Profeco pide ir a la oficina a funcionarios vulnerables al COVID

Dalia es una servidora pública que padece de una enfermedad crónica que pone en riesgo su vida frente al COVID-19. Aunque lo hizo del conocimiento de su superior en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un jefe de unidad, no le permitieron continuar trabajando desde casa y le pidieron, a ella y al resto de sus compañeros, retomar el trabajo presencial en las oficinas centrales de la institución desde la semana pasada.
Esta trabajadora, que ha pedido que no se especifique su enfermedad, señala que la institución federal encargada de prevenir y sancionar abusos hacia los consumidores no ha seguido recomendaciones de la autoridad sanitaria para salvaguardar la vida de los funcionarios que viven con comorbilidades, como fomentar el teletrabajo o implementar horarios escalonados en oficinas para evitar aglomeraciones.
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“Yo tengo una enfermedad y estuve en casa laborando, haciendo home office, y desde la semana pasada nos hicieron regresar. Hay muchos que tienen asma, problemas cardiacos, diabetes, que no han dejado de laborar, los siguen teniendo en oficina; no hay horarios escalonados, todos estamos cumpliendo con horarios completos, muchos entran a las 9 de la mañana y se van a las 8 o 9 de la noche”, explica Dalia, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.
Animal Político tuvo conocimiento de al menos otros 10 empleados de la institución en la misma situación que Dalia, sin embargo, éstos no quisieron hablar por temor a represalias.
En un momento de la epidemia en que los casos de COVID-19 continúan al alza, y más cuando en la Profeco ya ha habido contagios confirmados entre el personal e incluso fallecimientos, Dalia, quien es madre de familia y tiene una plaza de confianza, ya ha solicitado a su jefe permiso para ausentarse del trabajo presencial, pero no se le ha autorizado.
“Yo ya lo pedí, ellos saben que yo estaba dando resultados desde casa sin ningún problema, pero me dijo (el mando): ‘yo necesito que estés aquí’, a pesar de mi condición”, explica. “La excusa que ellos dan es que somos una dependencia que da servicio al público, pero nosotros no somos verificadores (de precios), somos trabajadores administrativos”.
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El área de comunicación social de la Profeco indicó a Animal Político que se tiene registro de 31 servidores públicos contagiados y de un fallecimiento por COVID entre el personal de la Ciudad de México.
Agregó que la institución ha identificado alguna comorbilidad entre 240 funcionarios de la capital y en 491 a nivel nacional. La vocería aseguró que ninguno de esos empleados acude a trabajar de manera presencial, y que, en caso contrario, los funcionarios deberían notificarlo a la Dirección de Recursos Humanos para que se les otorgue el permiso de ausentarse.
“No tenemos conocimiento de personal de confianza o sindicalizado de condición vulnerable que esté acudiendo a trabajar a la oficina. No hay ninguna persona que haya notificado una situación así o a Recursos Humanos o al sindicato. En el supuesto de que alguna persona estuviera en esa situación, debe reportarlo ante la Dirección General de Recursos Humanos para que esto se corrija y se le otorgue esa facilidad de no acudir a oficina”, indicó la Profeco en un posicionamiento enviado a este medio.
Sin embargo, Dalia explica que, en la práctica, ese permiso debe tramitarse con su jefe de unidad antes que con el área de Recursos Humanos, y es allí donde, acusa, ha encontrado las trabas.
“Recursos Humanos dejó abierta la posibilidad a cada coordinación administrativa de decidir qué personal debe presentarse. Al iniciar la pandemia nos informaron que cada área iba a decidir lo que pasaba con su personal”, explica la funcionaria.
Por si fuera poco, además del riesgo que implica tomar trayectos todos los días en transporte público, Dalia señala que las medidas de higiene aplicadas dentro de la institución son laxas.
Detalla que, si bien se toma la temperatura a los funcionarios en el acceso y se les proporciona alcohol en gel, además de que se suspendió el servicio de comedor, en las áreas de trabajo no se instalaron barreras físicas ni se espaciaron los asientos, como ha recomendado la autoridad sanitaria en sus lineamientos para el retorno seguro al trabajo.
“En diferentes pisos ya hubo contagios, y de hecho ya hubo un fallecimiento del que nos hemos enterado. Se contagiaron en las guardias, porque no se cerró la institución. Y aun así no hay protecciones, no hay plásticos, los escritorios siguen igual; se sigue laborando en las mismas áreas donde se venía trabajando hasta antes de la pandemia. Y eso de rotar horarios o reducir jornadas no lo han hecho”, describe.
Incluso, señala, no se supervisa que los mandos usen de manera permanente cubrebocas. El descuido llegó al extremo de que recientemente hubo una junta en la que participó una persona que luego dio positivo a COVID, pero no se tomó la medida preventiva de enviar a cuarentena al resto del personal que participó en la reunión.
“En el área donde yo estoy hay un caso confirmado, pero no sabemos cuántos más puede haber, porque hubo una reunión hace dos semanas y la persona infectada estuvo ahí. A ella la mandaron a su casa; los demás que estuvieron en la reunión, todos, están trabajando normal, no mandaron a aislamiento a nadie como para prevenir que hubiera más contagios. Incluso, a mí ya me tocó estar en una reunión en la que los jefes no usan el cubrebocas”, advierte Dalia.
Pese a todas las irregularidades observadas en cuanto al manejo de la epidemia por parte de la Profeco, indica Dalia, los servidores públicos temen hacer las denuncias internamente por temor a ser sancionados y hasta perder su empleo.
“Todos tenemos miedo por algún tipo de represalia, por eso nadie se atreve a alzar la voz. Tenemos miedo a enfermarnos, pero ahorita, por cómo está la situación económica, tenemos más miedo de perder nuestro trabajo, y por lo mismo tenemos que estar yendo a la oficina”, explica.
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