Es de conocimiento general lo endeudados que estamos como país con los niños, niñas y adolescentes (NNA). Por sobre todo con los en situación más vulnerable, solo bastando para comprender la gravedad del asunto, ir en búsqueda de la noticia más reciente sobre Sename (un organismo subsidiario, en el que más del 95% de las atenciones le pertenece a organismos colaboradores que son de privados). Y a estos niños y niñas, también se le suman tantos otros que también son víctimas de diferentes abusos, los que pueden ser por etnia (como ocurre en Wallmapu, con funcionarios de Carabineros como victimarios), nacionalidad (en el caso de Joanne Florvil dejaron a una bebé sin su madre), orientación sexual, identidad de género y así podemos seguir hasta dar con todas las víctimas de los prejuicios, odios, fobias y en general, injusticias sociales presentes en nuestra sociedad.
Pero no contentos con eso, los sectores más conservadores de este país, buscan retrasar todo avance y hasta desproteger más a la niñez y adolescencia. Es así como desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la derecha ha buscado la promulgación de una modificación al control preventivo de identidad, para que ahora adolescentes mayores de 14 años sean víctimas de la estigmatización y la abusiva arbitrariedad de la implementación de esta herramienta. O yendo a hechos más recientes, son también los que se opusieron fervientemente a la decisión de un juzgado de familia que reconoció la maternidad y tutela legal de una pareja lesboparental sobre su hijo. Preferirían que ese niño se quedara sin la protección legal de su familia, con tal de que se prioricen sus dogmas, y por encima de la misma Convención sobre los Derechos del Niño, en la que por cierto, solo se habla de familia y nunca de una con “papá y mamá” como ellos sesgada y fanaticamente han repetido una y otra vez. Y ni hablar de sus ataques a la Defensoría de la Niñez.
Vivimos en el único país de Latinoamérica en el que todavía no hay una Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, un marco jurídico mínimo para velar por la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y ni hablar de la inexistencia de una Educación Sexual Integral (ESI), que proteja a los más pequeños del hogar ante cualquier abuso sexual, o que de más grandes, les permita evitar el contagio de una enfermedad venérea o tener un embarazo no deseado. No, no hay nada de aquello. Décadas y siglos de conservadurismo, implementado bajo épocas y regímenes autoritarios (período portaliano y las dictaduras de Carlos Ibáñez del Campo y Augusto Pinochet, entre otros), han mermado cultural e institucionalmente a nuestra nación, siendo víctimas de aquello, también los niños y niñas.
Educación sexual integral o ESI
Los ataques a la ESI vienen del más crudo fanatismo. El que compara relaciones sanas y consentidas entre personas del mismo sexo (según la OMS, Asociación Americana de Psiquiatría, Asociación de Psicología del Reino Unido, etcétera) con enfermedades y parafilias (pedofilia por ejemplo), sin importar el daño que precisamente le pueden estar haciendo a niños/as y adolescentes LGBTIQ+. Ya hemos conocido el caso de muchas familias que han maltratado y hasta abandonando a su hijos/as por no ser heterosexuales y cisgénero (las personas cis son las en que su identidad de género coincide con su fenotipo sexual). Todas y todos conocimos el caso de la hija transgénero de Marcela Aranda, rechazada, denigrada y abandonada por esta. O el caso reportado en el año 2019 en Santiago, de una niña de 14 años que fue violada por su padrastro y después golpeada por su papá biológico… solo por ser lesbiana.
La ESI -tan atacada por la gente que facilita y hasta realiza estas negligencias y barbaries parentales anteriormente mencionadas- tiene misiones tan claras, que encontrarle lo “perverso”, “pecaminoso” o lo “sobreideológico”, es forzar la realidad intencionalmente para mentirse así mismos y adecuarla a sus dogmas y prejuicios. Debido que a una educación sexual integral, a temprana edad no vendría a hipersexualizar ni nada por estilo como ellos acusan, sino que en vez, precisamente busca enseñarle a los más pequeños que hay partes en su cuerpo que son privadas y que nadie más puede tocar, y que cuando las personas se enamoran, pueden haber diferentes tipos de relaciones amorosas, tales como las heterosexuales, homosexuales, bisexuales y las pansexuales, las cuales a la vez, pueden y deberían todas tener permitido formar familias. Así, de esta manera, el párvulo estará más seguro ante un potencial abuso o ataque pederasta, y además, aprenderá desde pequeño a respetar y a no discriminar a sus compañeros y amigos en caso de que sean LGBTIQ+ o vengan de una familia homoparental.
Mientras que con los niños, niñas y adolescentes de mayor edad, la finalidad de la ESI es que se enseñe y se vaya cada vez profundizando más sobre la sexualidad y la afectividad, siempre guiándose por principios como el interés superior del niño/a y su autonomía progresiva. De tal forma, que a mayor edad, mayor contenido habrá. Para que de esta manera, no haya adolescentes que se inicien sexualmente sin conocer sobre anticonceptivos, ni los riesgos de no protegerse, como es el caso de las enfermedades venéreas y los embarazos no deseados. Siendo el enfoque igualitario e inclusivo de esta educación, fundamental para evitar experiencias negativas durante y tras la práctica sexual y afectiva en el caso de todas y todos quienes cursen la adolescencia. De esta manera, jóvenes LGBTIQ+, hoy excluidos por la instrucción conservadora, también tendrán acceso una enseñanza que les instruya cómo relacionarse sexual y amorosamente, de una manera sana y responsable.
