Programa y mensaje. El presidente de Concordia, el priista Felipe Garzón, hizo ayer pública la determinación de repetir el programa de despensas subsidiadas. Durante una gira de trabajo por la zona alta del Ayuntamiento, los ciudadanos le solicitaron al munícipe que repitiera el esquema de apoyo en el cual tienen la opción de adquirir una despensa con el pago de 50 pesos.La decisión de Garzón no es solo una estrategia de atención ciudadana, sino una declaratoria política. Y es que el mismo programa fue cuestionado en los últimos meses por integrantes del cabildo. El último fue el edil, también priista, Jesús Ornelas Garzón.
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Exigió que la ASE revise el programa pues el DIF estaba cometiendo un fraude al facturar las aportaciones hechas por los beneficiados. La acusación encendió la mecha de la polémica en el municipio y el alcalde lo que menos dijo es que el regidor priista es un mentiroso.Revisión de recursos. En Escuinapa, el alcalde Emmett Soto Grave se está tomando muy en serio la solventación de las observaciones hechas por la ASE a la cuenta pública del 2018, en la que se encontraron pasivos sin fuente de pago por 27.1 millones de pesos.El presidente morenista ya advirtió que el exalcalde Hugo Moreno Guzmán tendrá que regresar el aguinaldo de 61 mil pesos que se autopagó por 31 días de trabajo. A decir verdad, eso sería lo de menos que el administración que encabezó el priista tendría que hacer, pues en la revisión, la ASE hizo 11 observaciones en las que se subrayan obras que aparecen como pagadas y culminadas, sin que se hayan entregado al Ayuntamiento. Soto Grave reveló recientemente que también se pagó 11 millones de pesos por un sistema de luminarias obsoletas.
Más aclaraciones. Donde también se están llamando a cuentas a los exfuncionarios es en el municipio de Mazatlán. Ahí, el cabildo que presidió el priista Joel Bouciéguez pudo haberse autorizado sobresueldos por más de 8.6 millones de pesos por concepto de nómina especial y apoyo para asesores. Sí, esos rubros que no aparecen claros en los reportes financieros y con los cuales los funcionarios abultan sus pagos salariales.La situación ya es evaluada por la síndica procuradora del Ayuntamiento, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, para determinar cuáles de los exfuncionarios tendrán que responder para solventar las observaciones por las cuales el Congreso del Estado mantiene reprobada la cuenta pública. Deporte y política. El estadio de futbol de Mazatlán, mantiene ocupados a los diputados locales debido a la opacidad con la que (según algunos consideran) se dio la autorización para que sea utilizado por el Atlético de Morelia.El fin de semana, el coordinador de los legisladores del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, salió a defender al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, de los cuestionamientos que al respecto ha hecho la actual legislatura. Dijo que los diputados morenistas están en una terrible confusión al decir que el estadio se ha regalado a la organización deportiva.“(Los morenistas) hablan de enajenación y concesión del estadio, cuando en realidad el contrato suscrito en ninguna de sus cláusulas establece la enajenación de dicho inmueble, pues no se trata de la venta, cesión o permuta.” La polémica aún no entra en la fase de pruebas y es ahí donde las cosas se podrían poner muy serias para el Gobierno del Estado.
