema de financiamiento de aranceles, la entrega de un crédito blando para los estudiantes que no pueden costear la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel cobrado por las IES. Este crédito iría a estudiantes de instituciones no adscritas a la gratuidad principalmente, cuyos estudiantes financian sus estudios con el CAE, como la USS y la Universidad del Desarrollo, cuyo rector, Federico Valdés, también apoyó la propuesta.
Este crédito blando funcionaría como un Fogape, financiado por el Estado a través de la banca, similar a un CAE, pero sin interés. La idea no fue bien recibida en La Moneda, ya que hacer un nuevo crédito con la banca de intermediaria generaría “un alto rechazo”, señalaron desde el Mineduc. Pero la cartera dirigida por Raúl Figueroa buscó una fórmula de financiamiento que no signifique “mayor gasto fiscal” y así ayudar a “todas las instituciones por igual”.
La propuesta no tuvo buena acogida entre los miembros del Consejo de Rectores y fue abiertamente criticada por los presentes en la sesión de la comisión de Educación. La idea de crear un fondo de ayuda con los recursos que ya han sido entregados a universidades estatales y privadas del G9, para financiar a las instituciones privadas, sin recursos frescos del Estado “es una abominación”, señalaron entre los rectores.
