El próximo 11 de julio vence el plazo para que el Gobierno presente un veto a la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago en medio de la pandemia y posterga el pago de deudas en ciertos casos. La iniciativa –ya despachada por el Legislativo y que está desde el 11 de junio esperando la promulgación del Ejecutivo- es parte de los proyectos considerados inadmisibles por La Moneda que motivaron una arremetida de la administración de Sebastián Piñera contra el Legislativo y que mantiene en extrema tensión las relaciones entre ambos poderes del Estado. En medio de estas discrepancias, un grupo de 42 alcaldes de Chile Vamos enviaron hoy una carta al Mandatario para solicitar que no vete el proyecto.
“Los diversos estudios y diagnósticos demuestran que uno de los temas prioritarios, junto con los alimentos, es contar con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable”, señala la misiva consignada por La Tercera. Los ediles añaden que “no solo se ven afectadas las de sectores más vulnerables, sino que también se extendió a la clase media, producto de la pérdida de sus trabajos y la falta de acceso a ayuda social”.
En la carta, firmada por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), los alcaldes aseguran que en el escenario actual que vive el país producto no solo de la pandemia del Covid-19 sino que también del estallido social de octubre, el tema de los suministros básicos es de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
El documento tiene la firmas, entre otras, del alcalde y delegado de Amuch, José Miguel Arellano (Padre Hurtado), Rodrigo Delgado (Estación Central), Joaquín Lavín (Las Condes), Nora Cuevas (San Bernardo), y Mario Olavarría (Colina).
La carta sostiene que si bien son conscientes del esfuerzo del gobierno en materia de salud, “es necesaria la adopción de medidas excepcionales” y por ello, “de manera seria y responsable, y teniendo en mente lo mejor para nuestro país, venimos como asociación a solicitarle no vetar la ley que impide corte de suministros básicos por no pago”.
Recordemos que todo parece indicar que La Moneda finalmente se decidirá por el veto, decisión que hasta ahora le ha valido las críticas -también- de la oposición que acusa defensa de intereses de empresarios.
El ministro de Obras Públicas se refirió a la polémica en torno al pago de cuentas este viernes y aseguró que, si rige la iniciativa recientemente aprobada en el Congreso, podría traer consecuencias para el Estado. “Puede terminar siendo motivo de demanda contra el Estado”, dijo Alfredo Moreno.
A juicio de los alcaldes este no es el momento ni la oportunidad de aparecer “poniéndose de lado de las empresas”. “Señor Presidente, es ahora cuando hay que escuchar lo que las familias realmente necesitan, más allá de cálculos económicos en favor de un determinado sector del país”, sentencia la misiva.
Cabe mencionar que fueron los alcaldes los que le ganaron el gallito al Gobierno durante el estallido, cuando se adelantaron a la consulta ciudadana. Luego, ya en la pandemia, fueron los ediles quienes han marcado el debate de hacia dónde debe proyectarse la estrategia. Esto sumado a que el exministro Jaime Mañalich los ninguneara constantemente y La Moneda tuvo que ceder y los tuvo que considerar para un trabajo conjunto.
Los parlamentarios de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Celso Morales, anunciaron este domingo que “un importante número de diputados de nuestra bancada votarán en contra de un eventual veto del Ejecutivo al proyecto de ley que impide el corte de servicios básicos durante la pandemia”.
Para ambos legisladores, una decisión de esta naturaleza “demostraría una falta de sensibilidad inexplicable por parte del Gobierno”.
“Si el Presidente Piñera está convencido de la inconstitucionalidad del proyecto, debe ir al Tribunal Constitucional y no ocupar al Parlamento para compartir culpas de entrampar una iniciativa que es de toda justicia”, argumentaron ambos diputados.
Por ello, Fuenzalida y Morales subrayaron que el Ejecutivo “no contará con nuestros votos y lo invitamos a promulgar a la brevedad esta ley, pero si la quieren invalidar, que ellos mismos recurran al TC, aunque creemos que sería un despropósito ir en contra de los más vulnerables”.
