El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar en prisión preventiva al coronel Claudio Crespo, imputado como el autor de los disparos que dejaron ciego al joven Gustavo Gatica. El teniente coronel (R) de Fuerzas Especiales fue formalizado tras cerca de nueve meses de investigación, por parte de la Fiscalía Centro Norte y la Brigada de Derechos Humanos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, que determinaron su responsabilidad como percutor de dicho ataque con escopeta antidisturbios.
Crespo está en prisión preventiva, sin embargo, desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, su vocera, Marta Valdés, pidió que el Gobierno y el general director de Carabineros, Mario Rozas, también se hagan cargo de las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en noviembre del 2019.
La dirigenta valoró la formalización de Crespo pero, según dijo a radio Cooperativa, “es importante tener claro que hay personas del Alto Mando que tienen también responsabilidad en estos excesos de Carabineros”.
“Yo creo que también aquí el director general de Carabineros tiene que dar respuestas de su actuar, de qué forma daba las órdenes para que se procediera en manifestaciones pacíficas a este nivel de violencia. Creo que aquí hay responsabilidades también políticas, desde el Presidente, ministro del Interior y director general de Carabineros. No tenemos que olvidarlo”, insistió.
Valdés añadió que al interior de la Coordinadora hay más de 60 querellas que se han visto ralentizadas debido a la pandemia, aunque esta no sería la única razón. La vocera de los afectados y afectadas durante el estallido lamentó que Carabineros aporte poco para que la investigación avance rápido. “Hay una lentitud en ese aspecto y nos preocupa”, comentó.
“Creemos que son mutilaciones de por vida, por lo tanto, creemos que el Estado, tanto en la salud como también en el plano económico, tiene que hacerse cargo de por vida de estas víctimas (…) Hay muchos que lo que estaban estudiando no lo van a poder seguir estudiando, otros ejercían trabajos que dependían mucho de su vista y que hoy tampoco podrán hacerlo. Así que creemos que de este daño se tiene que hacer cargo de por vida el Estado”, sentenció Marta Valdés.
En conversación con CNN Chile, el abogado defensor de Gustavo Gatica, Carlos Gajardo, acusó una falta de control en la utilización de cámaras por parte de uniformados y señaló que el principal problema es que “cada uno de ellos podía decidir cuándo prenderla y cuándo apagarla, por lo tanto, no graban los hechos más relevantes”.
De acuerdo alo señalado por el exfiscal, “las memorias que se han proporcionado tienen poca capacidad y por lo tanto tampoco pueden grabar mucha extensión de tiempo. Además —agregó— no hay un envío inmediatamente en línea, que sería lo ideal, a un centro de acopio general sino que son guardadas en las propias memorias de cada uno de los funcionarios que las pueden manipular”.
Específicamente en el caso de Gustavo Gatica, Gajardo apuntó a que “hubo mucha demora en las entregas” y que la Fiscalía hizo “sucesivas solicitudes para conseguir esa información”.
“Es evidente que la colaboración (de Carabineros) no fue de buena calidad ni oportuna”, argumentó el abogado apuntando, además, al sumario interno que realizó la institución, donde ni siquiera aparecía el nombre de Claudio Crespo.
“Ese sumario interno lo que arrojó fue que Carabineros había cumplido todos los protocolos y en sus conclusiones indicaba que incluso no se podía descartar que las lesiones que había sufrido Gustavo Gatica hubieran sido provocadas por otros manifestantes, lo que da cuenta de una investigación interna de bajísima calidad que aparenta tener por objeto encubrir estas situaciones”, cerró.