Es importante también el carácter laico de esta enseñanza, porque justamente, la finalidad es entregar herramientas que les permita a los niños, niñas y adolescentes tener un más sano y seguro desarrollo en el plano sexual y afectivo, sin que se les discrimine por su orientación sexual, identidad y expresión de género. No se puede permitir que se le dé paso a dogmas y a exclusiones prejuiciosas en esta educación, porque de esta manera, se pondría en riesgo al correcto desarrollo y a la integridad de cada educando.
En el discurso conservador contra la ESI escasea la verdad, pero hay una denuncia que tiene un poco de ella. Debido a que tal como ocurriría con cualquier otra oportunidad contra niños y niñas (las que un pervertido o pederasta nunca desaprovecharía), en el marco de esta enseñanza preventiva en materia sexual se ha sabido de una minoría de casos (muy marginales, estadísticamente), lo más cercanos en Argentina y Uruguay, de docentes que aprovechándose de la instancia, han llevado a cabo actos abusivos y vulneradores contra las y los estudiantes (todos por cierto, siendo después investigados y sancionados penalmente). Mismas personas pervertidas y degeneradas, que a lo largo del tiempo, también se han aprovechado de niños/as en clases de educación física y gimnasia, religión, talleres deportivos como natación y fútbol, scout, buses escolares, etcétera. Es decir, estos casos abusivos contra la niñez y adolescencia no son inherentes a la ESI ni mucho menos exclusivos de ella. Al respecto, podría estudiarse como medida, que se tipifique como una mayor agravante el cometimiento de estos abusos sexuales y vulneratorios contra los NNA durante la impartición de la educación sexual integral.
En definitiva, la ESI es una legislación recomendada por la UNESCO y que es apoyada por gobiernos liberales en países como Canadá y en otros democratacristianos y de centro como ocurre con la Alemania. Y ni hablar de las naciones nórdicas, donde ya es una realidad implementada y superada hace mucho tiempo. Debido a que en estos países, entendieron que no todas las familias pueden proveer una educación sexual ni mucho menos una integral, que no discrimine, a niños/as. Sin olvidar, que según cifras que maneja la ONG World Vision, el 85% de quienes cometen abuso sexual infantil, son cercanos o familiares de las víctimas. No es por lo tanto la ESI un invento del “marxismo internacional”, como dirá cierto sector conservador que sí inventó un concepto delirante y nocivo como la “ideología de género”.
Ley de garantías de derechos de la niñez
Como marco regulatorio que establecerá en el país un sistema de garantías y protección del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de normas, instituciones y políticas acorde a lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, en tan solo su descripción, da a entender su importancia. Teniendo en ella la familia un rol fundamental, a lo contrario de lo que acusará el conservadurismo en su contra, debido a que son los padres y madres los principales encargados del cuidado y educación de sus hijos, guiándolos en torno al ejercicio pleno de sus derechos y siempre en línea con su interés superior y su autonomía progresiva (no es necesario explicar que un niño de 5 años no tiene la misma independencia que uno de 16 años).
Legislándose a favor de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, tal como sugiere la UNICEF (entre otros organismos internacionales y países desarrollados como los de la Unión Europea), se reconocería al niño como un sujeto de derechos, capaz de ejercerlos por sí mismo, según su edad y grado de madurez acorde al principio de autonomía progresiva. De esta manera, siendo no un objeto ni una posesión de sus padres o de cualquier adulto -y ni del Estado- el niño/a o adolescente tendría un marco regulatorio a su favor que le ayudaría a actuar ante organismos del Estado para reclamar por sus derechos, tanto para exigir su garantización, como también su protección ante abusos que provengan de particulares al igual que también de agentes del estado. En esto último, la orientación de sus progenitores o tutores legales guiándose por su interés superior, es fundamental.
Hay mucho por legislar todavía en materia de niñez y adolescencia. Está también por ejemplo ingresado un proyecto de ley que crea un estatuto integral contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, lo que se hace muy necesario, más aún cuando se sabe que 7 de 10 NNA son violentados en algún aspecto de su vida, y 1 de cada 2 son víctima de algún tipo de agresión en el interior de su propia casa, según cifras entregadas por World Vision. Lamentables estadísticas, que más encima, son optimistas en comparación a las que entregaba UNICEF en el 2018, en las que el 73,6% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia (física o psicológica) por parte de sus padres (cualquiera de ambos), además del 26% de los NNA que han sufrido violencia física grave. Y no debería sorprendernos que el conservadurismo se oponga también a este estatuto, como lo está haciendo el partido ultraderechista Vox en España con uno parecido, porque -entre otras cosas- no toleran que incluya una protección para niños y niñas LGBTIQ+. Sin olvidar que ya hay antecedentes locales, como cuando en el 2017, 11 diputados UDI se abstuvieron de votar el proyecto que tipificaba como delito el maltrato infantil.
El interés superior del niño/a y sus derechos están por sobre todo dogma y prejuicio, y es momento que todas y todos en este país y en el mundo, lo tengamos claro.
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