A las 00 horas de este miércoles venció el plazo para que el Gobierno concurriera al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de ley que prohíbe el corte de suministros básicos durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia del Coronavirus.
El Ejecutivo tenía plazo hasta ayer martes luego de que el Congreso despachó la iniciativa.
Desde el Gobierno, tras la aprobación del proyecto, plantearon que “el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente podría constituir infracciones a las normas constitucionales”.
Sin embargo, tras no acudir al TC, el Ejecutivo tiene como última opción un veto presidencial para modificar el proyecto. De lo contrario, se promulgará de forma automática en un plazo de 30 días, desde su despacho del Congreso.
La iniciativa establece que, durante los 90 días siguientes a la publicación de la ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud.Cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas.
Se excluye de la aplicación de a empresas sanitarias con menos de 12 mil clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria; y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.
