La transparencia del financiamiento del plebiscito constituyente del 25 de octubre volvió a la palestra luego que el Servicio Electoral (Servel) remitiera un documento al Gobierno y a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, en el cual piden regular el “vacío legal” que existe respecto al financiamiento de empresas y extranjeros de campañas electorales.
El documento -titulado “Propuesta de regulación del financiamiento de campañas y propaganda electoral para el plebiscito nacional”, y al que tuvo acceso el diario El Mercurio- establece que ante el “marco normativo actual, no hay topes de gasto electoral; podrá haber financiamiento privado sin limitación, incluso extranjero”.
El tema también activó las alertas en el Congreso, donde en la Comisión de Constitución del Senado se discute el proyecto de reforma constitucional para modificar normas respecto al plebiscito nacional de octubre de 2020.
Pero no se trata de un tema nuevo, porque en enero pasado el senador Felipe Harboe, junto a sus colegas PPD Adriana Muñoz y Jaime Quintana, el socialista José Miguel Insulza y el DC Francisco Huenchumilla, presentaron una moción para garantizar la “transparencia, límite y control del gasto electoral”, la cual se encuentra radicada en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.
“Desde enero que he planteado la necesidad de regular el financiamiento del plebiscito. Hay que evitar la cooptación ciega de los comandos. Hoy tal como está la ley podría haber financiamiento extranjero o ilegal y no pasaría nada. Este no es solo un tema de transparencia y probidad, es un tema de defensa de la democracia”, dijo Harboe a El Mostrador.
Para el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el DC Matías Walker, deberían aplicarse las mismas normas de los otros procesos actos eleccionarios, pero si es necesario dar mayor claridad al respecto “lo lógico es que se avance sobre la base” de la moción presentada por Harboe, para la cual se pidió patrocinio al Gobierno.
La propuesta del Servel
El informe del Servel establece que “tampoco existen mecanismos de transparencia que permitan conocer el origen, monto y destino de los recursos de campaña”.
La propuesta del Servicio Electoral se da en un contexto para evitar el financiamiento irregular de la política en el pasado, hechos protagonizados por empresas privadas como SQM y Penta.
Para el Servicio Electoral, la realización de esta propuesta se sustenta en tres aspectos. En primer lugar, manifiestan que la “necesidad de regular el financiamiento de campañas se justifica en el vacío legal existente respecto de la actividad financiera de otros actores distintos a los partidos políticos, a fin de permitir su participación en condiciones de transparencia y equidad”.
Seguidamente, sostienen que es necesario regular de mejor manera la normativa respecto de la propaganda para la consulta, y finalmente, el “establecer explícitamente, en una interpretación sistemática de los mecanismos de financiamiento político, la prohibición de aporte de personas jurídicas con fines de lucro y los aportes de origen extranjero”.
Por otra parte, el Servel propuso definir actores para las propagandas, tomando en cuenta a los “partidos políticos legalmente constituidos ante el Servicio Electoral; las organizaciones de la sociedad civil, con personalidad jurídica, sin fines de lucro, los movimientos ciudadanos y agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos, en estos últimos dos casos, que acrediten estar integradas, a lo menos, por 500 electoras o electores con derecho a sufragio”.
“Ellos -agregan- podrán participar en la campaña del plebiscito nacional y realizar propaganda electoral, para lo cual deberán inscribirse en el ‘Registro plebiscito nacional’ a cargo del director del Servel con, a lo menos, 80 días de anticipación a la fecha de realización de referido acto electoral”.
Además, sostienen que “teniendo presente el momento que atraviesa el país, la actual situación económica, los niveles de cesantía y desempleo, y demás circunstancias que afectan a sus habitantes, nos llevan a proponer como aconsejable que se fije una suma inferior a la señalada para el caso de la elección presidencial, que también abarca todo el territorio nacional. Basados en estos aspectos, es que nos permitimos plantear sean tenidos en consideración por los poderes colegisladores, al momento de determinar el referido límite”.
Gasto electoral
En tanto, el Servel presentó dos alternativas en aras de limitar el gasto electoral. La primera propuesta plantea que “el límite de gasto electoral de cada uno de los actores (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos de ciudadanos y agrupaciones de ciudadanos) que se inscriban en cada opción plebiscitada estará determinado por los aportes que efectivamente reciban. Sin embargo, la totalidad de los aportes de la opción no podrá superar el límite general de gasto de la opción. Si ello sucede, el Servicio Electoral suspenderá la recepción de aportes para la opción, devolviendo el exceso de ser necesario”.
La segunda opción establece que “dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo de formalización e inscripción, el Servicio Electoral dividirá el monto total del límite del gasto por el número de inscritos en cada opción, momento desde el cual podrán iniciar la recepción de los aportes. Un partido político, una determinada organización o comité podrá ceder todo o parte del límite que tenía derecho a captar a otro que apoye la misma opción o las mismas opciones, notificando de ello por escrito al Servicio Electoral. Esta cesión no podrá superar el límite fijado para el partido político, la organización o comité respectivo, y estará obligado a realizarla si 30 días antes del plebiscito no ha recibido aporte alguno”.
