Los números que maneja el Gobierno lo llevan a concluir que la actividad económica tocó fondo en el mes de abril. “El nivel de actividad industrial a fin de julio está en niveles parecidos a los previos al inicio de la pandemia, y está con una leve suba interanual”, adelantó el ministro de Producción, Matías Kulfas. De esta forma, el funcionario señaló que “estamos en una etapa donde se ven atisbos muy claros de recuperación”.
Incluso Alberto Fernández se manifestó en el mismo sentido: “Que a mi me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra, porque la gente sale, se cuida con barbijo, algunos respetan la distancia social, los negocios están abiertos, la actividad comercial en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires es muy amplia hoy en día”, advirtió.
Este diagnóstico impulsa a definir medidas económicas que comienzan a darle forma a un plan “post pandemia”. Sin embargo, pese al anuncio sobre la producción de una vacuna, los datos de propagación del virus nos muestran que todavía estamos lejos de superar la pandemia. De esta forma, resulta más atinado referirnos al plan “post cuarentena”.
Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de Gabinete, fue quién más definiciones aportó sobre el futuro de la economía.
Aunque todavía no conocemos las “60 medidas” anunciadas por el Presidente para la esperada reactivación económica, el Ejecutivo creó cuatro gabinetes que tendrán por objetivo el diseño de estas políticas. Estos se suman al gabinete económico, que tiene como una de sus principales referentes a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. La funcionaria adelantó que están trabajando en un plan con “dos ejes: uno de medidas a corto plazo y otros con medidas más estructurales de mediano y largo plazo”. Los planes de emergencia
Como mencionamos, en el Gobierno confían en que la actividad económica ya tocó fondo y, con muchas limitaciones, vamos hacia una recuperación. Por eso, se avanza en el desarme y transformación de las medidas de emergencia decretadas para paliar las consecuencias de la pandemia y las medidas de aislamiento: el ATP y el IFE. Además, el gabinete busca recortar la masa de recursos fiscales que están destinados a estos programas.Sobre el futuro del Ingreso Federal de Emergencia hay muchos rumores y pocas definiciones. En principio, existió la versión de su conversión hacia un “ingreso universal”, pero esta variante fue descartada. En las últimas semanas, parece tener más fuerza la transición del bono de $10.000 hacia un programa que “fomente el trabajo” de sus beneficiarios. Se toma como ejemplo el plan Potenciar Trabajo, que cuenta con un padrón de 580.000 personas. Consta de un ingreso base de $8.500 a cambio de terminar los estudios educativos o trabajar cuatro horas diarias en el sector textil, de la construcción, reciclado, cuidado de personas o producción de alimentos. Por ahora no hay definiciones concretas sobre el futuro de casi 9 millones de beneficiarios. Se trata de personas que se quedaron sin ingresos por la crisis, de las cuales 3 millones tendrán dificultades para insertarse en el mercado laboral, según el Gobierno.
Respecto al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), hay un camino trazado. A través de recortes en los alcances del beneficio para el pago de salarios de las empresas, mes a mes se viene achicando el universo del plan. En este sentido, la cartera de Producción busca reconvertir el programa desde las transferencias directas del Estado hacia un mecanismo de créditos. De esta forma, en agosto se aplicó una nueva modalidad del ATP que consiste en créditos a tasas subsidiadas a las empresas que hayan aumentado su facturación hasta un 30%. A partir de septiembre, se implementará una nueva faceta del programa: créditos a tasa subsidiada para las firmas que tomen nuevos empleados.El corto plazo
Pero, sobre todo, el ATP irá achicando sus alcances en la medida en que los ingresos de las empresas se recuperen, quedando por fuera de los requisitos de acceso al programa. Existe un sector particular que muy difícilmente pueda recuperar su nivel de actividad: el turismo. Acaba de ser aprobado en el Senado un proyecto de Ley de incentivos al segmento más afectado por la pandemia, a través de un plan de preventas. Este contempla un bono por el 50% de los gastos en viajes para gastar en el 2021, beneficios impositivos y líneas de crédito para las empresas del sector.Las medidas que buscan rescatar a las actividades más afectadas por el coronavirus y recuperar la economía en el corto plazo van en línea con lo anunciado por la vicejefa de Gabinete. Todesca anticipó que “la salida de esta crisis es con mercado interno y eso se logra con la recuperación de los ingresos familiares”. La obra pública tendrá un rol central en los planes del Gobierno, por tratarse de un generador de empleo en el corto plazo. El relanzamiento del plan Procrear apunta a otorgar 300 mil créditos para mejoramientos, refacción y ampliación, y para la construcción de 44.000 viviendas nuevas. En el mismo sentido se ubica el Plan Nacional de Suelo Urbano, direccionado hacia la “urbanización de cuatro mil barrios populares”, según el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Además, desde el gabinete económico adelantaron que trabajan en un plan de estímulo para direccionar el ahorro hacia la construcción privada. Mientras se apunta a liberar fondos para las empresas con la moratoria impositiva aprobada en estas horas en el Senado, el Gobierno discute medidas de incentivo al consumo como una expansión del programa Ahora 12. Pese a que la administración nacional se pone como objetivo inmediato estimular al consumo, busca al mismo tiempo calmar las expectativas de recuperación del poder adquisitivo del salario.Otro de los ejes diagramados por Cecilia Todesca implica un “acuerdo de precios y salarios”. La meta de este consenso es moderar la inflación, ya que el Gobierno teme por la presión sobre los precios que puede ejercer la emisión monetaria efectuada en estos meses, pese a que los últimos números difundidos por el Indec son relativamente estables. En este sentido apunta la prórroga de las suspensiones a cambio de un 75% del salario, que alcanza a 740.000 trabajadores, y las paritarias que se están firmando en estos días: el gremio bancario cerró un acuerdo por el 26% de aumento y el de camioneros un 30% anual. Mientras tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, prevé una inflación para los próximos doce meses del 51,9% interanual. Estas paritarias son representativas del camino que busca el Gobierno con este tipo de acuerdos. Los aumentos en las jubilaciones por decreto persiguen el mismo objetivo.
