Con atención seguirán la cuenta pública, que realizará este viernes el Presidente Sebastián Piñera, las comisiones de Medio Ambiente de los partidos políticos de oposición, quienes este jueves emitieron un comunicado en donde se refieren a la situación del país en medio del Covid-19.
“La pandemia del coronavirus que azota a nuestro país es una catástrofe sanitaria, económica y social, de consecuencias aún no dimensionadas y derivada de la relación destructiva del ser humano con el medio ambiente. Un fenómeno que trastoca profundamente nuestra forma de vivir e interpela nuestro vínculo con la naturaleza. De manera lamentable, esta pandemia ha hecho evidente las enormes desigualdades que persisten en Chile y nos arrastra a la peor crisis económica y social desde los años 80”, comienzan.
“Sin embargo, nuestra respuesta a esta crisis, en conjunto con el proceso constituyente que se avecina, es también una oportunidad para realizar los cambios urgentes e indispensables para replantear nuestro modelo de desarrollo. Es el momento de reconocer los límites planetarios, el irrestricto respeto por los Derechos Humanos y poner en el centro el bienestar de todas las personas y la solidaridad entre generaciones”, agregan.
En ese sentido, afirman que “Chile requiere un nuevo modelo de desarrollo, y el primer paso es asegurar propuestas de reactivación cuyos principios se anclen en la sustentabilidad. En la perspectiva de impulsar un cambio que lleve a Chile a un desarrollo sustentable, más justo, democrático e inclusivo, las comisiones de medio ambiente de los partidos firmantes, proponemos abordar las siguientes acciones en un plazo no mayor a tres años”.
Las medidas
Para eso, proponen una serie de medidas, partiendo porque “la reactivación económica debe respetar más que nunca los avances normativos nacionales e internacionales de protección ambiental que tanto hemos tardado en construir. Se debe asegurar que las propuestas de reactivación, y los recursos adicionales que se inviertan, cumplan la regulación ambiental vigente. Ello requiere de un fortalecimiento de la capacidad de respuesta, de la fiscalización y de la institucionalidad ambiental”.
También indican que “el Estado debe participar y ser garante de la inversión, velando por el bien común. Deberá priorizar a los proyectos y sectores productivos que empujen decididamente al país hacia una transición ecológica, evitando aquellos que no permiten avanzar en dicha dirección”.
Finalmente, afirman que “la ciudadanía no puede estar ausente. La participación ciudadana, en especial de nuestros pueblos originarios, debe ser promovida y garantizada, como eje esencial de la democracia y el desarrollo económico. Debemos asegurar que la economía esté al servicio del bienestar de las personas y las futuras generaciones, así como también del cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad”.
Para todo esto, proponen la creación de un fondo nacional para la sustentabilidad de “al menos US$10 mil millones”. Este fondo “complementaría los recursos ya comprometidos para la reactivación, pero con el objetivo explícito de promover la transformación de nuestra actual estructura productiva hacia una realmente sustentable”.
Ese dinero, aseguran, tiene que ser invertido en potenciar nuevas actividades económicas coherentes con la economía circular, asegurar agua potable para el consumo humano, avanzar en la mitigación y adaptación a la crisis climática, impulsando “con urgencia la carbono neutralidad”, generar condiciones para una disminución en emisiones y contaminación atmosférica, generr turismo de naturaleza, abordar la gestión sustentable de residuos, aumentar la inversión en I+d+i, y a terminar los territorios de sacrificio.
“Chile necesita urgente esta transición ecológica y un nuevo modelo de desarrollo, que de respuesta inmediata a las crisis ambientales locales y globales. Esto debe permear y plasmarse en las leyes e instrumentos de la nación, y ser un reflejo del quehacer, la cultura e identidad de sus habitantes. El espacio de diálogo nacional, generado por el proceso constituyente, es una oportunidad histórica para consolidar y generar las condiciones de una transición ecológica efectiva, estructural, sustentable, participativa, justa y democrática”, finalizan.
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