Acusan a exsubsecretario de Medio Ambiente y abogado del estudio de Fernando Barros de representar a activistas sin su consentimiento



La oposición medioambiental de Putaendo a la pretensión de la empresa canadiense Andes Cooper de instalar en dicha comuna -de la provincia de San Felipe- una central hidroeléctrica de paso, que se ubicaría en el río Rocín, cuenta con varias polémicas. La última, sin embargo, no tiene que ver con este conflicto ni con el proyecto Minera Vizcachitas, cuyo rechazo socioambiental dio sentido el movimiento Putaendo Resiste. La nueva polémica, involucra a la otra asociación que se opone a los planes de Andes Cooper, la Junta de Vigilancia de Putaendo, quienes por intermedio de oficios de la oficina de Fernando Barros -el abogado del Presidente Piñera- presentaron un recurso de protección de la compañía canadiense en nombre de los activistas de Putaendo Resiste, sin su consentimiento.
El origen de la controversia -que llevó a la oficina de Barros a ser denunciada en el Colegio de Abogados por el movimiento sociaambiental- se produjo cuando el exsubsecretario de Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Riesco Eyzaguirre, integrante del estudio de abogados Barros Silva Varela y Vigil, se contactó con personas de Putaendo ofreciendo sus servicios. Según una declaración pública la oferta de representación fue rechazada.
“A pesar de la expresa negativa, el ex subsecretario de Medio Ambiente presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol 16210-2020) utilizando los datos personales de cinco personas de Putaendo Resiste que nunca fueron contactadas”, denunciaron.
“Nos interesa saber las razones por las cuales una empresa (Barros Silva Varela y Vigil) contratada por la Junta de Vigilancia (de Putaendo) realiza estas malas prácticas a vista y paciencia de quienes los han contratado y si, además, estos avalan dicho comportamiento”, afirman desde Putaendo Resiste.
Finalmente, la organización reitera que los abogados con los que está trabajando (Álvaro Toro y Javiera Tapia) “actúan gratuitamente, no cobran por sus servicios, sino que forma parte de su compromiso vocacional en apoyo a las comunidades que ven amenazado su territorio”.



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