El Largo Plazo
El plan de reactivación “podría dividirse en dos subgrupos: iniciativas para la salida de la pandemia, de estímulo al consumo; y otro conjunto grande de políticas de mediano y largo plazo en el que se seleccionaron sectores y donde el sector público hace un esfuerzo grande para estimular la inversión y la generación de empleo”, indicó Todesca.
El gabinete económico acumula definiciones sobre su objetivo de “transformación del aparato productivo argentino” o avanzar hacia una “política industrial y de desarrollo”. Sin embargo, al momento no se conoce un plan elaborado para cumplir estas metas. Pero hay dos proyectos que nos pueden dar algunas pistas sobre el horizonte del Gobierno: el plan nacional de obras públicas y el plan agroexportador.
El primero abarca grandes obras que llevarán un largo tiempo en completarse, y requiere de negociaciones con los gobernadores. El objetivo del programa es desarrollar polos de desarrollo productivo en todo el país. Según trascendió, constaría de once obras interprovinciales, aunque no hay nada anunciado hasta el momento. Estos proyectos se enfocarán en el desarrollo Vaca Muerta, la minería en Cuyo y la potenciación del sector agroindustrial en la región del Centro del país. Por su parte, el plan agroexportador fue elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino, que nuclea a 45 entidades del sector, y parece tener el visto bueno del presidente y la vicepresidenta. La propuesta consiste en incrementar las exportaciones en unos u$s 16.000 millones hacia el 2025 y crear 700.000 nuevos empleos directos e indirectos en un plazo de 10 años. Los promotores del proyecto apuntan a un régimen de exenciones impositivas y segmentación, devolución o eliminación de retenciones a las exportaciones, discriminadas por sectores. Por lo tanto, todo apunta a que se trata de la rebaja de impuestos al agro para fomentar sus ventas al exterior.Como vemos, las medidas que se encuentran en carpeta del gabinete económico para el mediano y largo plazo tienen por finalidad la generación de dólares, uno de los grandes problemas de la economía nacional. Las divisas son muy necesarias para la compra de insumos y maquinarias para desarrollar la industria local, pese a que los proyectos mencionados anteriormente apuntan hacia los sectores primarios y extractivos, con bajo valor agregado. Además, los dólares son requeridos para hacer frente a los pagos de la deuda externa que, aunque reestructurada, comienza a presentar pagos significativos a partir del año 2025. Los fondos
Si llegaste hasta acá, la pregunta que te debés estar haciendo es: ¿Cómo se va a pagar todo esto? Es ampliamente conocido que nuestro país se quedó sin fuentes de financiamiento luego de la crisis arrastrada desde el 2018 y profundizada con la llegada de la pandemia. El grueso de los gastos del Estado se están afrontando con emisión monetaria, a la cual el propio Gobierno busca ponerle límites. Raúl Rigo, secretario de Hacienda, adelantó que el déficit primario llegará a los ocho puntos del PBI, y el financiero al 11% para este año. Pese a la salida del default, Argentina no está en condiciones de tomar nueva deuda externa, y el endeudamiento en pesos resulta insuficiente.
En lo que va del año, el gasto en intereses de Leliq alcanza los $380.000 millones. El stock de pasivos remunerados (Leliq + Pases) ya alcanza los 2,5 billones de pesos. Toda esta masa de dinero resultante de la emisión monetaria está en manos de los bancos. El Gobierno intentó que las entidades financieras desarmen parte de su posición en estos instrumentos y otorguen créditos a tasas bajas como una política de estímulo con la llegada de la pandemia. Los bancos no lo hicieron. El agujero en las cuentas nacionales es enorme. Si el Ejecutivo no quiere seguir recalentando la maquinita de imprimir billetes, debería buscar fuentes de financiamiento alternativas. El dinero estacionado en los bancos generando intereses es una opción. Un impuesto a las grandes fortunas puede ser otra.
Finalmente, los planes sectoriales mencionados anteriormente, así como cualquier plan económico trazado por el Gobierno está atado a lo que ocurra en la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional. En su búsqueda por reestructurar la deuda por u$s 44.000 millones con el organismo, su directorio buscará imponer medidas de ajuste fiscal que le garantice el pago de sus acreencias. En un país donde la pandemia dejó a un millón de trabajadores en la calle y la pobreza alcanza a más de 8 millones de niños, es difícil pensar en un futuro con achicamiento del gasto.
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